El desmoronamiento de la presa de Tous como consecuencia de las lluvias torrenciales, que causó la muerte a nueve personas y cuantiosos daños materiales, cumplirá el 20 de octubre treinta años, si bien aún hay afectados con problemas para afrontar las deudas que contrajeron por la catástrofe.

Fue poco después de las siete de la tarde del 20 de octubre de 1982, cuando las lluvias torrenciales que dejaron hasta mil litros por metro cuadrado reventaron el embalse y las aguas desbordadas del río Júcar inundaron la comarca de La Ribera, hasta alcanzar los nueve metros en Sumacárcer y los cinco en Carcaixant y Alzira.

La catástrofe, conocida popularmente como la "pantanada de Tous", segó la vida de nueve personas, causó miles de damnificados, y dejó unos 300 millones de euros en daños materiales en agricultura, viviendas y redes viarias.

Pocos días después, el juzgado de instrucción de Xàtiva inició un sumario que alcanzaría los 50.000 folios, y los 33.000 damnificados constituyeron varias asociaciones, como Afiva y Apemeda, si bien unos optaron por acudir a los tribunales por la vía penal y otros recurrieron a la contencioso-administrativa.

El Gobierno de Felipe González acordó unas primeras indemnizaciones de hasta 1.200 euros por la pérdida de la vivienda, una cantidad considerada insuficiente por los vecinos de la comarca de La Ribera, que se manifestaron cada 20 de octubre exigiendo justicia y mayores compensaciones.

El denominado caso Tous se prolongó hasta 1997, cuando, tras cuatro juicios, el Tribunal Supremo declaró la responsabilidad patrimonial directa del Estado por funcionamiento "anormal" del servicio público en las actuaciones que determinaron la rotura de la presa, y condenó al Estado a indemnizar a los recurrentes por los daños causados.

Asimismo, en 1993 y en 1995 se promulgaron sendos reales decretos leyes por los que los damnificados que se acogieron a ellos de forma voluntaria -cerca de 1.100- recibieron indemnizaciones para pagar los préstamos, a cambio de renunciar a la vía judicial.

En el año 2002, a instancias del Gobierno central, las asociaciones de damnificados se disolvieron y se paralizaron los procesos judiciales que quedaban en marcha.

Sin embargo, en 2006 el Instituto de Crédito Oficial (ICO) reclamó la devolución de los préstamos y sus correspondientes intereses, que los afectados creían que el Gobierno había condonado en 2002, y que superaban los 22 millones de euros.

Por ello, en 2007 se constituyó la Asociación de perjudicados por la rotura de la presa de Tous (AsperTous) para exigir la condonación de los préstamos concedidos tras la catástrofe, cuyo portavoz, Benjamín Lafarga, ha indicado a EFE que siguen sin tener una solución de la Administración central al respecto.

Lafarga ha indicado que de la asociación hay unos catorce afectados en esa situación, que constan como morosos, pero que podrían ser unas 400 personas a las que se sigue reclamando un préstamo concedido hace 30 años, muchas de las cuales son gente mayor y con una pensión muy ajustada.

El portavoz de AsperTous ha reclamado que estos afectados reciban una carta que acredite que el préstamo que obtuvieron hace 30 años está archivado, y ha lamentado que no se solucione "definitivamente este problema y se dé por cerrado un capítulo negro de la historia".