La privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) se retrasará al menos una semana. Así se lo ha comunicado la Generalitat a los grupos interesados en la operación, que hasta el próximo 5 de octubre podrán presentar sus ofertas. Fuentes del Departamento de Territorio explicaron ayer que el objetivo de esa prórroga es "favorecer al máximo las cosas a los licitadores", sobre todo para que ganen tiempo en sus tramitaciones con inversores financieros para una operación de esta magnitud, que supone un desembolso inicial de 300 millones de euros y de 700 millones durante los 50 años que dure la concesión.
Esta modificación en el concurso de la empresa pública es la segunda que realiza la Generalitat en lo que va de verano. La otra la hizo en julio, cuando también asumió las reclamaciones de las empresas interesadas para que rebajara la cifra del primer pago, que entonces estaba situada en 400 millones de euros.
Entre las interesadas en hacerse con la gestión del agua en alta -desde la captación en las cuencas hasta los depósitos municipales- están Aguas de Barcelona y la filial de la constructora FCC, Aqualia, que todavía no ha decidido si pujará. En los últimos cuatro ejercicios, Aguas Ter-Llobregat ha cerrado con pérdidas, que ascendieron a 34 millones de euros en 2011. A esos resultados negativos se añade la abultada deuda bancaria, que en el ejercicio pasado se situó en 679 millones de euros, además de 104,6 millones de euros adeudados a proveedores. El propio departamento asume que la privatización es consecuencia de las dificultades para encontrar liquidez en el mercado financiero.
Los obstáculos con los que está topando ATLL no son los únicos que tiene la Generalitat en sus procesos de privatización. El Ejecutivo tiene pendiente (la ha retrasado también), la colocación de sus vías de peaje, las que afectan a los túneles de Vallvidrera y del Cadí, por los que prevé ingresar 430 millones de euros. Los ingresos que obtenga de ambas operaciones serán imprescindibles para que el Departamento de Economía pueda cuadrar los presupuestos de la Generalitat de 2012 sin sobrepasar el límite de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda, del 1,5%. Los problemas para encontrar recursos en los mercados son los que han obligado al Ejecutivo catalán a demandar un rescate al Estado por valor de 5.023 millones de euros.