El Consell prohíbe por ley los planes urbanísticos que no garanticen el agua
Dom, 04/07/2004
Los proyectos para viviendas deben presentar un informe avalado por las Confederaciones
Alacant. El Consell ha incluido en la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje -LOTPP- un artículo que obliga a que todos los nuevos proyectos urbanísticos e industriales deban presentar para su aprobación un informe favorable de la confederación hidrográfica correspondiente -Júcar y Segura- que garantice la disponibilidad de agua potable sin afectar a los recursos existentes.
La iniciativa marca un hito en el desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana ya que hasta ahora esta medida no había estado regulada por ley y en muchos casos se han edificado urbanizaciones con anterioridad a contar con el suministró hídrico asegurado. El informe deberá ser presentado en los tres meses posteriores a la tramitación de la actuación urbanística o industrial y sin él no habrá autorización, según recoge la ley que se aprobó el martes en las Cortes y entrará en vigor a lo largo del presente mes de julio.
Uno de los objetivos de la medida es demostrar que la Comunidad Valenciana «sigue siendo un referente nacional en cuando al uso racional y eficiente del agua como lo certifica que en estos momentos reutilicemos el 17% del caudal residual tras su depuración, uno de los porcentajes más altos de España», según apuntaron ayer fuentes de la Conselleria.
Otra de las directrices que incorpora la ley es que los nuevos desarrollos urbanísticos deberán contar con una planta depuradora que permita reutilizar, como mínimo, el 50% del agua que utilicen, algo que ordena la Directiva Marco de Aguas del año 2000.
Por otra parte, la LOTPP establece un perímetro de protección de 300 metros alrededor de las zonas que acogen bolsas de agua subterránea -acuíferos-, áreas cuyo suelo será declarado como no urbanizable de especial protección, lo que evitará posibles afecciones derivadas de los residuos generados por las urbanizaciones cercanas, el vertido de sustancias contaminantes procedentes de ciertas industrias o la posibilidad de que las aguas se contaminen por el abuso de los fertilizantes agrícolas.
Según datos de la propia Conselleria de Territorio y Vivienda, el 62% de las aguas destinadas a consumo urbano en la Comunidad Valenciana proceden de acuíferos -310 hm3-, «de ahí la trascendencia que tiene el que se protejan», subrayó ayer un portavoz autorizado del conseller Rafael Blasco.
En cuenta en los PGOU
Los ayuntamientos deberán tener en cuenta para la elaboración de los planes generales de ordenación urbana -PGOU- los valores recogidos en el mapa de Territorio y Vivienda. Documento que establece, entre otras cuestiones, que el 37% del territorio de la Comunidad está calificado como de vulnerabilidad baja -34%- o muy baja -3%- a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas; el 48% presenta vulnerabilidad media, un 14% alta y un 1% muy alta.
Desde el Consell se considera básica la protección de los acuíferos debido a que la Comunidad Valenciana cuenta con unos recursos hídricos subterráneos renovables anuales de 2.000 hm3.
Alacant. El Consell ha incluido en la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje -LOTPP- un artículo que obliga a que todos los nuevos proyectos urbanísticos e industriales deban presentar para su aprobación un informe favorable de la confederación hidrográfica correspondiente -Júcar y Segura- que garantice la disponibilidad de agua potable sin afectar a los recursos existentes.
La iniciativa marca un hito en el desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana ya que hasta ahora esta medida no había estado regulada por ley y en muchos casos se han edificado urbanizaciones con anterioridad a contar con el suministró hídrico asegurado. El informe deberá ser presentado en los tres meses posteriores a la tramitación de la actuación urbanística o industrial y sin él no habrá autorización, según recoge la ley que se aprobó el martes en las Cortes y entrará en vigor a lo largo del presente mes de julio.
Uno de los objetivos de la medida es demostrar que la Comunidad Valenciana «sigue siendo un referente nacional en cuando al uso racional y eficiente del agua como lo certifica que en estos momentos reutilicemos el 17% del caudal residual tras su depuración, uno de los porcentajes más altos de España», según apuntaron ayer fuentes de la Conselleria.
Otra de las directrices que incorpora la ley es que los nuevos desarrollos urbanísticos deberán contar con una planta depuradora que permita reutilizar, como mínimo, el 50% del agua que utilicen, algo que ordena la Directiva Marco de Aguas del año 2000.
Por otra parte, la LOTPP establece un perímetro de protección de 300 metros alrededor de las zonas que acogen bolsas de agua subterránea -acuíferos-, áreas cuyo suelo será declarado como no urbanizable de especial protección, lo que evitará posibles afecciones derivadas de los residuos generados por las urbanizaciones cercanas, el vertido de sustancias contaminantes procedentes de ciertas industrias o la posibilidad de que las aguas se contaminen por el abuso de los fertilizantes agrícolas.
Según datos de la propia Conselleria de Territorio y Vivienda, el 62% de las aguas destinadas a consumo urbano en la Comunidad Valenciana proceden de acuíferos -310 hm3-, «de ahí la trascendencia que tiene el que se protejan», subrayó ayer un portavoz autorizado del conseller Rafael Blasco.
En cuenta en los PGOU
Los ayuntamientos deberán tener en cuenta para la elaboración de los planes generales de ordenación urbana -PGOU- los valores recogidos en el mapa de Territorio y Vivienda. Documento que establece, entre otras cuestiones, que el 37% del territorio de la Comunidad está calificado como de vulnerabilidad baja -34%- o muy baja -3%- a la contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas; el 48% presenta vulnerabilidad media, un 14% alta y un 1% muy alta.
Desde el Consell se considera básica la protección de los acuíferos debido a que la Comunidad Valenciana cuenta con unos recursos hídricos subterráneos renovables anuales de 2.000 hm3.