M. F. Madrid
El Gobierno sometió ayer al visto bueno del Congreso de los Diputados el real decreto-ley que deroga el trasvase del Ebro (la principal medida del Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno del PP) y que articula la nueva política del agua en España.
El texto fue aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros.
'Las primeras actuaciones, que ya tenemos identificadas, se centran en la ampliación de plantas de desalación ya existentes y en la modernización de regadíos', señala la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. 'De forma inmediata, las licitaremos para irlas adecuando en el tiempo a las necesidades presupuestarias, que van a ser menores que las requeridas por el trasvase del Ebro'.
Las medidas aprobadas por el Gobierno suponen una inversión de 3.798 millones de euros y, según el PSOE, suponen un ahorro de 1.600 millones frente al trasvase del Ebro.
Ahora queda el reto de obtener los fondos europeos para financiar las nuevas medidas del agua. 'Hemos solicitado la financiación a Bruselas con carácter informal. La comisaria de Medio Ambiente ve con satisfacción el cambio de enfoque en la política del agua en España', afirma Narbona. 'No digo que tengamos derecho a que nos den ese dinero, pero sí la oportunidad de pedir esa ayuda de 1.200 millones de euros'.

Financiación
Esta era la cantidad que el Gobierno del PP pidió en la anterior legislatura para su trasvase del Ebro. Se trata de fondos europeos destinados a financiar proyectos de agua que se presenten hasta 2006. 'La diferencia es que nosotros no nos jugamos toda la financiación a una sola carta, sino a muchas actuaciones.
Espero que nos den financiación para la mayoría. Hemos diversificado el riesgo con la opción planteada', señala la ministra.
Narbona afirma que 'Bruselas no apoyaba el trasvase y emitió cuatro informes demoledores en ese sentido, en los que advertía que los costes estaban muy infravalorados. El PP mintió diciendo que eran informes no definitivos. Además, Loyola de Palacio fue capaz de señalar hace un mes que si no hubiera llegado el PSOE al poder, la Comisión Europea hubiera dado luz verde al trasvase.
Eso es mentira'.
Con la alternativa del PSOE, ¿será más cara el agua para el usuario?
'En absoluto, aunque en un país donde el agua a veces es gratis, es un tema complicado. El agua y Kioto no son temas fáciles.
Hay que explicar a la gente que no paga nada por el agua que va a tener que pagar un poco'.
'Estimamos unos precios de entre 10 y 30 céntimos de euro para la agricultura (ver cuadro adjunto). Los regantes de Alicante pedían un precio de 10 céntimos. Los 30 céntimos se alcanzarán para los cultivos más rentables', señala Narbona.
'Estos precios son los que proponemos pero ahora serán objeto de debate al tramitar como ley el real decreto-ley (convalidado ayer por el Congreso)'.
Narbona señala que 'el anterior Gobierno se limitó a decir que las tarifas se establecerán una vez terminada la obra.
Con el trasvase, el coste medio hubiera sido de 90 céntimos por metro cúbico, pero en algunos casos hubiera llegado a 1,50 euros. El PP decía que el coste era de 39 céntimos'. La ministra añade que 'la directiva marco de agua de la UE nos obliga a que las tarifas del agua refleje todos los costes, bajo el principio general de recuperación de costes'.
Una de las prioridades de Narbona es apoyar la desalación en energías renovables. 'Queremos asociar la desalación en las plantas previstas en el litoral mediterráneo a las tecnologías más avanzadas tanto en cuanto a eficiencia energética como en renovables. Por ejemplo, mediante el uso de biomasa o energía solar para alimentar las desaladoras.
Esto lo impulsaremos vía contratación pública', apunta Narbona.
La ministra asegura que la desalación tendrá 'un consumo hasta un 30% menor que el trasvase, que hubiera equivalido a una central mil megavatios hora funcionando todo un año'.

Narbona niega los problemas medioambientales derivados de la elevada concentración de sal (salmuera) resultante de la desalación de agua. 'No voy a fomentar soluciones que tengan un impacto ambiental significativo', señala la ministra.

El abandono del trasvase del Ebro supuso un parón de las obras previstas, de las que las constructoras esperaban sacar un suculento negocio. Narbona ha querido tranquilizar al sector empresarial.
'Nos hemos reunido con las empresas de desalación y reutilización de agua para informales de nuestros planes', señala la ministra.
'Hace unos meses, la postura de José María Aznar en Bruselas se basaba en el siguiente planteamiento: si Francia y Alemania no cumplían el Pacto de Estabilidad, ¿por qué España iba a cumplir el Protocolo de Kioto', explica Cristina Narbona, que aclara que 'las razones para no cumplir el Pacto de Estabilidad son políticas, pero Aznar planteaba una política de rebeldía con Kioto'. La ministra de Medio Ambiente cree que 'no se puede ir a Bruselas a pedir 1.200 millones de euros para el trasvase del Ebro siendo el último país en cumplir Kioto y el primero en infracciones medioambientales' (por incumplimiento en la transposición de directivas de medio ambiente). Narbona recuerda que 'Folgado dijo en su día que no quería convertir España en un cementerio de empresas. A lo mejor, tendríamos que enterrar empresas que han recibido ayudas públicas como Astilleros'. Ahora, la postura del Gobierno del PSOE frente a la UE es la de conseguir el apoyo para obtener la financiación en materia de agua y para lograr el apoyo del Plan Nacional de Asignación de Emisiones previsto para cumplir el Protocolo de Kioto.
'Hemos solicitado a Bruselas de manera informal la financiación para nuestras actuaciones'.
'El PP no podía ir a Bruselas a pedir 1.200 millones de euros siendo el último país en cumplir Kioto'