La Generalitat llevara a Cañete a los tribunales si retira los lodos toxicos de Flix
Mié, 14/11/2012
El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, amenazó ayer con llevar al Gobierno central a los tribunales si empieza en los próximos días las obras de descontaminación del pantano de Flix (Ribera d'Ebre). Allí se acumulan más de 700.000 metros cúbicos de residuos tóxicos y radiactivos vertidos por la empresa química Ercros, la antigua Erkimia, a lo largo de un siglo. Tras décadas de retrasos, el Gobierno ha anunciado que la limpieza del pantano es "inminente". Sin embargo, Recoder asegura que el Ejecutivo catalán sopesa emprender "acciones legales" contra el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyo titular es Miguel Arias Cañete, si este ordena iniciar ya la extracción de los lodos tóxicos porque no están acabadas las obras de abastecimiento alternativo de agua de las poblaciones que se hallan río abajo del pantano. Estos trabajos deben asegurar el agua potable alternativa a estas poblaciones -en total, más de 720.000 vecinos, ya que el agua del Ebro llega hasta el límite de la provincia de Barcelona gracias al minitrasvase- en caso de un episodio de contaminación durante la limpieza del pantano.
Aún falta la ejecución de más de 40 obras, entre canalizaciones, pozos o depósitos, para garantizar el agua potable en la zona. Parte de estas obras dependen de la Agencia Catalana del Agua, encargada de las expropiaciones y afectada por la crisis, con una deuda de 1.300 millones de euros. Recoder recordó un convenio firmado en 2010 entre la Generalitat y el ministerio en donde se estipulaba el abastecimiento alternativo. El consejero criticó al Gobierno por considerar el problema de Flix como "local", cuando según su opinión es de ámbito nacional por la peligrosidad que entrañan los trabajos: mientras se sacan los lodos tóxicos y radiactivos, estos podrían removerse, contaminando el agua del pantano y causando "daños irreparables".
Aún falta la ejecución de más de 40 obras, entre canalizaciones, pozos o depósitos, para garantizar el agua potable en la zona. Parte de estas obras dependen de la Agencia Catalana del Agua, encargada de las expropiaciones y afectada por la crisis, con una deuda de 1.300 millones de euros. Recoder recordó un convenio firmado en 2010 entre la Generalitat y el ministerio en donde se estipulaba el abastecimiento alternativo. El consejero criticó al Gobierno por considerar el problema de Flix como "local", cuando según su opinión es de ámbito nacional por la peligrosidad que entrañan los trabajos: mientras se sacan los lodos tóxicos y radiactivos, estos podrían removerse, contaminando el agua del pantano y causando "daños irreparables".