La depuración de las aguas residuales de tres municipios del entorno del espacio protegido de Doñana se ha atascado en los despachos. Las obras, prácticamente rematadas, aguardan entre supuestas facturas pendientes y el pulso entre Administraciones tras el viaje de ida y vuelta de las competencias sobre la cuenca del río Guadalquivir.

Pero no está claro dónde se ha producido el atasco. La Junta de Andalucía sostiene que las obras de las dos depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado que solucionarían el problema están varadas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del que depende la CHG, acusa al Gobierno andaluz de ser el responsable: achaca el retraso en la puesta en marcha de este par de estaciones de depuración a la deuda que mantiene la Junta con la empresa encargada de las obras, Befesa.

Mientras, y con las plantas de depuración prácticamente rematadas, las aguas residuales de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado siguen llegando al arroyo de El Partido, una de las fuentes de Doñana. WWF sostiene que los desechos de las 40.000 personas que residen en estas localidades onubenses se vierten sin tratar. Esta organización ecologista ha presentado una queja ante la Comisión Europea por incumplimiento de las directivas comunitarias sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. WWF ha remitido un informe sobre los vertidos en la zona, que la organización difundió a principios de mes.

Este problema, recurrente en los últimos años, fue abordado en la última reunión de la Comisión de Trabajo de Aguas del Consejo de Participación de Doñana, celebrada el 5 de octubre en Hinojos. Lejos de encontrarse una solución, Junta y Gobierno se dedicaron a lanzarse dardos en forma de comunicados de prensa. "El retraso en la puesta en marcha de estas depuradoras es un ejemplo de la nefasta gestión de la Junta durante los tres años en los que asumió las competencias sobre la gestión del río Guadalquivir", sostuvo el departamento de Miguel Arias Cañete. Según el ministerio, la Junta "rechaza asumir el pago de dos millones de euros que se deben al contratista, correspondientes a un modificado que la empresa sí ha ejecutado".

El Gobierno andaluz, por su parte, rechaza esa deuda, ya que no estaría "avalada por ningún informe técnico o expediente administrativo". Según la consejería de Luis Planas, cuando en octubre de 2011 el Gobierno andaluz devolvió las competencias del Guadalquivir, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, las obras de las dos depuradoras "se encontraban a más del 95% de su ejecución". Este departamento interpreta que solo falta "la electrificación de la depuradora, cuyo coste ronda los 150.000 euros y que debe asumir el Gobierno central".

La construcción de las depuradoras de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado fue adjudicada el 24 de julio de 2006 por el Ejecutivo central. El coste previsto para la obra era de 10,2 millones de euros.

Cuando la Junta recibió en enero de 2009 las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir las obras estaban al 35%, según Javier Serrano, director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico del Gobierno andaluz. "La obra ejecutada se parecía como un huevo a una castaña a la prevista en el proyecto", sostiene Serrano, que achaca el retraso a estos cambios imprevistos. "Había acuerdos verbales que modificaron el proyecto", añade. La empresa Befesa ha preferido no ofrecer a este periódico su versión.

"La obra está ya prácticamente rematada, pero administrativamente está sin resolver", señala Serrano. El responsable de dominio público hidráulico de la Consejería de Agricultura rechaza que existan deudas con la sociedad encargada de la construcción. Serrano reconoce que había cinco millones de euros pendientes, pero que se abonaron a Befesa con el último plan de pago a proveedores. "Se ha pagado la totalidad de lo ejecutado", insiste el responsable de aguas de la Junta.

El ministerio estima que, "en unos meses", las obras podrían estar rematadas y que están trabajando en la "subrogación del contrato correspondiente". La CHG alerta de que, al recuperar las competencias, encontró "159 expedientes con información sesgada y de los que se ocultan deudas contraídas con los contratistas".

El asunto de las deudas y obligaciones, ocultas o no, es más espinoso de lo que podría parecer. Cuando el anterior Gobierno central, en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía decidieron que era imposible esquivar la sentencia del Constitucional y que, por tanto, todas las competencias debían volver al Estado, se aprobó la reversión a través de un real decreto. En ese texto, fechado el 21 de octubre, se establece que la Administración central asumiría "la totalidad de los derechos y obligaciones a partir del día de la entrada en vigor de este real decreto". Por si no quedara claro se añadía: "la Comunidad Autónoma de Andalucía continuará siendo responsable de los derechos y de las obligaciones, al igual que del pago de las deudas generadas por tales contratos, con anterioridad a dicha fecha de entrada en vigor". En un momento en el que las Administraciones miran por cada euro, esta cláusula podría ser una nueva fuente de enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central.