La caja de los truenos del Tajo-Segura
Jue, 01/07/2004
La cuenca del Segura no sólo ha perdido el trasvase del Ebro si no que, al paso de los pronunciamientos de los últimos días, está viendo cómo se cuestiona también el trasvase del Tajo. La ministra Cristina Narbona no parece que haya calculado el efecto dominó que iba a tener la derogación del trasvase del Ebro sobre el acueducto del Tajo-Segura que ahora cumple los 25 años de funcionamiento. La amenaza que ya advertimos en estas páginas el pasado día 18 va tomando cuerpo con augurios bastante pesimistas: el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha solicitado -sin tapujos- fecha de caducidad para el trasvase del Tajo; la organización Asaja de aquella comunidad también ha reclamado el cese de las transferencias; y el Ayuntamiento de Sacedón, gobernado por el PP, se ha pronunciado en un Pleno en igual sentido. Tres botones de muestra muy significativos.
La caja de los truenos está abierta, y ahora queda por conocer la postura real y oficial del Ministerio frente a esta presión que irá en aumento y que lamentablemente presagia nuevas tensiones territoriales difíciles de digerir: ¿Si no se trasvasa desde la desembocadura del río más caudaloso de España, el Ebro; por qué seguir haciéndolo desde la cabecera del Tajo?, alegan sus detractores.
El párrafo incluido en el decreto ley que alude específicamente al Tajo-Segura esconde cuanto menos una doble interpretación: no está claro si los envíos de agua se van a ver limitados progresivamente por la obligación de optimizar primero los recursos de cada cuenca, y por las necesidades de mantener los caudales ecológicos en el Tajo (ojo a Aranjuez); o si por el contrario se trata de una concesión a la cuenca del Segura que permite blindar este trasvase frente a los ataques que ya se están produciendo.
El Gobierno socialista está legitimado para decidir la política hidrológica que sea conveniente, como lo estaba el Partido Popular en la etapa anterior; pero su modelo y el proceso de reflexión que lo anima y justifica presenta todavía dudas y verdades a medias que, por muy repetidas casi a diario parece que se asumen como incuestionables.
Entre los principales argumentos políticos del PSOE figura el hecho de que, según el presidente Zapatero, la ministra Narbona y el eurodiputado Borrell, el PP no ha traído más agua a la Región en 8 años de Gobierno. Falso. Los envíos de agua desde la cabecera del Tajo casi se han duplicado con el Gobierno de Aznar merced a la aprobación de los planes de cuenca. Para ser más exactos, se ha trasvasado una media anual de 495 hm3, frente a 266 hm3 en la etapa socialista. Además, la desaladora de Alicante entró en funcionamiento el año pasado con 18 hm3 de agua nueva. Luego, sí ha habido más agua con el PP.
El segundo aserto socialista es que la cuenca del Segura estaba en una situación extremadamente frágil por una mala gestión, cuyo exponente fueron los cortes de agua en 21 municipios abastecidos con recursos propios del río Taibilla. Cierto. Pero el PSOE se olvida de decir que cuando abandonó el poder en 1996 dejó la cuenca exhausta y moribunda. No sólo del Segura, sino también los pantanos de cabecera del Tajo. Cuando Borrell dijo el pasado día 9 en su mitin de Murcia que él había dado la cara por un trasvase conflictivo en el verano de 1995, se olvidó de añadir que en aquella época toda la población sufría cortes de agua por las noches, resultado de su gestión como ministro: ni agua en el Segura, ni agua en el Tajo. Menuda planificación.
En tercer lugar, la rapidez de las medidas de la ministra. El pasado día 18, en La Moncloa, Narbona adornó la eficacia de sus propuestas con el anuncio de que en el plazo de un año llegarán a la cuenca del Segura los primeros hectómetros cúbicos gracias a su plan. Esos hectómetros, 24 para ser exactos, corresponden a los de la desaladora de San Pedro. Tales hectómetros no son fruto de la gestión socialista, si no que estaban ya previstos, y no se pueden presentar como un logro de Cristina Narbona. De hecho, si las desgracias técnicas hubieran sido menores, esos 24 hm3 estarían en el haber del PP.
En cuarto lugar, los nuevos precios. Al final resulta que se optará por un precio político y subvencionado para los regadíos (de 0,12 a 0,30 euros el m3). Si uno de los principales argumentos para eliminar el trasvase del Ebro era el elevado precio del agua, que no podían pagar los agricultores, ¿por qué ahora se piensa aplica una tarifa subvencionada con unas medidas urgentes que, teóricamente, iban a proporcionar agua más barata? Narbona reproduce, en definitiva, el mismo esquema que defendía el anterior equipo ministerial con el trasvase: tarifas más altas para los abastecimientos, y altísimas para los nuevos desarrollos, que permiten articular, por compensación, unos bajos precios para los regadíos.
Por último, en el terreno de las cautelas medioambientales, sería deseable que el mismo rigor que se exigía para el trasvase se aplique también a la desalación.
La caja de los truenos está abierta, y ahora queda por conocer la postura real y oficial del Ministerio frente a esta presión que irá en aumento y que lamentablemente presagia nuevas tensiones territoriales difíciles de digerir: ¿Si no se trasvasa desde la desembocadura del río más caudaloso de España, el Ebro; por qué seguir haciéndolo desde la cabecera del Tajo?, alegan sus detractores.
El párrafo incluido en el decreto ley que alude específicamente al Tajo-Segura esconde cuanto menos una doble interpretación: no está claro si los envíos de agua se van a ver limitados progresivamente por la obligación de optimizar primero los recursos de cada cuenca, y por las necesidades de mantener los caudales ecológicos en el Tajo (ojo a Aranjuez); o si por el contrario se trata de una concesión a la cuenca del Segura que permite blindar este trasvase frente a los ataques que ya se están produciendo.
El Gobierno socialista está legitimado para decidir la política hidrológica que sea conveniente, como lo estaba el Partido Popular en la etapa anterior; pero su modelo y el proceso de reflexión que lo anima y justifica presenta todavía dudas y verdades a medias que, por muy repetidas casi a diario parece que se asumen como incuestionables.
Entre los principales argumentos políticos del PSOE figura el hecho de que, según el presidente Zapatero, la ministra Narbona y el eurodiputado Borrell, el PP no ha traído más agua a la Región en 8 años de Gobierno. Falso. Los envíos de agua desde la cabecera del Tajo casi se han duplicado con el Gobierno de Aznar merced a la aprobación de los planes de cuenca. Para ser más exactos, se ha trasvasado una media anual de 495 hm3, frente a 266 hm3 en la etapa socialista. Además, la desaladora de Alicante entró en funcionamiento el año pasado con 18 hm3 de agua nueva. Luego, sí ha habido más agua con el PP.
El segundo aserto socialista es que la cuenca del Segura estaba en una situación extremadamente frágil por una mala gestión, cuyo exponente fueron los cortes de agua en 21 municipios abastecidos con recursos propios del río Taibilla. Cierto. Pero el PSOE se olvida de decir que cuando abandonó el poder en 1996 dejó la cuenca exhausta y moribunda. No sólo del Segura, sino también los pantanos de cabecera del Tajo. Cuando Borrell dijo el pasado día 9 en su mitin de Murcia que él había dado la cara por un trasvase conflictivo en el verano de 1995, se olvidó de añadir que en aquella época toda la población sufría cortes de agua por las noches, resultado de su gestión como ministro: ni agua en el Segura, ni agua en el Tajo. Menuda planificación.
En tercer lugar, la rapidez de las medidas de la ministra. El pasado día 18, en La Moncloa, Narbona adornó la eficacia de sus propuestas con el anuncio de que en el plazo de un año llegarán a la cuenca del Segura los primeros hectómetros cúbicos gracias a su plan. Esos hectómetros, 24 para ser exactos, corresponden a los de la desaladora de San Pedro. Tales hectómetros no son fruto de la gestión socialista, si no que estaban ya previstos, y no se pueden presentar como un logro de Cristina Narbona. De hecho, si las desgracias técnicas hubieran sido menores, esos 24 hm3 estarían en el haber del PP.
En cuarto lugar, los nuevos precios. Al final resulta que se optará por un precio político y subvencionado para los regadíos (de 0,12 a 0,30 euros el m3). Si uno de los principales argumentos para eliminar el trasvase del Ebro era el elevado precio del agua, que no podían pagar los agricultores, ¿por qué ahora se piensa aplica una tarifa subvencionada con unas medidas urgentes que, teóricamente, iban a proporcionar agua más barata? Narbona reproduce, en definitiva, el mismo esquema que defendía el anterior equipo ministerial con el trasvase: tarifas más altas para los abastecimientos, y altísimas para los nuevos desarrollos, que permiten articular, por compensación, unos bajos precios para los regadíos.
Por último, en el terreno de las cautelas medioambientales, sería deseable que el mismo rigor que se exigía para el trasvase se aplique también a la desalación.