La ministra Narbona denegará la concesión de agua que reclaman el Consell y Murcia El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley por el que deroga el trasvase del Ebro y establece una inversión de cerca de 4.000 millones para un centenar de actuaciones urgentes. El decreto también supone una amenaza para la gran transferencia que existe en la actualidad, la del Tajo-Segura que da agua a Alicante y Murcia.

F. RICÓS/A. P./VALENCIA/MADRID

El Gobierno dio ayer la puntilla al trasvase del Ebro. Con un decreto ley que reforma el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el Ejecutivo suspendió las obras previstas por el anterior Gabinete del PP y aprobó una serie de medidas urgentes entre las que destacan el dotar de 1.063 hectómetros cúbicos de agua a las cuencas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Para la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el centenar de actuaciones que sustituye al trasvase costará 3.798 millones de euros, lo que supondrá un ahorro de 400 millones con respecto al proyecto original del PP.

Pero el real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros guardaba una sorpresa. Ya dejó entrever algo la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante su comparecencia del jueves por la tarde en el Senado para hablar sobre la derogación del trasvase. Narbona puso en entredicho la viabilidad de la conducción Tajo-Segura, una de las últimas grandes obras hidráulicas realizadas durante la última etapa del franquismo.

En el preámbulo del decreto ley, concretamente en el séptimo párrafo, alude directamente a la Directiva Marco sobre Política de Aguas de la Comisión Europea para asegurar que esta legislación sostiene que las transferencias entre cuencas sólo deben plantearse cuando se hayan optimizado los recursos hídricos de cada cuenca; y en todo caso, cualquier actuación hidráulica debe ser compatible con el mantenimiento de los caudales que garanticen la calidad ecológica de las aguas.

Todo esto ‘‘es aplicable, evidentemente, a la única transferencia de agua de importancia significativa existente en España, el trasvase Tajo-Segura, cuya utilización deberá ajustarse estrictamente a las condiciones establecidas en la legislación vigente’’.

Esto supone un serio aviso para los usuarios del canal Tajo-Segura (el centro y el sur de la provincia de Alicante y Murcia) de que van a empezar a recibir muchas menos aportaciones hídricas de la cabecera del Tajo.

Cada vez que en las anteriores legislaturas desde el Ministerio de Medio Ambiente se aprobaba un envío de agua por el canal del Tajo-Segura, el Gobierno de Castilla-La Mancha montaba en cólera. En el actual Plan Hidrológico Nacional ya se restringía la posibilidad de que saliera agua desde los embalses de Buendía y Entrepeñas a que tuvieran un determinado nivel.

La ministra Cristina Narbona, tras el Consejo de Ministros, aseguró que el Gobierno denegará la concesión de aguas del Ebro que han pedido varias instituciones y organizaciones murcianas, valencianas y almerienses, y descartó además que estas Comunidades puedan ejecutar por su cuenta el trasvase desde el Ebro.

Dejó claro Narbona que no habrá nunca trasvase del Ebro, lo que no significa anatemizar esta opción en un futuro si las condiciones lo requieren. La derogación del trasvase corría prisa, ya que mantenerlo habría creado una inseguridad “jurídica y social” inaceptable. Narbona prometió que a mediados de 2005 comenzará a llegar agua a las zonas del Mediterráneo como resultados de las actuaciones aprobadas