La Zona Regable del Chanza (ZRCH) fue una gran decisión política en la década de los 80. Se trataba de aprovechar microclimas, reservas de agua y experiencia y capacidad emprendedora de los agricultores onubenses fue pionera en el cambio a la tradición de secano de la Costa Occidental. Ha sido motor de desarrollo económico y social y una gran iniciativa impulsada y apoyada políticamente desde Huelva. Fue aprobado en los años ochenta por los Gobiernos de España y Andalucía que dieron ejemplo de unidad de acción a través de crear en 1987 una Comisión Técnica Mixta que ha sido un buen ejemplo de la cooperación interadministrativa y que en los 20 años previstos ha dado fin a las obras de infraestructuras dimensionadas para regar 17.000 hectáreas más algunas ampliaciones posteriores de tierras fuera de perímetros, óptimas para cultivos, de propietarios emprendedores que han contribuido a mejorar la gestión competitiva de tan complejo sistema de riegos. En estos momentos se nos presenta una gran oportunidad de reactivación al estar todas las competencias por primera vez bajo la misma Consejería y Delegación Provincial que debe facilitar la actividad para crear empleo y para incorporar mediante explotaciones de autoempleo individual o colectivo (cooperativas, organizaciones de productores, sociedades de transformación etc.) que integren a jóvenes agricultores que buscan empleo.

Para ello es necesario analizar para corregir y reconducir desde las quejas de los agricultores y sus Comunidades de Regantes sobre el Plan de Transformación de la ZRCH, que tuvo como base la legislación de la reforma agraria de los ochenta, en la que todas las parcelas que están dentro del perímetro tienen que regar por obligación, expropiando al que no cumpla, creando riqueza y empleo y la tierra agrícola se le entrega a un emprendedor que desea cultivarla y cumplir los compromiso asumidos al hacer la reserva de tierras. Este fue el primer listado de 1987 y que no ha sido actualizado a los largo de los 25 años transcurridos a pesar de las numerosas modificaciones por fallecimiento, venta o cambio de uso.

Durante estos años desde primera línea he vivido cómo al decaer el espíritu de la Ley Andaluza de Reforma Agraria desde la dirección de el IARA han faltado directrices y decisiones alternativas para impulsar tan complejos procedimientos de la ZRCH. Ello ha generado incertidumbre en los funcionarios, agobiados porque faltaban medios y recursos humanos encargados administrativamente de tan complejo proyecto en Huelva. Por ello se han producido incumplimientos de trámites que han desconcertado a regantes y las Comunidades de Regantes. El resultado ha sido que los agricultores que han cumplido con sus obligaciones de regar y crear empleo no se han visto apoyados, mientras que los incumplimientos en un 50% han quedado impunes. Ahora es el momento de corregir por una fórmula más flexible de riegos a la demanda de la que Huelva es pionera, experimenta y aplica con éxito desde 1987.

En 1987 el IARA, apoyado por las Comisiones Promotoras de Regadíos en Cartaya y Lepe, tramitó la reserva de tierras para riegos para cada agricultor. Las obras del sector 1 y 9 se terminaron antes de 1991 pero el proyecto de calificación no se redactó hasta 2002 y la liquidación de los sectores 1, 2, 3, 4, 9 hasta 2005. Estos retrasos han sido burocráticos, a la falta de energía eléctrica para poner en marcha estaciones de bombeos, a fallos de los sistemas de riegos que se tuvieron que probar y reparar y en los equipos informáticos que nunca funcionaron, en estos sectores hemos sido pioneros y hemos aprendido todos. Pero sorprende que el IARA, para actualizar los listados no haya aprovechado ni los datos de que dispone: catastro, sipag, riegos precarios, para actualizar los listados, ni siquiera se han aprovechando las comunicaciones que han recibido de los propietarios de parcelas al solicitar autorización para vender a otro regante, o para los cambios de uso a urbano, residencial, turístico o industrial, para la autopista, etcétera.

El empuje de un 50% de los agricultores ha sido tal que el IARA-IRIDA ha ido a rastras de los agricultores más emprendedores que se iniciaban con los riegos a precario fomentados por la CHGuadiana a cambio de pagar el agua medida en contador. Se ponían en funcionamiento la nueva red de riegos y se conectaban las parcelas, pero se demoraba la declaración oficial de puestas en riego de cada sector, por causa de la falta de suministro de energía eléctrica, por cuestiones burocráticas. Por deficiencias burocráticas no se han facilitado la puesta en riego real, ni el suministro eléctrico ni las licencias de obras e instalaciones afectos a la explotación agraria y necesarios para los cultivos e intensivo. La legislación de reforma agraria en Huelva ha sido un freno, pero los poderes públicos han sabido reaccionar a tiempo supliéndola por el modelo de riego a la demanda experimentado por primera vez y con éxito como regadíos privados en el Sur Andévalo, alternativa no aplicada por los servicios técnicos de la Comisión Técnica Mixta muy operativa para ejecutar obras pero no ha evolucionado en la gestión de riegos.

En la reunión el pasado día 20 de la nueva delegada de Agricultura Carmen Lloret con las Comunidades de Regantes del Chanza-Piedras y de Piedras-Guadiana, en unión con COREHU, se le ha manifestado que los regantes no se oponen a pagar lo justo y equitativo ni después que otras zonas regables equivalentes de Andalucía. No admitimos ser discriminados en plazos y cuantía de la subvención que debe actualizarse del 60% al 90% de acuerdo con la Orden de 21 de julio de 2010 que se aplica a las ayudas a regadíos. En dicha reunión hemos salido con la confianza de que va a reconducir el proceso por la vía del dialogo reactivando el grupo de trabajo que se creó en 2005, se ratifico por el director general en 2008, pero que no se ha reunido más de dos veces. Todos hemos hablado claro, ella ha estado receptiva y ha escuchado nuestra exposición, ha anotado pero como esperábamos en este primer encuentro no se ha definido sobre la suspensión temporal del anuncio de cobro que le solicitábamos ya que la orden vino de la Consejería. Reconoció el derecho de los afectados que antes del 27 de agosto presentarían recursos de Reposición y alegarían la prescripción teniendo en cuenta el Proyecto de Liquidación que se aprobó en 2005, nada se le ha comunicado ni reclamado de forma personal hasta ahora y han transcurrido los 4 años previstos. También recurrirán las CCRR como corporaciones de derecho publico y reclamarán mejorar los listados para que estén todos los que se benefician de la red de riegos y conseguir para las obras de interés común un porcentaje de subvención similar al que se indica en la Orden de 21 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, que se cifra en el 90%.

Se le recordó el tradicional espíritu de cooperación en gestión del agua entre las CCRR y la Junta de Andalucía, en la Junta de Explotación, que desde 1985 dialogamos y pagamos el agua que consumimos. Le informamos que hace dos años se nos ha bajado el canon del agua en alta, ya que al calcularlo la Junta de Andalucía, se comprobó que el precio que desde 1983 estableció la CHGuadiana, era excesivo no se aplicaban en Huelva los coeficientes 1:3:3 que se aplican en toda España al precio del agua agrícola respecto a la urbana e industrial. Pagábamos el mismo precio y la corrección nos bajó el precio del agua un 50%, cosa que agradecemos pero nadie nos ha devuelto el exceso aprobado durante tantos años. Nos hemos ofrecido a colaborar desde nuestra experiencia, conocimientos y con lealtad en la confección de unos listados ajustados a la realidad actual, y con ellos realizar la gestión de cobro de las CCRR mediante el pago del 20% de las cantidades recaudadas siempre que a los pocos que no paguen en voluntaria, le cobraría la Junta por vía de apremio si bien con los datos reales. Incluso se podría dialogar pagar la Comunidad, pero en un plazo mayor (veinte años), y posteriormente la Comunidad se lo cobraría a los regantes en el recibo de agua y lo que no se pagara gravaría a las parcelas que no pagaran.

Pero es muy importante que en este proceso se den de baja aquellas parcelas que han cambiado de uso cuyos propietarios fueron autorizados por el IARA pero sobre los que las CCRR ya no tienen influencia ni contacto. Se deben incorporar las parcelas de ampliaciones de regadíos que deben abonar la parte proporcional de las estaciones de bombeo a la que conecta y/o a los tramos de condiciones que aprovechan y utilizan. En esta situación están los tres campos de golf de Cartaya y los dos de Lepe, muchos almacenes e instalaciones agroalimentarias, las zonas verdes de complejos turísticos y de ocio, parque acuático, centrales hortofrutícolas, las parcelas con casa de recreo, los huertos familiares, etcétera. Se debe incorporar al nuevo listado a todos los que se benefician de la red de impulso y distribución de agua si bien con las cuantías proporcionales y costes de conservación que los técnicos expertos deben calcular. En este marco abierto al diálogo, las CCRR han celebrado reuniones informativas a sus socios el 20 en Lepe y el 21 en Cartaya. Se acordó presentar los recursos antes del día 27 y una estrategia común para continuar avanzando en el diálogo para lo que se le ha solicitado a la delegada que promueva un encuentro con el nuevo director general de Estructuras Agrarias, José Luis Salinas. Existe plazo para dialogar ya que la fecha para el pago por la vía voluntaria termina el 31 de octubre.