MADRID.- Nuevo capítulo de la guerra del agua. El Consejo de Ministros derogó ayer los nueve artículos del Plan Hidrológico Nacional relativos al trasvase del Ebro, cumpliendo uno de sus compromisos electorales y poniendo en pie de guerra a la Comunidad Valenciana y Murcia, que estallaron en indignación, mientras el Gobierno presentaba un plan alternativo basado en la construcción de 20 desaladoras.
Cientos de murcianos recorrieron ayer las calles de su capital al grito de «agua para todos» y los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron que recurrirán ante el Constitucional el decreto del Ejecutivo. Frente a ellos, las comunidades de Aragón, Cataluña y Andalucía, todas gobernadas por el PSOE, se felicitaban porque el trasvase del Ebro haya pasado a la historia.Aunque sea de momento.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró en La Moncloa que el plan de actuaciones aprobado por el Consejo de Ministros llevará a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería «más agua» y «más barata» en «la primera mitad de 2005». Una promesa que, sin embargo, no parece que vaya a convencer a los regantes y demás consumidores del litoral, que sufren una endémica falta de agua que con el trasvase habían creído ver solucionada.
El Ejecutivo ha querido derogar el trasvase del Ebro y aprobar un plan de actuaciones alternativas al mismo tiempo para dejar claro que «es consciente de la necesidad de agua» de estas zonas y que su «compromiso» en este asunto «es claro», tal y como explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Además, presentar un plan de actuaciones el mismo día que deroga el trasvase permite al Gobierno discutir las críticas de los que dicen que el decreto «no tiene justificación» y tampoco «alternativas» y sólo responde a «un pacto político», como proclamaba el jueves en el Senado el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
Con ese objetivo, Cristina Narbona intentó ayer abrumar con datos a los críticos con la nueva política del agua socialista. Según aseguró, si el trasvase iba a llevar a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería 1.050 hectómetros cúbicos de agua al año, el nuevo plan del Gobierno llevará 1.063. Si el trasvase le iba a costar al Estado 4.207 millones de euros, el plan del Gobierno saldrá por 3.806. Si el trasvase «no adoptaba las medidas necesarias para la protección del Ebro», el plan del Gobierno sí. Y, en fin, si el trasvase «incumplía la directiva marco de la UE sobre la calidad del agua», el plan del Gobierno «ha recibido la felicitación de la comisaria europea de Medio Ambiente».
Es más, el Gobierno aseguró ayer que la estimación que se hace en el PHN sobre la cantidad de agua que se iba a trasvasar y sobre el coste económico de hacerlo «no es realista». Tanto, que Narbona explicaba ayer que «sólo se iban a poder trasvasar 620 hectómetros cúbicos al año» y que el coste «iba a ser superior» al que marcaba el PHN.
Entre el presupuesto del Gobierno para las actuaciones en la costa están incluidas las indemnizaciones que se tendrán que pagar por las obras del trasvase que ya se han iniciado, una cantidad que asciende a ocho millones de euros.
Con estos datos en la mano, el Gobierno se sentía ayer en disposición de asegurar que «el trasvase no es la mejor opción» para solucionar el problema del agua. Un proyecto que, además, «ha generado una gran controversia entre las comunidades autónomas» y que será sustituido por otro «más integrador» que asegure «más agua» y que sea «más barato» y «más respetuoso con el medio ambiente».
Ese proyecto contiene «100 actuaciones», entre las que se encuentra «la construcción o desarrollo de 20 desaladoras».
Porque la desalación es la alternativa que el Gobierno ofrece al trasvase. Más de la mitad del agua adicional que el Ejecutivo quiere suministrar a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería vendrá de estas 20 desaladoras. En concreto, 621 hectómetros cúbicos al año de los 1.063 totales. De hecho, es exactamente la misma cantidad de agua que el Ejecutivo estima que se iba a poder trasvasar desde el Ebro.
El sistema de las desaladoras supone extraer agua del mar y eliminar la sal hasta conseguir agua apta para su utilización. El principal problema es que la sal que se separa del agua (la salmuera) se devuelve al mar, con lo que puede poner en peligro la vegetación del litoral levantino.
En las últimas semanas, ésta ha sido la principal objeción de los partidarios del trasvase del Ebro al plan alternativo del Ministerio de Medio Ambiente. El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ha afirmado directamente que «la salmuera abrasa la vegetación del litoral».
Declaraciones que el Gobierno tacha de «demagogia», asegurando que «ya hay desaladoras funcionando» en el Levante español y que, en cualquier caso, «los técnicos siempre podrán diseñar una solución».
Además, Narbona explicó que el Gobierno quiere llevar el decreto aprobado ayer al Congreso para que «en el trámite legislativo se mejoren las actuaciones».
Sea como sea, lo que está claro es que la alternativa del PSOE al trasvase del Ebro no convence a Murcia ni a la Comunidad Valenciana.De entrada, los gobiernos de las dos comunidades autónomas van a presentar la próxima semana un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que, en su opinión, el Gobierno «vulnera el principio de solidaridad» contemplado en la Constitución.
A eso se une la iniciativa que esta semana lanzaba Francisco Camps para intentar sacar adelante las obras del trasvase desde la comunidad que preside, solicitud de fondos de la Unión Europea incluida. Y además hay que contar con que las manifestaciones de ayer no serán las últimas. Tanto Camps como el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, anunciaron ayer movilizaciones en una guerra del agua en la que se ha demostrado que la movilización ciudadana tiene mucho que decir.
Preguntada por estas iniciativas, Narbona dijo que «los gobiernos de Valencia y Murcia se han negado a colaborar con el Gobierno» en la elaboración de las medidas que van a sustituir al trasvase y que ahora sólo «tienen gestos de cara a la galería».
Quizá se equivoque. Hace apenas 15 días EL MUNDO preguntó a sus lectores si estaban de acuerdo con la paralización del trasvase del Ebro: el 40,2% respondió que no y el 32,2% que sí. De hecho, era prácticamente el único punto en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no aprobaba tras sus dos primeros meses de gestión