Los campos de golf y el turismo pagarán el agua hasta diez veces más cara que los agricultores
Jue, 17/06/2004
El precio oscilará, según el uso al que se destinen los recursos, entre los 0,12 y los 1,30 euros el metro cúbico La ministra Cristina Narbona anuncia que el Gobierno estudiará derogar el trasvase mañana viernes
AGENCIAS/MADRID / ALICANTE
CONFIRMACIÓN. Cristina Narbona, ayer, durante su comparecencia en el Senado. / ABC
LOS PRECIOS
Uso agrícola: entre 0,12 y 0,30 euros el metro cúbico.
Uso industrial: entre 0,5 y 0,7 euros.
Abastecimiento urbano: entre 0,7 y 0,9 euros.
Uso turístico, nuevas urbanizaciones, campos de golf, etc.: entre 1,1 y 1,3 euros el metro cúbico.
Comunidades: estos precios afectan a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Origen del agua: 1.058 hectómetros al año, 621 de los cuales saldrán de las desaladoras y el resto de mejora de la gestión del agua.
El agua será hasta diez veces más cara para el turismo, los campos de golf y las urbanizaciones de segunda residencia, según desveló ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El Gobierno sanciona de esta manera el uso del agua para fines turísticos, ya que este sector tendrá que desembolsar hasta diez veces más por metro cúbico que los agricultores.
Narbona señaló por la mañana que el Consejo de Ministros iba a derogar mañana el trasvase del Ebro, aunque por la tarde rectificó y señaló que sólo era seguro que se iba a estudiar la propuesta. Desveló que el precio del agua que se ofrecerá oscilará, según los usos, entre los 0,1 y 1,3 euros por metro cúbico. Narbona, tras presidir la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, declaró a los periodistas que ese real decreto ley se tramitará como proyecto de ley, con la intención de que sea mejorado en su trámite parlamentario, y que también atenderá en ese sentido las opiniones del Consejo Nacional del Agua, que ha convocado para el mes de septiembre.
El precio del agua, según la alternativa del Gobierno al trasvase, se establecerá entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico para uso agrícola; entre 0,5 y 0,7 para uso industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano; y entre 1,1 y 1,3 para nuevas concesiones urbanísticas y actividades como turismo y campos de golf. En el caso más extremo, un residente de una urbanización turística, un hotel o un campo de golf tendrían que pagar hasta diez veces más por metro cúbico de agua que un agricultor, el doble que una industria y un 25% más que el resto de ciudadanos.
Estos precios corresponden al agua que llegará a las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, según la alternativa del Ejecutivo, que prevé la aportación de 1.058 hectómetros cúbicos anuales, 621 de los cuales saldrán de desalación y el resto de mejora y modernización de regadíos y gestión de la demanda.
Tras aclarar que el real decreto tendrá «eficacia inmediata», la ministra indicó que se ha aceptado su tramitación como proyecto de ley para poder enriquecerlo y debatirlo con más sosiego, con aportaciones constructivas, especialmente en lo que se refiere a las tarifas y algunas actuaciones urgentes previstas.
Con todo ello, agregó Narbona, se pretende combinar la urgencia de la derogación del trasvase, que causaba «inseguridad jurídica» y no garantizaba el agua que prometía para las cuencas mediterráneas, con la necesidad de atender los problemas de agua de esas comunidades. Destacó que en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua se han escuchado distintas intervenciones, «unas más favorables que otras», pero «no he pedido votación porque su composición siempre juega a favor del Gobierno».
La Comisión permanente del CNA está formada por 22 representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Sanidad, Economía y Hacienda, así como de las Confederaciones Hidrográficas, comunidades autónomas, federación de municipios y provincias, y regantes y usuarios.
La ministra reconoció que el representante de la Federación Nacional de Regantes pidió ser escuchado y explicó que con la reunión de ayer se cierra un proceso de consulta con todos los sectores, desde los empresarios hasta los ecologistas, por lo que consideró que «no ha habido un decreto ley en la historia de España más debatido que éste».
La alternativa al trasvase del Ebro que aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros incluye unas cien actuaciones urgentes, entre ellas la construcción de cerca de 20 plantas desaladoras y de tratamiento de aguas, con unas inversiones totales de 3.747 millones de euros.
Las reacciones al anuncio de Narbona no se han hecho esperar. La portavoz del PP para el Plan Hidrológico (PHN), María Ángeles Ramón-Llin, tachó de «vergonzosa» la derogación del trasvase porque se hace «por rodillo», lejos del «consenso» que recibió el Plan. Ramón-Llín señaló que lo que más les preocupa, dijo, es que «no existe una alternativa que garantice el agua, sólo medidas complementarias, y todo desde un engaño absoluto sobre las posibilidades de conseguir ese agua». A su juicio, la ministra «se ha cerrado en banda» y ello crea, «por su cabezonería, graves agravios entre regiones y deja desasistida a media España».
Por su parte, la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gema Amor, consideró que la derogación de las obras del trasvase del Ebro supondrá «una agresión en toda regla contra la Comunidad Valenciana, además de una injusticia, dado el gran esfuerzo que se realiza para el aprovechamiento del agua». Amor indicó que ese sentimiento es compartido tanto por la Generalitat como por agricultores.
Sostuvo que la supresión afectará a proyectos de modernización y consolidación en la Comunidad Valenciana por un importe total de 231,8 millones de euros entre actuaciones incluidas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) ya acometidas, en ejecución o proyectadas. «En el caso de que el Gobierno central no asuma los costes del trasvase del Ebro, que creemos que es la única alternativa viable a las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana, seremos nosotros los que financiemos estas obras tan importantes para el presente y el futuro de esta tierra», subrayó Amor.
Opinó que la aprobación por parte de la Unión Europea de los primeros cuatro millones de euros para la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó significa que el PHN, «en contra de lo que ha estado afirmando el PSOE, cuenta con el apoyo económico de Bruselas», que «reconoce las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana». Añade la consellera: «Así, una vez más, la actitud dialogante del Gobierno central con la paralización del trasvase del Ebro se traduce en la adopción de medidas que perjudican directamente los intereses de los ciudadanos, al tiempo que impide la llegada de inversiones procedentes de Europa».
Aceptable
El secretario general de La Unió-Coag, Joan Brusca, dijo que el precio del agua para la agricultura fijado en la propuesta del Gobierno como alternativa al PHN es «en principio aproximado a nuestra propuesta». Brusca, que recordó que la propuesta que hizo La Unió-Coag se situaba entre los 0,04 a 0,12 euros/metro cúbico, hizo hincapié en que el tope debería estar en 0,12 euros, ya que los 0,30 euros «ya es muy elevado, aunque en muchas zonas de la Comunidad se está pagando un precio superior».
Para el secretario de La Unió-Coag ahora «lo importante es conocer si el precio que se establecerá, dentro de la horquilla anunciada por el Gobierno, será unitario para todo tipo de agua, provenga de donde provenga, o si la distribución de los precios comprendidos en esta horquilla obedecerá al origen del agua». Brusca detalló que el agua de las desaladoras, por ejemplo, es más cara y no puede ser utilizada para la agricultura, por lo que, si ésta es destinada a consumo urbano tendrán que liberar parte de esos recursos para la agricultura y se preguntó «cuanto costará concretamente este agua. No puede ser al mismo precio el agua proveniente de depuración o reutilización que las de carácter subterráneo. Esto es lo que debemos conocer ahora»
AGENCIAS/MADRID / ALICANTE
CONFIRMACIÓN. Cristina Narbona, ayer, durante su comparecencia en el Senado. / ABC
LOS PRECIOS
Uso agrícola: entre 0,12 y 0,30 euros el metro cúbico.
Uso industrial: entre 0,5 y 0,7 euros.
Abastecimiento urbano: entre 0,7 y 0,9 euros.
Uso turístico, nuevas urbanizaciones, campos de golf, etc.: entre 1,1 y 1,3 euros el metro cúbico.
Comunidades: estos precios afectan a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Origen del agua: 1.058 hectómetros al año, 621 de los cuales saldrán de las desaladoras y el resto de mejora de la gestión del agua.
El agua será hasta diez veces más cara para el turismo, los campos de golf y las urbanizaciones de segunda residencia, según desveló ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El Gobierno sanciona de esta manera el uso del agua para fines turísticos, ya que este sector tendrá que desembolsar hasta diez veces más por metro cúbico que los agricultores.
Narbona señaló por la mañana que el Consejo de Ministros iba a derogar mañana el trasvase del Ebro, aunque por la tarde rectificó y señaló que sólo era seguro que se iba a estudiar la propuesta. Desveló que el precio del agua que se ofrecerá oscilará, según los usos, entre los 0,1 y 1,3 euros por metro cúbico. Narbona, tras presidir la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, declaró a los periodistas que ese real decreto ley se tramitará como proyecto de ley, con la intención de que sea mejorado en su trámite parlamentario, y que también atenderá en ese sentido las opiniones del Consejo Nacional del Agua, que ha convocado para el mes de septiembre.
El precio del agua, según la alternativa del Gobierno al trasvase, se establecerá entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico para uso agrícola; entre 0,5 y 0,7 para uso industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano; y entre 1,1 y 1,3 para nuevas concesiones urbanísticas y actividades como turismo y campos de golf. En el caso más extremo, un residente de una urbanización turística, un hotel o un campo de golf tendrían que pagar hasta diez veces más por metro cúbico de agua que un agricultor, el doble que una industria y un 25% más que el resto de ciudadanos.
Estos precios corresponden al agua que llegará a las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, según la alternativa del Ejecutivo, que prevé la aportación de 1.058 hectómetros cúbicos anuales, 621 de los cuales saldrán de desalación y el resto de mejora y modernización de regadíos y gestión de la demanda.
Tras aclarar que el real decreto tendrá «eficacia inmediata», la ministra indicó que se ha aceptado su tramitación como proyecto de ley para poder enriquecerlo y debatirlo con más sosiego, con aportaciones constructivas, especialmente en lo que se refiere a las tarifas y algunas actuaciones urgentes previstas.
Con todo ello, agregó Narbona, se pretende combinar la urgencia de la derogación del trasvase, que causaba «inseguridad jurídica» y no garantizaba el agua que prometía para las cuencas mediterráneas, con la necesidad de atender los problemas de agua de esas comunidades. Destacó que en la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua se han escuchado distintas intervenciones, «unas más favorables que otras», pero «no he pedido votación porque su composición siempre juega a favor del Gobierno».
La Comisión permanente del CNA está formada por 22 representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Sanidad, Economía y Hacienda, así como de las Confederaciones Hidrográficas, comunidades autónomas, federación de municipios y provincias, y regantes y usuarios.
La ministra reconoció que el representante de la Federación Nacional de Regantes pidió ser escuchado y explicó que con la reunión de ayer se cierra un proceso de consulta con todos los sectores, desde los empresarios hasta los ecologistas, por lo que consideró que «no ha habido un decreto ley en la historia de España más debatido que éste».
La alternativa al trasvase del Ebro que aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros incluye unas cien actuaciones urgentes, entre ellas la construcción de cerca de 20 plantas desaladoras y de tratamiento de aguas, con unas inversiones totales de 3.747 millones de euros.
Las reacciones al anuncio de Narbona no se han hecho esperar. La portavoz del PP para el Plan Hidrológico (PHN), María Ángeles Ramón-Llin, tachó de «vergonzosa» la derogación del trasvase porque se hace «por rodillo», lejos del «consenso» que recibió el Plan. Ramón-Llín señaló que lo que más les preocupa, dijo, es que «no existe una alternativa que garantice el agua, sólo medidas complementarias, y todo desde un engaño absoluto sobre las posibilidades de conseguir ese agua». A su juicio, la ministra «se ha cerrado en banda» y ello crea, «por su cabezonería, graves agravios entre regiones y deja desasistida a media España».
Por su parte, la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gema Amor, consideró que la derogación de las obras del trasvase del Ebro supondrá «una agresión en toda regla contra la Comunidad Valenciana, además de una injusticia, dado el gran esfuerzo que se realiza para el aprovechamiento del agua». Amor indicó que ese sentimiento es compartido tanto por la Generalitat como por agricultores.
Sostuvo que la supresión afectará a proyectos de modernización y consolidación en la Comunidad Valenciana por un importe total de 231,8 millones de euros entre actuaciones incluidas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) ya acometidas, en ejecución o proyectadas. «En el caso de que el Gobierno central no asuma los costes del trasvase del Ebro, que creemos que es la única alternativa viable a las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana, seremos nosotros los que financiemos estas obras tan importantes para el presente y el futuro de esta tierra», subrayó Amor.
Opinó que la aprobación por parte de la Unión Europea de los primeros cuatro millones de euros para la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó significa que el PHN, «en contra de lo que ha estado afirmando el PSOE, cuenta con el apoyo económico de Bruselas», que «reconoce las necesidades hídricas de la Comunidad Valenciana». Añade la consellera: «Así, una vez más, la actitud dialogante del Gobierno central con la paralización del trasvase del Ebro se traduce en la adopción de medidas que perjudican directamente los intereses de los ciudadanos, al tiempo que impide la llegada de inversiones procedentes de Europa».
Aceptable
El secretario general de La Unió-Coag, Joan Brusca, dijo que el precio del agua para la agricultura fijado en la propuesta del Gobierno como alternativa al PHN es «en principio aproximado a nuestra propuesta». Brusca, que recordó que la propuesta que hizo La Unió-Coag se situaba entre los 0,04 a 0,12 euros/metro cúbico, hizo hincapié en que el tope debería estar en 0,12 euros, ya que los 0,30 euros «ya es muy elevado, aunque en muchas zonas de la Comunidad se está pagando un precio superior».
Para el secretario de La Unió-Coag ahora «lo importante es conocer si el precio que se establecerá, dentro de la horquilla anunciada por el Gobierno, será unitario para todo tipo de agua, provenga de donde provenga, o si la distribución de los precios comprendidos en esta horquilla obedecerá al origen del agua». Brusca detalló que el agua de las desaladoras, por ejemplo, es más cara y no puede ser utilizada para la agricultura, por lo que, si ésta es destinada a consumo urbano tendrán que liberar parte de esos recursos para la agricultura y se preguntó «cuanto costará concretamente este agua. No puede ser al mismo precio el agua proveniente de depuración o reutilización que las de carácter subterráneo. Esto es lo que debemos conocer ahora»