Un juez ha anulado la concesión del servicio de agua en Sóller a Aqualia por diversas irregularidades; el Ayuntamiento de Calvià tiene un contencioso con el Govern por permitir que Acciona dispare unilateralmente los precios un 40% en la zona de Peguera; el Ayuntamiento de Manacor mantiene de forma ilegal a la concesionaria con un contrato caducado hace más de un año; el Ayuntamiento de Marratxí fue denunciado por las concesionarias que perdieron el concurso frente a Facsa; y el Ayuntamiento de Inca se ha convertido en un foco de presiones hasta el punto de que se ha visto obligado a paralizar el proceso para la privatización del servicio del agua.

Son sólo algunos de los últimos episodios de la guerra del agua desatada en Baleares y que lleva camino de perjudicar gravemente a los consumidores. Siempre ha existido una fuerte competencia para gestionar el agua pero con la crisis y la escasez de obra pública la batalla se ha recrudecido hasta extremos insospechados.

Lo que sucede es que el negocio del suministro del agua mueve muchos miles de euros al año y es ajeno a la recesión económica. Ha bajado el consumo energético y de carburantes pero no el del agua. Para una gran empresa conseguir la concesión del agua en un municipio grande es la máxima aspiración. Son concesiones habitualmente de muchos años -más de 20 siempre-, la inversión no es muy elevada y los gastos de mantenimiento son muy reducidos. El negocio ofrece además otra ventaja y es que al contrario de lo que sucede con el servicio de basura, que cobra el Ayuntamiento, el recibo del agua lo cobran siempre las concesionarias directamente a los consumidores. No hay intermediarios y aumenta de forma considerable el margen de beneficios. Hay mucho en juego en esta partida en la que juegan las grandes empresas del sector y las administraciones.

En Baleares el negocio del agua se lo reparten muy pocas sociedades que son Acciona; Aqualia (filial de FCC); Sorea (Aguas de Barcelona) y Facsa, que es la que consiguió la última gran concesión, la de Marratxí por 24 años pagando un canon de 120.000 euros al año. La concesión ya fue muy polémica en su momento al ser Facsa una de las sociedades implicadas en la red de financiación ilegal del PP, según un informe policial derivado de la investigación del caso Gürtel. Fue la primera gran batalla del agua de la era crisis , una batalla donde no sólo intervienen las grandes empresas sino también políticos y administraciones. En Marratxí, la conceGovern de que los precios solicitados por Acciona no se habían aprobado por la falta de justificantes. Esta carta del Ayuntamiento a Vicepresiencia Económica tiene fecha de mayo de 2012 y en la misma el alcalde informaba que una vez subsanadas todas las deficiencias, se remitiría la propuesta de nuevas tarifas aprobada por el Pleno.

La sorpresa llegó el pasado 26 de julio cuando el BOIB publicó las nuevas tarifas del agua en Peguera aprobadas por Vicepresidencia Económica. Esta aprobación se realizó el 18 de julio, algo absurdo puesto que el Ayuntamiento aún no había celebrado el Pleno, faltaba una semana. La segunda sorpresa, y todavía más llamativa, fue que los precios aprobasión a Facsa por parte del Ayuntamiento ha estado siempre bajo sospecha y esta sombra se traslada ahora al Govern por el trato concedido a Acciona aprobándole una subida de precios que al parecer no está justificada.

La dura pugna entre concesionarias y los intereses políticos amenazan al bolsillo de los ciudadanos. Aparte de la subida del 40% en el precio del agua en buena parte de Calvià, está la anulación de la concesión en Sóller cuyo efecto en los consumidores aún no se conoce. En Manacor hay 8,5 millones de dinero público en juego correspondiente a la indemnización que exige la concesionaria. dos por Vicepresidencia Económica, lejos de ajustarse a la propuesta que manejaba el Ayuntamiento, fueron los que solicitaba Acciona, los que implicaban un aumento del 38%. También llamó la atención que, según lo publicado por el BOIB, fue el 11 de julio cuando la Dirección General de Recursos Hídricos presentó a Vicepresidencia el informe preceptivo sobre las nuevas tafias solicitadas por Acciona y que al día siguiente ya se reunió la Comisión de Precios para dar el visto bueno. Y llama la atención porque dicha comisión se reúne cada varios meses. Ya es muy irregular que un solo día se aprobaran las tarifas pero todavía lo es más que se aprobaran en contra de lo que iba a acordar el Ayuntamiento.

La consecuencia ha sido que el Consistorio de Calvià ha presentado un recurso de reposición contra el Govern. El equipo de gobierno no ha querido hablar de este tema a la espera de acontecimientos pero este medio ha podido saber que al no haber respuesta por parte del Govern ya se está preparando la vía judicial contra el incremento del 38%.

La propuesta aprobada por el Pleno supone un incremento general del 14,7%. La tarifa general la establece en 0,64 euros. Después establece una cuota mensual de 4,16 euros para las viviendas; 13,1 para los comercios y negocios; 24,96 euros para bares y restaurantes y 1,04 euros para cada plaza hotelera. >Reclama 1,18 euros de tarifa general y 6,02 euros por vivienda. Para comercios reclama 19,28 euros; 36,14 para los bares y restaurantes y 1,51 para plaza hoteleras. El incremento es del 38%.