El Fiscal General del Estado se compromete a 'llegar hasta el final' en la investigación sobre el río Segura
Mié, 23/06/2004
Alicante
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se comprometió ayer ante un grupo de representantes de los colectivos en defensa del Segura a 'llegar hasta el final' en la investigación sobre las presuntas extracciones ilegales de agua en la cuenca de ese río.
El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Murcia después de que el fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valero, revelara la supuesta existencia de una trama empresarial que se apropiaba de caudales sin que los administradores públicos de la cuenca pusieran medios para evitarlo.
Más de 140 colectivos reclamaron al nuevo responsable de la Fiscalía del Estado su tutela en las investigaciones sobre el llamado robo del agua, debido sus recelos con las tramitación del caso por parte de la Fiscalía de Murcia. Le hicieron llegar un total de 389 documentos y le solicitaron una entrevista. Ésta se produjo ayer en Madrid, en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Un portavoz del los colectivos, José Antonio Muñoz Grau, de la Comisión Pro-Río de Orihuela, aseguró que Conde Pumpido fue 'tremendamente receptivo' con las demandas cívicas. Según Muñoz Grau, el fiscal les aseguró textualmente que el caso de Segura tendrá una 'solución jurídica'.
Los colectivos reclamaron a Cándido Conde Pumpido que sea la Fiscalía Anticorrupción la encargada de tramitar el caso, y le explicaron la necesidad de que la cuenca recupere los '200 hectómetros cúbicos que se detraen ilícitamente'.
El fiscal se interesó por el accidente de tráfico que costó la vida a una alta funcionaria de la Confederación del Segura, cuando ésta viajaba a Madrid para denunciar al fiscal Valerio la presunta red ilícita del agua.
Los representantes de los colectivos comunicaron a Conde Pumpido que la Fiscalía de Murcia 'jamás' ha actuado de oficio ni ha dado curso a las denuncias basadas en informes de la Guardia Civil relacionados con el mercado negro del agua, y entregaron al Fiscal General fotografías de varios cargos públicos durante los altercados que se produjeron en la sede de la Confederación del Segura, el día en el que el Consejo de Ministros derogó el trasvase del Ebro.
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se comprometió ayer ante un grupo de representantes de los colectivos en defensa del Segura a 'llegar hasta el final' en la investigación sobre las presuntas extracciones ilegales de agua en la cuenca de ese río.
El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Murcia después de que el fiscal decano de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valero, revelara la supuesta existencia de una trama empresarial que se apropiaba de caudales sin que los administradores públicos de la cuenca pusieran medios para evitarlo.
Más de 140 colectivos reclamaron al nuevo responsable de la Fiscalía del Estado su tutela en las investigaciones sobre el llamado robo del agua, debido sus recelos con las tramitación del caso por parte de la Fiscalía de Murcia. Le hicieron llegar un total de 389 documentos y le solicitaron una entrevista. Ésta se produjo ayer en Madrid, en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Un portavoz del los colectivos, José Antonio Muñoz Grau, de la Comisión Pro-Río de Orihuela, aseguró que Conde Pumpido fue 'tremendamente receptivo' con las demandas cívicas. Según Muñoz Grau, el fiscal les aseguró textualmente que el caso de Segura tendrá una 'solución jurídica'.
Los colectivos reclamaron a Cándido Conde Pumpido que sea la Fiscalía Anticorrupción la encargada de tramitar el caso, y le explicaron la necesidad de que la cuenca recupere los '200 hectómetros cúbicos que se detraen ilícitamente'.
El fiscal se interesó por el accidente de tráfico que costó la vida a una alta funcionaria de la Confederación del Segura, cuando ésta viajaba a Madrid para denunciar al fiscal Valerio la presunta red ilícita del agua.
Los representantes de los colectivos comunicaron a Conde Pumpido que la Fiscalía de Murcia 'jamás' ha actuado de oficio ni ha dado curso a las denuncias basadas en informes de la Guardia Civil relacionados con el mercado negro del agua, y entregaron al Fiscal General fotografías de varios cargos públicos durante los altercados que se produjeron en la sede de la Confederación del Segura, el día en el que el Consejo de Ministros derogó el trasvase del Ebro.