Preocupación, es la palabra común entre constructoras y demás empresas que habían obtenido ya contratos relativos al trasvase del Ebro y sobre todo de las que iban a optar a la avalancha de adjudicaciones que se avecinaban por una cifra global presupuestada en los cálculos del Gobierno del PP en 4.207,1 millones de euros.
La inminente paralización del trasvase del Ebro mediante un decreto ley ha puesto en guardia a todo el sector de la construcción que, sin embargo, prefiere mostrarse prudente a la hora de juzgar la actitud del Ejecutivo socialista, y aplaza su opinión oficial hasta conocer la alternativa que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha dicho que hará pública en el mismo decreto ley que derogue el capítulo del Plan Hidrológico Nacional referente al trasvase del Ebro. Buena parte de esa preocupación radica en que se puedan perder los 1.262 millones de euros en ayudas de la Unión Europea, si no se planifica una alternativa rápida que incluya el mayor rigor técnico posible. Más explícitos y optimistas han sido las cementeras que, a través de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), han manifestado su esperanza de que la paralización del trasvase del Ebro «no va a suponer un retroceso en la demanda de cemento» por la promesa realizada por Cristina Narbona de mantener el resto de las obras del Plan Hidrológico y de sustituir las del trasvase con otras complementarias con objeto de no perder esos 1.262 millones de euros de subvenciones solicitados a la UE.
Cristina Narbona ya ha anunciado que se entrevistará el próximo 3 de mayo con la comisaria de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Margot Wallstrom, a quien le presentarán lo antes posible los nuevos proyectos para no perder nada de los Fondos de Cohesión y Feder.
Plantas desaladoras, potabilizadoras, y eventuales trasferencias de agua de otras cuencas a la del Segura —la única de España con déficit estructural— son las principales alternativas que ha dejado entrever hasta ahora la ministra de Medio Ambiente en sus comparecencias y declaraciones públicas. Oficemen, a esas expectativas para mantener estable la producción de cemento en los próximos tres años, añade los planes que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, dijo en su toma de posesión, al apostar por un nuevo Plan de Infraestructuras «racional y a largo plazo».
Asimismo, indicó que el previsible descenso de la demanda de cemento destinada a vivienda libre, se compensará con la promoción por parte del Gobierno de las 180.000 viviendas anuales que prometió durante su investidura el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, tanto de acceso a la propiedad como en régimen de alquiler.
Por lo que se refiere al Plan Hidrológico Nacional, Zapatero ya anunció durante su investidura que habría «una nueva política del agua», una profunda reforma del PHN y las Confederaciones Hidrográficas, lo cual implicaría la paralización de infraestructuras en marcha y su reemplazo por otros proyectos «más eficientes, más baratos y menos conflictivos» al concertarse con las Comunidades autónomas. De ahí, la invitación de Cristina Narbona a los presidentes de las Autonomías de Valencia y Murcia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, para exponerles los planes del nuevo Gobierno y emprender las negociaciones de un nuevo proyecto. De momento, Francisco Camps ha puesto el grito en el cielo ante la decisión del Ejecutivo, al manifestar que Zapatero debería reunirse con él antes de paralizar el trasvase del Ebro para hacerle saber «el drama» que supone para la Comunidad Valenciana. Al grave problema de la falta de agua, Camps ha apuntado que llenar la costa de desaladoras supondría un impacto muy negativo sobre el medio ambiente por la enorme emisión de CO2. Y respecto a que son alternativas más baratas, Camps apuntó que, de cualquier manera, el agua habrá que llevarla hasta donde se necesite por conducciones que encarecerían más el proyecto que el trasvase del Ebro.
En cuanto a las pérdidas económicas ya generadas por la paralización de las obras en marcha, el consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, ha señalado que hasta el momento se cifran en 60 millones de euros en esa Autonomía para satisfacer el lucro cesante de las empresas adjudicatarias de algunos tramos cuya tramitación está muy avanzada e incluso concluida. De cualquier modo, García Antón confía en que el Gobierno socialista no practique el «borrón y cuenta nueva» sobre lo que ya está hecho.

Los tramos adjudicados

Hasta ahora, se habían adjudicado cuatro tramos del trasvase del Ebro. Dos en Murcia y Almería, adjudicados el pasado 23 de enero, con una inversión de 16 millones de euros a las empresas Intersa (4,32 millones) y Vías y Construcciones (11,88 millones). Las otras dos obras se adjudicaron el pasado 10 de febrero en la Comunidad Valenciana, por un importe total de casi 79 millones de euros. Dragados Obras y Proyectos (67,5 millones) y la UTE compuesta por Romymar y Torres Cámara (10,7 millones), son las empresas perjudicadas.
En el aire se ha quedado la licitación del pasado 20 de febrero para el suministro de tuberías y válvulas necesarias para todo el trasvase por un importe total de 639 millones de euros, que comprendía el suministro de 555 kilómetros de tuberías y más de 4.100 válvulas y carretes. Asimismo, se ha paralizado la licitación de otro tramo del trasvase de 31,5 kilómetros en Almería por un importe de 29,3 millones.