El Consejo de Gobierno en funciones de Castilla-La Mancha acordó ayer impugnar el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de enero de 2004 sobre la aprobación de las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura.
Según informó ayer la Junta de Comunidades, el Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades para que ejerza las acciones jurisdiccionales oportunas contra el referido acuerdo que adoptó el anterior Gobierno del PP.
Este fue uno de los acuerdos aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno que ha estado presidida por el presidente en funciones de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
Según informó el Ministerio de Medio Ambiente aquel día, la medida supone una rebaja media del 0,6 por ciento en regadío y un 1% en abastecimiento.
La propuesta que se formuló mantiene la misma estructura de las tarifas anteriores que introdujeron las modificaciones necesarias para adaptarlas a las nuevas especificaciones legales.
En este sentido, se incluyeron las tarifas para los nuevos usuarios del acueducto, como el abastecimiento del Alto Guadiana, las Tablas de Daimiel, para la compensación de las filtraciones del túnel del Talave y para los usos de la cuenca del Júcar, que utilizan la infraestructura del trasvase, como los riegos y el abastecimiento de Albacete o de la Marina Baja.
Otro de los acuerdos alcanzado ayer durante el Consejo de Gobierno en funciones, fue el régimen de los precios públicos de los centros de atención a la infancia (CAI) de la región, que contempla exenciones, deducciones y progresividad en el pago de estos recursos sociales.

Rentas más bajas

Se trata de un acuerdo, planteado por la Consejería de Bienestar Social, con el que se pretende conseguir que las familias con rentas más bajas estén exentas del pago y aquellas con rentas más altas abonen una cuantía en relación con la calidad del servicio que se presta en los centros.
Con esta propuesta de precios públicos, que entrará en vigor el próximo curso escolar, más del 31% de las familias que actualmente abonan 14 euros quedarán exentos de pago.
Además, un 54% de los padres que actualmente tienen hijos en los centros de atención a la infancia de la Consejería de Bienestar Social, seguirán pagando la misma cuantía que en estos momentos. De este modo, sólo verán incrementadas las cuotas las familias que gozan de un mayor nivel económico.
Actualmente, hay en Castilla-La Mancha más de 14.700 plazas en centros de atención a la infancia, lo que supone atender al 29,5% de los niños y niñas de la región de 0 a 3 años. Según la Junta de Comunidades, este porcentaje pone a Castilla-la Mancha a la cabeza en la oferta de plazas en centros de atención a la infancia que se pone a disposición de los padres.
Por otra parte, el Ejecutivo en funciones autorizó al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a impugnar el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Portillo (Toledo, de 23 de diciembre de 2003), por el que se aprueba el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de la Unidad de Ejecución 18, pliego de condiciones jurídico-económicas y el convenio urbanístico del mismo