La ampliación de la canalización licitada por la conselleria duplicaría la cantidad de agua que se transporta ahora. La Comunidad de Usuarios de la cuenca del Girona recurre contra el proyecto Dénia. Los regantes de la mitad norte de la Marina Alta se han posicionado en pie de guerra ante el proyecto para amplificar el trasvase de agua desde La Vall de Laguar hasta Calp, y que se traduciría, advierten, en duplicar las cantidades de agua transportadas por las conducciones actuales. Los planes de la Generalitat se han topado con la oposición de los usuarios históricos del caudal del río Girona, que advierten de que ya el actual trasvase ha producido una mengua importante y constatable en los recursos hídricos de la cuenca del río, llegando incluso hasta extenuar el caudal de algunos de los pozos. Peores serían aún los efectos sobre la agricultura si se incrementa el caudal trasvasado con el proyecto impulsado por el Consell, disfrazado con el aséptico epígrafe de «renovación de las conducciones de La Vall de Laguar y Benigembla a Calp y Benissa». Pero esa renovación no es sino un aumento de la capacidad de las actuales conducciones, que, de hecho, ya son «ilegales» según la Comunidad General de Usuarios de la Cuenca del río Girona. Esta gran asociación, constituida en 2001 y que aprobó sus estatutos el pasado año, aglutina a la totalidad de las comunidades de regantes de la cuenca del Girona. O, lo que es lo mismo, reúne prácticamente a los regantes de toda la mitad norte de la comarca, a excepción de los de algunos municipios como Pego o La Vall d'Ebo. La oposición de la Comunidad de Usuarios del río Girona ya se ha materializado en una primera acción legal, mediante la presentación de un recurso de reposición contra la resolución del conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, que sacó a licitación las obras del proyecto el pasado 4 de mayo. Los regantes llevan más de un año solicitando información a la conselleria acerca del proyecto. Todo ello, «desde una voluntad conciliadora de los intereses del agua», según indicó el presidente de la comunidad, Antoni Josep Fornés. Y es que, añadió, el proyecto «nos afecta directamente» a los usuarios de las aguas superficiales del río. A juicio del colectivo, el trasvase incumple la Ley de Aguas y el proyecto para ampliarlo adolece de la documentación básica y necesaria como para ser considerado legal. Los motivos que esgrimen en su recurso son variados. De entrada, acusan a la conselleria de haber hecho caso omiso de la comparecencia de la comunidad general en el expediente. El 30 de julio de 2003, su presidente solicitó por escrito a Infraestructuras que el colectivo fuera informado de todo el expediente y «del objeto de la obra», y se reunión con el secretario autonómico Pedro Marco y el Jefe del Servicio de Recursos Hidráulicos, José Antonio Sánchez. Pues bien, el pasado mes de mayo, Fornés se enteró de la salida a concurso del proyecto «por la prensa». Después, según el recurso presentado, los regantes han comprobado «con estupor» que la memoria del proyecto menciona «que se trata de renovar las actuales conducciones», pero «en ningún lugar hay mención alguna a cuáles son esas actuales conducciones». De hecho, insisten, «no se dice la actual dimensión de la tubería, que es de 350 mm de diámetro frente a la de 400mm que se pretende ejecutar ahora» a lo largo de los 17 kilómetros del trasvase. Asimismo, la Comunidad General denuncia que el proyecto sale a concurso «con total desconocimiento de la explotación real del pozo» de Lucífer, ubicado dentro del cauce del río, y que es el punto donde se realizan las extracciones para el trasvase. Basan esta afirmación en que el proyecto fija el caudal del pozo en 156 l/s «sin acreditarlo en ningún momento». De ser cierta esa cifra, el caudal anual alcanzaría casi los 5 hm3 anuales. Por ello, el escrito no duda en señalar que «se ha utilizado de forma fraudulenta» el epígrafe del proyecto, que habla de renovación, «cuando en realidad se trata de una ampliación de conducciones por cuanto la capacidad de transporte de agua sin duda se duplica». Y además, el proyecto no incluye «título alguno para la utilización de las aguas». Antoni Josep Fornés explicó a este diario que la motivación de las acciones emprendidas no va encaminada a evitar el abastecimiento hídrico a otros municipios, sino a «defender los derechos de los usuarios históricos» del caudal del Girona. «Si sobra agua, no hay ningún problema en darla», incidió. Los regantes abogan por una «racionalidad» en el uso del agua que sea fruto del consenso entre todos los sectores afectados. «Sólo queremos, que vengan a hablar», dijo Fornés. Desde los servicios jurídicos de la comunidad se apuntó que el trasvase «probablemente no se podría legalizar si no se garantiza el agua a los usuarios» del caudal del río Girona.