El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a exigir a Sacyr, empresa que lleva la gestión de la empresa de aguas Emmasa, que realice una fuerte inversión para aumentar la desalinización bien ampliando su actual planta del Puerto o bien construyendo una nueva. Esto explicó Julio Pérez, teniente de alcalde, quien admitió que el Consistorio ultima el informe en el que detallará a Sacyr en qué quiere que gaste los 45 millones de euros que debe a la ciudad, un dinero estipulados en el contrato de privatización del servicio.

El Gobierno local quiere aumentar el flujo de agua desalinizada a la red de abastecimiento para reducir la dependencia de los mercados privados de las galerías y pozos, abaratar el coste del servicio, reducir el precio de la tarifa a los ciudadanos y mejorar la capacidad para enfrentarse a una sequía como la que sufren las Islas este año. "Estamos negociando con Sacyr y le hemos dicho claramente que tiene que realizar ya la inversión de 45 millones. Les vamos a entregar una hoja de ruta y negociaremos con ellos. Y la desalinización es uno de nuestros principales objetivos para reducir costes", admitió Julio Pérez.

El Ayuntamiento cuenta con una ventaja: los responsables de Emmasa también coinciden en esta prioridad. De hecho, la mayor parte de sus gastos van destinados a la compra de agua a los propietarios de las galerías. Un 60% del líquido que se consume en Santa Cruz viene de estas operaciones, principalmente de las galerías del norte de la Isla. Mientras, de los 45.000 metros cúbicos diarios que demanda la capital, la desalinizadora ayuda con el 40%, es decir, con 18.000 metros cúbicos de media. En total, el agua desalinizada -siempre mezclada con la que procede de los pozos y las galerías naturales para optimizar su calidad- llega a todos los distritos de Santa Cruz excepto al Suroeste. Esto supone abastecer a 150.000 personas.

La opción más factible es ampliar la planta que tiene la empresa en el Puerto. Tiene una capacidad máxima de tratamiento de hasta 21.000 metros cúbicos diarios, es decir, el líquido que cabe en nueve piscinas olímpicas. El agua pasa por tuberías subterráneas que llegan hasta los depósitos de Cabecera, Fumero, Cueva Roja, Salamanca y el que está al lado de la Plaza de Toros, a lo largo de ocho kilómetros de recorrido subterráneo.

La segunda gran demanda es la mejora de las infraestructuras de tratamiento de las aguas negras, pero Julio Pérez prevé incluir una partida menor en el informe que se entregará a Sacyr en las próximas semanas porque son partidas que se han solicitado al Gobierno central y el Ejecutivo canario. "No queremos perder esas subvenciones públicas, porque les corresponden a Santa Cruz, pero si necesitaríamos un adelanto para comenzar a mejorar el tratamiento de agua", explica el concejal socialista de Economía y Medio Ambiente.

Es un problema muy grave y acuciante para el municipio capitalino. Las aguas residuales del 70% de su población se vierten al mar "sin un tratamiento adecuado", subraya un informe realizado encargado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que señala además la necesidad de mejorar las instalaciones de depuración de las aguas negras para evitar más daños a los ecosistemas costeros.

La clave está en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, situada entre el Intercambiador y el Parque Marítimo y que ocupa 5.000 metros cuadrados. El agua que recibe no se bombea, en contra de lo previsto, a la depuradora de Buenos Aires, sino que la totalidad del afluente pretratado se vierte al medio marino a través del emisario submarino.

La red de depuración, que gestionan Emmasa y el Ayuntamiento, precisa una inversión urgente de unos 90 millones de euros. El concejal santacrucero de Servicios Públicos y responsable de Aguas, Dámaso Arteaga, admite que las instalaciones de las que dispone hoy el municipio están al límite de su capacidad y no alcanzan para realizar un tratamiento completo a las aguas residuales que genera el área metropolitana.

Pérez y Arteaga confían en alcanzar pronto un acuerdo con Sacyr para evitar otras medidas, incluso una denuncia en los juzgados por incumplimiento de contrato que podrían afectar a las relaciones con la empresa. Además, la oposición presiona cada vez en sus exigencias al Gobierno local para que Sacyr destine de una vez el dinero comprometido a infraestructuras tan necesarias, más en un momento de tantas dificultades económicas para las arcas públicas como el actual.

"Nuestro objetivo es obtener una solución extrajudicial y que además llegue cuanto antes. Se lo hemos hecho saber a la empresa", recuerda Julio Pérez, quien añade que en la hoja de ruta que se entregará a Sacyr también figurarán otras mejoras en la red de abastecimiento para mejorar la calidad del servicio y ahorrar dinero con la disminución, por ejemplo, de las fugas de agua.

El 40% del líquido que se consume en la capital procede del mar; el 60% se compra a los dueños de las galerías y pozos Otro de los problemas a resolver es que el 70% de los caudales residuales se vierten sin un tratamiento adecuado

El Gobierno local urge a la empresa a invertir los 45 millones que debe se centra en ampliar la planta del Puerto y mejorar la capacidad de las depuradoras