Ecologistas en Acción analiza en un informe los Efectos de la Fractura Hidráulica sobre el Agua en España

Mié, 21/11/2012

iagua.es

La fractura hidráulica, técnica de extracción de gases no convencionales del subsuelo, amenaza los acuíferos de una gran parte del Estado español. Cerca del 80 por ciento de los permisos se localizan sobre acuíferos conocidos, muchos de ellos especialmente sensibles a la contaminación. Así lo afirma Ecologistas en Acción en una investigación presentada en víspera de una votación del Parlamento Europeo sobre esa técnica.

En los últimos meses, tanto los gobiernos autonómicos como el central han concedido numerosos permisos de investigación para la fractura hidráulica en diferentes lugares del Estado. La fractura hidráulica, o fracking, consiste en la utilización de agua a presión mezclada con productos químicos, que se introduce en el subsuelo, con el fin de fracturar los estratos rocosos profundos, y así liberar los gases en su interior.

En el informe elaborado por Ecologistas en Acción se destaca que alrededor del 80% de los permisos de investigación solicitados o concedidos, se localizan sobre acuíferos conocidos. Además, más de la mitad de los acuíferos afectados son de tipo calcáreo o carbonatado, que resultan especialmente sensibles a la contaminación por los productos químicos que contiene el fluido utilizado en el fracking.

Actualmente más de 30% de la población española (14 millones de personas) se abastece de acuíferos. Se da la circunstancia de que existen numerosos municipios en las zonas donde se pretende llevar a cabo la extracción de gas mediante fracking que se abastecen directamente del agua de los acuíferos que podrían verse contaminados de manera irreversible por el empleo de esta técnica.

Algunos permisos de investigación afectan directamente a parajes de gran interés natural, como por ejemplo las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, o las Merindades en Burgos, con el consiguiente daño ambiental a los ecosistemas acuáticos.

Ecologistas en Acción ha remitido el informe elaborado a los ministros de Industria y Medio Ambiente, a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, a los gobiernos regionales, y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. La organización solicita que se deroguen todos los permisos de investigación concedidos que se sitúen sobre acuíferos y que no se autoricen nuevos permisos en esas zonas.