El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Provincia de Almería (Asempal), José María Pérez Vicente, reflexionó hoy sobre el problema del agua en la provincia y aseguró que el trasvase el Ebro, "tal y como estaba concebido, beneficiaba preferentemente" a Valencia y a Murcia "discriminando claramente a Almería" y pidió conocer el coste de la desalación, antes de aprobarla como alternativa.
En un artículo de opinión publicado en el diario 'La Voz de Almería', Pérez Vicente explica que Almería, de todas las provincias que se iban a beneficiar de dicho trasvase, es la tercera en extensión, la segunda en kilómetros de costa y en hectáreas de cultivos herbáceos y la primera en crecimiento de población, de empleo y en valor de la producción agrícola, entre otros parámetros.
Por lo tanto, según el responsable de Asempal, si se iban a trasvasar 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro, en una primera división matemática "deberíamos tocar a 172 hectómetros cúbicos" y, si se tiene en cuenta la superficie de las provincias, a "174 hectómetros cúbicos".
Además, alude a que no se han tenido en cuenta "nuestros perjuicios y mayores inconvenientes por ser cola de trasvase y nuestros menores recursos hídricos, al no disponer de un Turia, un Júcar o un Segura". Así, se pregunta "por qué se da a Valencia y Murcia lo que en necesidad o extensión corresponde equitativamente a la provincia de Almería".
Con respecto a su no asistencia al acto celebrado en Madrid en defensa del trasvase del Ebro --muy criticada por el PP de Almería--, Pérez Vicente argumenta que antes de conocerse esa convocatoria el Ministerio de Medio Ambiente se había dirigido a la CEOE trasladándole el proyecto del Real Decreto sobre 'Actuaciones urgentes en las cuencas mediterráneas, alternativas al trasvase del Ebro'.
Los empresarios debían hacer llegar al Gobierno sus propuestas y alegaciones sobre el proyecto que, una vez promulgado, debería seguir el trámite parlamentario del refrendo por parte del Congreso. Explica que, "debido a que la Ley del PHN es una Ley Ordinaria y no Orgánica, como equívocamente algunos van pregonando por ahí, dicho trámite, ante la actual situación parlamentaria, está asegurado".
Finalmente, indica que Asempal decidió, junto con la CEA, presentar a la CEOE "nuestras propias alternativas, tras constatar" los datos anteriormente citados del INE, en comparación con Valencia, Castellón, Alicante y Murcia.
No obstante, los empresarios, aparte de pedir conocer el precio del agua desalada, solicitan saber la potencia eléctrica instalada y su incidencia en los planes energéticos español y andaluz, así como su impacto ambiental.
La propuesta alternativa al trasvase, asimismo, debe, a su juicio, prever la reposición de las infraestructuras de desalación de cara a programar su recambio y tener garantizado el suministro a largo plazo, dado que su plazo de amortización es más reducido que el de los trasvases.
"Dado que las medidas urgentes --continúa-- no excluyen actuaciones de futuro respecto de los trasvases, se solicita que los mismos, en un futuro, alcancen al menos los 110 hectómetros cúbicos previstos de salida del Ebro para la provincia de Almería, procedentes de cuencas excedentarias --Duero, Tajo o Jarama-- o de aprovechamientos de excedentes de una misma cuenca, como puede suceder con las limítrofes a la provincia de Almería".
Entre otras cuestiones, demandan, por último, llevar a efecto entre los ministerios de Medio Ambiente, Fomento y sus consejerías homónimas de la Junta un plan de choque eficaz contra la desertización en la provincia, aprovechando los actuales planes comunitarios.
Así, concluye que "más transparencia y defensa de Almería en nosotros no cabe" y cita las palabras del árbitro Pierluigi Collina, es decir, que "lo más importante no es pasar o no inadvertido, sino tener el coraje de tomar decisiones difíciles"