El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que con la derogación del trasvase del Ebro y la puesta en marcha de su plan de actuaciones alternativas en el Levante se evitará el "despilfarro" de recursos de agua y de dinero que hubiera supuesto el proyecto del PP. Así se pone de manifiesto en el real decreto-ley, que salvo imprevistos de última hora recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros del viernes y que suprime de un plumazo nueve artículos de la ley del PHN aprobada por el PP. Uno de los artículos eliminados es el décimotercero, que se refiere expresamente al trasvase.
El Gobierno central ha ultimado ya el borrador del texto del decreto con el que derogará el trasvase que será presentado hoy por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a la comisión permanente del Consejo del Agua. La ministra quiere conocer la opinión de esta comisión formada por 22 representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Sanidad y Economía, Confederaciones Hidrográficas, comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, regantes y usuarios. El gesto de Narbona fue criticado ayer por el conseller valenciano de Infraestructuras, José Ramón García Antón, que acusó a la ministra de "saltarse la legalidad vigente" al convocar a la Comisión Permanente y no al pleno del Consejo Nacional del Agua para analizar el proyecto. Según García Antón, la Ley de Aguas del año 1985 y el Reglamento de Planificación Hidrológica de 1988 establecen "claramente que cualquier modificación a la ley del PHN debe ir precedida de un informe preceptivo del Pleno del Consejo Nacional del Agua". La Comunidad Valenciana no está representada en la comisión permanente.
Tras la consulta a este organismo, el Gobierno aprobará el viernes el artículo único de modificación de la ley del PHN que consta de tres partes: El primer apartado deroga los artículos 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y parte del 36. También propone una nueva redacción del apartado 5 del artículo 36, el que se refiere a la declaración de interés general de las obras del Pacto del Agua de Aragón --incluidas en el anexo II del PHN--. Por último, en un tercer punto se especifican todas las actuaciones que el Gobierno se compromete a ejecutar en Cataluña y el Levante como alternativa al trasvase.
En la exposición de motivos, el Gobierno advierte de que la derogación del trasvase se hace necesaria, puesto que distintos informes técnicos han dejado al descubierto "graves deficiencias" en los criterios económicos, ambientales y técnicos que se basó el PP para la aprobación de la trasferencia de caudales. "Estas graves deficiencias han quedado corroboradas por la valoración sumamente crítica que ha merecido el proyecto a las autoridades comunitarias", afirma el real decreto