La reunión del presidente de la Diputación, Javier Moliner, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, no podía tener mejor resultado para los intereses de la institución provincial. Moliner logró arrancar al representante del Gobierno central el compromiso de revisar las competencias de las diputaciones en el ciclo del agua.

Así pues, el Gobierno analizará la cesión a las diputaciones de todas las competencias referentes al ciclo integral del agua. Moliner planteó en la reunión, en la que también estuvo el director general de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, una reforma «en profundidad» de los servicios que se prestan a los ayuntamientos y, en esta línea, «el suministro y tratamiento del agua es esencial», explicó el presidente provincial.

En estos momentos, está en proceso de revisión de la Ley del Agua y Javier Moliner mostró siempre una «especial sensibilidad» por garantizar el suministro del agua potable en toda la provincia, así como el correcto tratamiento de las aguas residuales, según se informó desde Diputación.

«No tiene sentido que no tengamos derivadas las competencias en esta materia, cuando desde la Diputación de Castellón estamos gestionando ya 87 instalaciones de depuración y dando servicio a 87.000 habitantes, con un coste anual de 5,9 millones de euros», apuntó el presidente de la Diputación.

Antes de que se iniciase este debate de modificaciones competenciales para reforzar el papel de las diputaciones, Moliner ya reivindicó en abril asumir todas las competencias en materia del ciclo integral del agua. «Somos quienes mejor conocemos el problema porque somos quienes más cerca estamos de los ayuntamientos y, por tanto, quienes más capacidad tenemos para poder resolver las carencias de agua que ya hoy nos toca solucionar», apuntó.

En este sentido, desde la Diputación se gestionan 87 instalaciones de depuración, y se tratan 7,2 hectómetros cúbicos anuales con un coste anual de 5,9 millones de euros. Además, la Diputación, en su presupuesto de 2012 ha destinado importantes partidas para llevar el agua a toda la provincia como los 246.000 euros del programa de saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas, las reparaciones de los sistemas hídricos, los cerca de tres millones de euros en colaboración con la Generalitat para poner en marcha las depuradoras, o los seis millones de euros destinados al saneamiento de depuradoras.

Otro punto planteado en la reunión fue la protección del litoral y la garantía de que se pondrán garantizar las 700 viviendas que «estaban en peligro» en la provincia con la interpretación y aplicación de la Ley de Costas que había hecho el Gobierno socialista. Así, Federico Ramos se interesó por la particularidad de la provincia de Castellón. Moliner le aclaró que no sólo es importante la protección de las viviendas, sino también garantizar la regeneración del litoral, especialmente en puntos «sensibles» como Benicarló y otros muchos, perjudicados por la erosión de la costas.

El Gobierno ha dado una solución provisional al prorrogar la concesión a 75 años, que permite tanto la transmisión hereditaria, escriturar las propiedades y hacer reformas, algo que hasta ahora no se permitía. Además, también se han comprometido en el Ministerio de Medio Ambiente a estudiar las condiciones en las que se pondrán en marcha las desaladoras, ya que las que se han planeado inicialmente son «inasumibles» para los ayuntamientos que recibirán el agua desalada, según precisaron desde Diputación.



Diputación propone asumir la gestión hídrica para ayudar a los ayuntamientos a resolver los problemas de suministro y hacer un reparto más eficiente de los recursos