Entra en vigor la Orden que obligará a cambiar 6 millones de contadores de agua en España
Lun, 26/10/2020
El pasado mes de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una Orden Ministerial que regulaba el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, entre ellos, los contadores de agua.
El pasado mes de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una Orden Ministerial que regulaba el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, entre ellos, los contadores de agua.
Ahora, y desde su entrada en vigor el pasado 24 de octubre, la nueva orden de control metrológico promulgada por el Ministerio de Industria obligará a cambiar en un corto plazo hasta 7,7 millones de contadores de agua y gas en España.
La Orden, que debía haber entrado en vigor el pasado 24 de agosto y retrasó su aplicación por la actual pandemia de la COVID-19, obliga a comunidades de propietarios, entidades y gestoras de parques de contadores a renovar los contadores de agua que cuenten con más de 12 años de antigüedad, afectando tanto a los contadores de agua fría y caliente como a los contadores de uso residencial, comercial o de la industria ligera, así como los destinados a la gestión del dominio público hidráulico, riego o cualquier otro uso.
Así pues, y en relación a los contadores de agua y gas, la orden establece una vida útil de 12 y 20 años, respectivamente, mientras que los contadores que no hayan alcanzado esa cifra límite podrán someterse a verificaciones, siempre realizadas por un organismo autorizado de verificación metrológica, para ampliar el periodo de vida útil por cinco años sucesivamente.
La Orden indica además que se establece un plazo de cinco años para la sustitución de los contadores de agua que tengan que ser cambiados, un dato especialmente relevante, ya que en España existen 6 millones de contadores de agua con una antigüedad superior a 12 años.
En cuanto a la infracción de la Orden, el escrito no establece ninguna sanción, a pesar de que la Ley de Metrología del año 2014 establece cuantías que van desde 5.000 a los 600.000 euros por incumplimiento, y el Centro Español de Metrología ya indicó en una nota aclaratoria el pasado mes de marzo que no se establecía ninguna sanción, matizando que las cantidades que estaban apareciendo en titulares de prensa eran desproporcionadas.
Ahora, y desde su entrada en vigor el pasado 24 de octubre, la nueva orden de control metrológico promulgada por el Ministerio de Industria obligará a cambiar en un corto plazo hasta 7,7 millones de contadores de agua y gas en España.
La Orden, que debía haber entrado en vigor el pasado 24 de agosto y retrasó su aplicación por la actual pandemia de la COVID-19, obliga a comunidades de propietarios, entidades y gestoras de parques de contadores a renovar los contadores de agua que cuenten con más de 12 años de antigüedad, afectando tanto a los contadores de agua fría y caliente como a los contadores de uso residencial, comercial o de la industria ligera, así como los destinados a la gestión del dominio público hidráulico, riego o cualquier otro uso.
Así pues, y en relación a los contadores de agua y gas, la orden establece una vida útil de 12 y 20 años, respectivamente, mientras que los contadores que no hayan alcanzado esa cifra límite podrán someterse a verificaciones, siempre realizadas por un organismo autorizado de verificación metrológica, para ampliar el periodo de vida útil por cinco años sucesivamente.
La Orden indica además que se establece un plazo de cinco años para la sustitución de los contadores de agua que tengan que ser cambiados, un dato especialmente relevante, ya que en España existen 6 millones de contadores de agua con una antigüedad superior a 12 años.
En cuanto a la infracción de la Orden, el escrito no establece ninguna sanción, a pesar de que la Ley de Metrología del año 2014 establece cuantías que van desde 5.000 a los 600.000 euros por incumplimiento, y el Centro Español de Metrología ya indicó en una nota aclaratoria el pasado mes de marzo que no se establecía ninguna sanción, matizando que las cantidades que estaban apareciendo en titulares de prensa eran desproporcionadas.