Hay que corregir deficiencias y desequilibrios respetando el medio ambiente y la legalidad
Aunque el Génesis no lo explica suficientemente, en el reparto de espacios correspondió a nuestro país un lugar al sur de los Pirineos y unas tierras próximas al continente africano. Las cuencas y los cauces se han formado siguiendo los pliegues de nuestras montañas. Nuestros ríos son los que son y, como decía el poeta, van a dar a la mar.
Sin cargar las culpas sobre la Biblia, es innegable que somos un país deficitario en grandes cuencas fluviales. El agua es un bien escaso que, en principio, repercutía sólo sobre la agricultura y la vida humana y ahora incide de manera decisiva sobre el desarrollo industrial y las posibilidades de expansión turística. Ante este panorama, nadie puede oponerse a un plan hidrológico que corrija estas deficiencias y equilibre el suministro de agua.
El problema está detectado. Afrontarlo es una prioridad política, económica, social y cultural. Los acueductos y las canalizaciones a cielo abierto o por tuberías subterráneas no parecen la solución más adecuada. Es agresiva, degrada el curso natural de los ríos de donde se toma el caudal y altera los equilibrios medioambientales.
LA PARALIZACIÓNdel Plan Hidrológico Nacional (PHN) abre un debate necesario. Creo que ha llegado el momento de explicar, desde un punto de vista técnico y jurídico, cuáles son las únicas soluciones admisibles para mantener el orden ecológico y el respeto a la legalidad. Los códigos penales más recientes reflejan la existencia de una conciencia colectiva que pide respuestas coactivas y sancionadoras frente a conductas que de alguna manera afecten a la estructura natural del curso de las aguas. Todos los países avanzados conceden una especial gravedad delictiva a las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.
Las decisiones políticas no sólo afectan a los espacios soberanos de los territorios nacionales. La interrelación de los sistemas de protección ambiental contemplan la posibilidad de que puedan extenderse a otros países y constituir un problema de alcance transfronterizo. La solución no es una cuestión de soberanía nacional. Vivimos en la Unión Europea, que ha puesto especial énfasis en la homologación y control del medio ambiente, con especial preocupación por el aprovechamiento del agua. Los políticos están para afrontar los problemas que nos plantea nuestra endémica carencia de agua. Los técnicos tienen un papel relevante y protagonista para ofrecer las alternativas más adecuada, sin servidumbres caciquiles y sin concesiones serviles a los intereses de las grandes constructoras.
El camino lo marca la Unión Europea, que elaboró la directiva marco del sector del agua en octubre del 2000. Para los no iniciados aclararemos que todas las directivas tienen que ser traspuestas, es decir, convertidas en norma nacional. Se suele dar un plazo para el cumplimiento de esta obligación. España, en el último minuto del descuento de la prórroga, realizó esta transcripción en la ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado del 2004, sin evaluar el impacto económico de su aplicación. El incumplimiento de las previsiones de la directiva, daría lugar a responsabilidades y afectaría al importe de las ayudas financieras de la Unión Europea.
Existen serias dudas y reticencias en los especialistas y técnicos sobre la memoria de impacto ambiental que acompañaba al PHN. Muchos han considerado que el trasvase del Ebro es insostenible desde el punto de vista social, ecológico y económico. Denuncian que no plantea alternativas con menos coste económico y medioambiental.
LAS OPCIONESmanejadas por los expertos de la Unión Europea centran la política aconsejable y financieramente subvencionable en tres ejes fundamentales, que nada tienen que ver con el faraonismo de los grandes acueductos. Los puntos clave son: eficiencia, reutilización y desalinización.
Estamos a tiempo de rectificar y abandonar la lista de países con mayor número de sanciones europeas por la política del agua y por ocultación de datos a la opinión pública. La nueva Administración debe tener la capacidad de informar de manera clara, transparente y convincente a la opinión pública, deshaciendo los malentendidos interesados que quieren enfrentar a los ciudadanos de las comunidades autónomas afectadas. Una decisión equilibrada y solidaria nos situará en el marco de una sociedad madura, participativa y, sobre todo, vanguardista en la cultura y política del agua. Y eso por no tratar de la corrupción en la explotación de las aguas.
Termino como empecé, acudiendo a la Biblia: Moisés hizo brotar el agua de una roca. Siglos después, nosotros estamos en condiciones, hace poco tiempo impensables, de utilizar los mares como fuente de vida y manantial que sacie nuestra sed.
Magistrado del Tribunal Supremo.