J. BRINES. Valencia
'No es de recibo que por confrontaciones políticas nos veamos perjudicados'. 'No puede haber vencedores ni vencidos, sino acuerdos en los que todos ganemos'. Así resumía ayer el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, la actitud de la asociación ante el tira y afloja de los gobiernos central y autonómico por la derogación del trasvase. Al final, con el trasvase derogado, su actitud parece más 'pragmática' así la definió ayer Narbona y más proclive a colaborar con Madrid. Piden, en todo caso, que el Goberno afronte su responsabilidad de buscar soluciones con las autonomías de Valencia, Aragón y Cataluña que eviten las confrontaciones.
Pons mostraba así un cierto acercamiento del tejido empresarial hacia la postura socialista. Aunque esta asociación ha abogado en varias ocasiones por la negociación en el tema del trasvase, hace dos semanas Pons llegó a calificar la derogación del decreto de 'agresión a un pueblo'.
Reuniones
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pasó ayer todo el día en Valencia. Dedicó la jornada a reunirse con los sectores implicados en la reforma del Plan Hidrológico Nacional: los sindicatos, los regantes, los empresarios y las autoridades. Con esta visita, ha tratado de ganarse las simpatías de quienes, fuera de las implicaciones de partido, están interesados en que el agua acabe llegando. Y parece que, con los empresarios, el encuentro dio algún fruto.
Pons reconoció su desacuerdo con la forma en la que se ha derogado el trasvase del Ebro vía decreto , y en cierto modo templó gaitas al decir que cree que tanto el PP como el PSOE están convencidos que que buscan la manera más adecuada de solucionar el problema del agua. 'Sentimos que hemos sido sacrificados en el altar de la confrontación política', fue su frase. En fin, los empresarios están ahora abiertos a que el Gobierno socialista lleve a cabo el Plan Hidrológico de la manera que considere conveniente, y están dispuestos a colaborar. Esta actitud llevó a Narbona a asegurar que, puesto que el decreto se va a debatir en el Parlamento y se transformará en ley, se tendrán en cuenta las sugerencias de los empresarios para dar respuesta a sus necesidades cuando se articule el paquete de medidas concretas a realizar, que se puede ver 'sustancialmente mejorado' con sus aportaciones. El único límite, afirmó, serán los 1.200 millones de euros de inversiones previstas para estas infraestructuras. Asegura que las primeras obras se empezarán a realizar inmediatamente y que se va a comenzar por las actuaciones más rápidas, como la ampliación de las desaladoras ya existentes.
Reunión con canarios
Una de las sugerencias de la ministra fue instar a los empresarios avlencianos a reunirse con los de Canarias, una región donde se emplean aguas desaladas, para 'ayudar a acercarse a la alternativa del Gobierno'.
Las reuniones de Narbona en Valencia se celebran cuando el ejecutivo autonómico ha dejado patente su intención de que el trasvase del Ebro se lleve a término, aunque no sea ahora mismo. El presidente valenciano, Francisco Camps, hablaba estos días del 'paréntesis Narbona', para mostrar que si cambian los responsables cambiarán las políticas. De hecho, la semana pasada se acordó, junto con la Región de Murcia, proteger legalmente los terrenos en los que estaba previsto realizar las infraestructuras del trasvase.
Con ello se pretende evitar que se empleen para otros fines o que se recalifiquen, y de esa manera tenerlos disponibles.
Estas intenciones quedaron reflejadas negro sobre blanco en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para la que esperan recoger medio millón de firmas, que aspira a concretarse en una proposición de ley titulada 'De autorización de transferencias de agua a las cuencas del Júcar, Segura y Sur'. Narbona dijo ayer que esta iniciativa no podría prosperar, ya que sólo el Partido Popular la respaldaría en una discusión parlamentaria.