Expertos de países de Latinoamérica, como Bolivia, Perú o Guatemala, se interesan en los sistemas de regadío y en los mecanismos de regulación de España, con el objetivo de implantarlos y desarrollarlos en sus regiones rurales y garantizar a sus ciudadanos un acceso equitativo al agua.

Cada país tiene sus características peculiares, pero el modelo de gestión de los recursos hídricos es "único" en todo el mundo, ya que en parte responde al intento de recuperar el agua de la lluvia o del deshielo de las montañas que discurre por los ríos, evitando que se pierda en el mar, ha afirmado a EFE, la coordinadora del proyecto Sierra Norte del Ministerio de Agricultura de Perú, Antonieta Noli.

Se trata de una de las representantes de los diversos países -Finlandia, Rusia, Hungría, Guatemala, México, Brasil o Perú- que participan, junto a miembros de organismos como la UNESCO, FAO o la ONU, en la Conferencia Preparatoria del Año Internacional de la Cooperación en la esfera del agua en Zaragoza.

Noli ha indicado que su gobierno está impulsando con "bastante fuerza" y con una inversión que ronda los 400 millones de dólares la construcción de infraestructuras hidráulicas, algunas de ellas similares a las que se han desarrollado en España durante muchos años, como los sistemas de regadío.

También en Bolivia, donde existen alrededor de 6.000 agrupaciones o comunidades campesinas que gestionan fuentes de agua, están interesados en conocer el funcionamiento del organismo que regula la Cuenca Hidrográfica del Ebro (CHE) para trasladar estas experiencias a su país.

"Esta experiencia de la Cuenca del Ebro en España es fundamental para nosotros y por eso estamos intentando recogerlas y conocerlas, porque allí apenas nos estamos iniciando en la gestión del agua", ha precisado el director del servicio de cuencas de Cochabamba, Luis Salazar.

Precisamente, en este país que sufre un "gran déficit" de agua potable se ha incrementado, en los últimos años, las tensiones y los conflictos entre comunidades campesinas por la utilización del agua, debido al cambio climático.

En estos núcleos rurales, se han establecido, desde hace muchos años, sistemas de gestión de agua y formas de organización propias, muchas de ellas basadas en las costumbres y tradiciones de sus habitantes, sin la presencia o la intervención del Estado o de una autoridad pública que haya actuado de supervisor o regulador.

"El tema es que estas comunidades están empezando a ser tensionadas por una serie de circunstancias, como el cambio climático que aumenta el déficit de agua o el crecimiento urbano que modifica el uso del suelo y el acceso al agua", ha explicado.

Uno de los desafíos que debe afrontar ahora este país, en el que "desde hace un siglo no se aplica una Ley de Aguas", a pesar de estar vigente, es concretar el papel del Estado en la mediación de la gestión del agua para evitar conflictos en algo que hasta ahora se hacía de forma "natural y espontánea", sin tensiones entre los propios usuarios, ha comentado.

En Bolivia, el acceso al agua potable, a pesar de estar reconocido como un derecho constitucional, no se cumple en parte del país, ya que, por ejemplo, en una ciudad grande como Cochabamba, el servicio adecuado de agua potable cubre sólo un 30 0 un 40% del núcleo urbano, ha precisado Salazar.

Por su parte, la directora de la oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida", Josefina Maestu, ha afirmado a Efe que muchos países que no han desarrollado todavía sistemas de gestión de agua, como Kenia o Bolivia, se fijan en la dilatada experiencia de España en este asunto.

"Las comunidades de regantes que vienen desde antiguo han pasado a organizarse en federaciones de comunidades de regantes que se convierten a su vez en comunidades de usuarios, no sólo de regantes, sino también de pequeños municipios o usos hidroeléctricos", ha resaltado.

Este tejido asociativo tan arraigado en el ámbito rural español y que no se encuentra en otros países, a pesar de que aquí "se da por supuesto", se ha mantenido durante muchos años, sin que sea imprescindible la financiación externa, como queda demostrado con las comunidades de regantes, que funcionan con sus propios sistemas de pago, ha concluido.