El Gobierno deroga el trasvase del Ebro, una decisión que recurrirán Valencia y Murcia
Sáb, 19/06/2004
El Ejecutivo aprueba, como medida urgente, dotar de 1.063 hectómetros cúbicos de agua a las cuencas de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Las actuaciones alternativas costarán 3.798 millones de euros
El Gobierno dio ayer la puntilla al Trasvase del Ebro. Con un decreto que reforma el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el Ejecutivo suspendió las obras previstas por el anterior Gabinete del PP y aprobó una serie de medidas urgentes entre las que destacan el dotar de 1.063 hectómetros cúbicos de agua a las cuencas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Para la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el centenar de actuaciones que sustituye al trasvase costará 3.798 millones de euros, lo que supondrá un ahorro de 400 millones con respecto al proyecto original del PP. Los gobiernos de Valencia y Murcia estudian la presentación de un recurso contra la norma que pone en dique seco la transferencia de agua al Levante.
COLPISA./MADRID/VALENCIA
La ministra Cristina Narbona. / EFE
MEDIDAS
Desalinizadoras: La alternativa al trasvase del Ebro aprobada ayer por el Gobierno, que proporcionará 1.063 hectómetros cúbicos anuales a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, cuenta con unas 120 actuaciones urgentes, de las que unas 20 serán nuevas desalinizadoras, plantas con las que se pretende obtener 621 hectómetros cúbicos anuales.
Con unas inversiones previstas cercanas a los 4.000 millones de euros, se acometerán actuaciones urgentes en materia de desalinización, reutilización, potabilización, abastecimiento, embalses, balsas, restauración y acondicionamiento de riesgos, canales y conducciones, así como otras de mejora de la calidad y prevención de inundaciones.
Destinos: Del total de las inversiones previstas (3.798 millones de euros), el 33 por ciento irá a la Comunidad Valenciana, el 29 por ciento a Cataluña, el 23 por ciento a la Región de Murcia, el 15 por ciento a Andalucía y el 0,4 por ciento a Castilla-La Mancha.
Distribución del agua: La aportación total de recursos hídricos -1.068 hectómetros cúbicos- se distribuye de la siguiente manera: 37 por ciento para la Comunidad Valenciana, el 30 para Andalucía, el 19 para Murcia y el 14 por ciento para Cataluña.
En la cuenca del Ebro se desarrollarán programas de calidad de las aguas del Delta del Ebro.
Según el Gobierno, el plan alternativo al trasvase tiene la virtud de proporcionar más agua y a un precio más barato a las regiones deficitarias. Aunque el Gobierno popular aseguró que el trasvase permitiría allegar 1.050 hectómetros cúbicos de agua, Narbona rebajó sustancialmente esta cifra y dijo que tan sólo se hubieran canalizado 620.
«La transferencia de agua entre cuencas debe ser la última decisión, nunca la primera», adujo la titular del Medio Ambiente, quien abogó por el ahorro de recursos hídricos, la corresponsabilidad en las comunidades autónomas en la gestión del agua y la fijación de tarifas realistas que reflejen los verdaderos costes. Dejó claro Narbona que no habrá nunca trasvase del Ebro, lo que no significa anatemizar esta opción en un futuro si las condiciones lo requieren.
De acuerdo con la ministra, la derogación corría prisa, ya que mantener el trasvase cuando ya se había anunciado su derogación habría creado una inseguridad «jurídica y social» inaceptable. Narbona prometió que a mediados del 2005 comenzará a llegar agua a las zonas del Mediterráneo como resultados de las actuaciones aprobadas.
Inversiones
Para procurar agua y realizar obras que prevengan inundaciones, en Andalucía se invertirán 579 millones, en Murcia 875, en la Comunidad Valenciana 1.219 y en Cataluña 1.110.
Según la ministra, el Gobierno ha tomado esta decisión porque representaba un compromiso electoral del PSOE, pero también porque la iniciativa del anterior Ejecutivo del PP carecía de cualquier tipo de racionalidad económica. No en vano, el Gobierno de Aznar había calculado que el coste de las obras ascendería a 4.200 millones de euros, sin saber primero la demanda y sin un establecimiento previo de tarifas.
Los beneficiarios del futuro plan alternativo tendrán que pagar entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico si el uso que se hace del agua es agrícola; entre 50 y 70 céntimos de euro si se trata de un empleo industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano, y entre 1,1 y 1,3 euros para nuevas concesiones urbanísticas y usos turísticos y deportivos, como campos de golf.
Narbona inscribió las palabras de los presidentes de Valencia y Murcia de ofrecer agua gratis a los agricultores dentro de la «más absoluta demagogia». En cualquier caso, la titular del departamento se preguntó por qué antes los dirigentes populares no hicieron esa promesa antes.
Con el fin de financiar las nuevas obras, el Gobierno ya ha «transmitido» a los comisarios europeos competentes la «intención de solicitar fondos de cohesión y FEDER», en concreto de los 1.200 millones pedidos en un principio para acometer el trasvase del Ebro.
Con todo, el dinero «aún no está asegurado», dijo Narbona, quien reprochó al anterior Gobierno el decir que disponía de subvenciones comunitarias sin que éstas estuvieran comprometidas.
Cuando fue preguntada sobre la posibilidad de que los gobiernos de Valencia y Murcia recurrieran la derogación, Narbona aseveró que se trata de una iniciativa «legítima», aunque se mostró convencida de que el decreto es jurídicamente impecable
El Gobierno dio ayer la puntilla al Trasvase del Ebro. Con un decreto que reforma el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el Ejecutivo suspendió las obras previstas por el anterior Gabinete del PP y aprobó una serie de medidas urgentes entre las que destacan el dotar de 1.063 hectómetros cúbicos de agua a las cuencas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Para la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el centenar de actuaciones que sustituye al trasvase costará 3.798 millones de euros, lo que supondrá un ahorro de 400 millones con respecto al proyecto original del PP. Los gobiernos de Valencia y Murcia estudian la presentación de un recurso contra la norma que pone en dique seco la transferencia de agua al Levante.
COLPISA./MADRID/VALENCIA
La ministra Cristina Narbona. / EFE
MEDIDAS
Desalinizadoras: La alternativa al trasvase del Ebro aprobada ayer por el Gobierno, que proporcionará 1.063 hectómetros cúbicos anuales a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, cuenta con unas 120 actuaciones urgentes, de las que unas 20 serán nuevas desalinizadoras, plantas con las que se pretende obtener 621 hectómetros cúbicos anuales.
Con unas inversiones previstas cercanas a los 4.000 millones de euros, se acometerán actuaciones urgentes en materia de desalinización, reutilización, potabilización, abastecimiento, embalses, balsas, restauración y acondicionamiento de riesgos, canales y conducciones, así como otras de mejora de la calidad y prevención de inundaciones.
Destinos: Del total de las inversiones previstas (3.798 millones de euros), el 33 por ciento irá a la Comunidad Valenciana, el 29 por ciento a Cataluña, el 23 por ciento a la Región de Murcia, el 15 por ciento a Andalucía y el 0,4 por ciento a Castilla-La Mancha.
Distribución del agua: La aportación total de recursos hídricos -1.068 hectómetros cúbicos- se distribuye de la siguiente manera: 37 por ciento para la Comunidad Valenciana, el 30 para Andalucía, el 19 para Murcia y el 14 por ciento para Cataluña.
En la cuenca del Ebro se desarrollarán programas de calidad de las aguas del Delta del Ebro.
Según el Gobierno, el plan alternativo al trasvase tiene la virtud de proporcionar más agua y a un precio más barato a las regiones deficitarias. Aunque el Gobierno popular aseguró que el trasvase permitiría allegar 1.050 hectómetros cúbicos de agua, Narbona rebajó sustancialmente esta cifra y dijo que tan sólo se hubieran canalizado 620.
«La transferencia de agua entre cuencas debe ser la última decisión, nunca la primera», adujo la titular del Medio Ambiente, quien abogó por el ahorro de recursos hídricos, la corresponsabilidad en las comunidades autónomas en la gestión del agua y la fijación de tarifas realistas que reflejen los verdaderos costes. Dejó claro Narbona que no habrá nunca trasvase del Ebro, lo que no significa anatemizar esta opción en un futuro si las condiciones lo requieren.
De acuerdo con la ministra, la derogación corría prisa, ya que mantener el trasvase cuando ya se había anunciado su derogación habría creado una inseguridad «jurídica y social» inaceptable. Narbona prometió que a mediados del 2005 comenzará a llegar agua a las zonas del Mediterráneo como resultados de las actuaciones aprobadas.
Inversiones
Para procurar agua y realizar obras que prevengan inundaciones, en Andalucía se invertirán 579 millones, en Murcia 875, en la Comunidad Valenciana 1.219 y en Cataluña 1.110.
Según la ministra, el Gobierno ha tomado esta decisión porque representaba un compromiso electoral del PSOE, pero también porque la iniciativa del anterior Ejecutivo del PP carecía de cualquier tipo de racionalidad económica. No en vano, el Gobierno de Aznar había calculado que el coste de las obras ascendería a 4.200 millones de euros, sin saber primero la demanda y sin un establecimiento previo de tarifas.
Los beneficiarios del futuro plan alternativo tendrán que pagar entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico si el uso que se hace del agua es agrícola; entre 50 y 70 céntimos de euro si se trata de un empleo industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano, y entre 1,1 y 1,3 euros para nuevas concesiones urbanísticas y usos turísticos y deportivos, como campos de golf.
Narbona inscribió las palabras de los presidentes de Valencia y Murcia de ofrecer agua gratis a los agricultores dentro de la «más absoluta demagogia». En cualquier caso, la titular del departamento se preguntó por qué antes los dirigentes populares no hicieron esa promesa antes.
Con el fin de financiar las nuevas obras, el Gobierno ya ha «transmitido» a los comisarios europeos competentes la «intención de solicitar fondos de cohesión y FEDER», en concreto de los 1.200 millones pedidos en un principio para acometer el trasvase del Ebro.
Con todo, el dinero «aún no está asegurado», dijo Narbona, quien reprochó al anterior Gobierno el decir que disponía de subvenciones comunitarias sin que éstas estuvieran comprometidas.
Cuando fue preguntada sobre la posibilidad de que los gobiernos de Valencia y Murcia recurrieran la derogación, Narbona aseveró que se trata de una iniciativa «legítima», aunque se mostró convencida de que el decreto es jurídicamente impecable