El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia ha acordado abrir una pieza separada del denominado caso Topillo para la investigación de los vertidos cometidos por 43 empresas, la mayoría relacionadas con la agricultura, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Esta ampliación del procedimiento se produce tras la recepción de un atestado del Seprona de la Guardia Civil de Murcia, que analiza la documentación facilitada por una empresa, "concluyendo que hay indicios de que una pluralidad de empresas y empresarios individuales podrían haber hecho uso de máquinas desaladoras de manera ilegal, vertiendo salmuera sin autorización, pudiendo causarse un daño al medio ambiente". Además, el informe también señala a la citada empresa "por suministrar desaladoras y consumibles para su utilización, a sabiendas de su ilegalidad".

El juez que dirige la instrucción tomará declaración a las 43 personas y entidades jurídicas relacionadas en el atestado (agrícolas, de suministro de maquinaria agrícola o de riego y un campo de golf) y, como en la pieza principal, ha pedido un informe pericial de un ingeniero agrónomo para que determine las necesidades hídricas de cada uno de los agricultores investigados y realice los cálculos que permitan cuantificar la posible utilización de desaladoras ilegales.

Estas diligencias se abrieron en 2017 por una denuncia del Ministerio Fiscal por la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente.

En ellas se investiga, entre otros comportamientos, la posible realización de vertidos contaminantes procedentes del uso de desalobradoras ilegales, que captarían aguas de los acuíferos del campo de Cartagena contaminada por nitratos con altos niveles de conductividad que la harían inhábil para ser utilizada en el riego.

Estas características del agua obligaría a los agricultores a aplicar procedimientos de desalobración que originarían un rechazo que terminaba en una red de salmueroductos que a su vez vertía en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor o lo retornarían al acuífero. En ambos supuestos se podría poner en peligro el medio ambiente.

El pasado abril el magistrado, tras el análisis del informe pericial emitido por un eco toxicólogo forense, señalaba a 36 empresas agrícolas y empresarios individuales cuyos vertidos eran "susceptible de generar un riesgo sustancial, grave o catastrófico para el medio ambiente". Paralelamente, procedía al sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de los 13 de los 49 investigados "por no resultar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal".

Esta causa principal también se sigue contra los que fueran responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2013 y 2017.

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Fuente: Iagua
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