La Comisión Europea acaba de aceptar a trámite una queja presentada este mes por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ante la grave amenaza que supone, a su juicio, el dragado de profundización del Guadalquivir para el Parque Nacional de Doñana y otros espacios de la red Natura 2000. La Unidad de Infracciones de la Comunidad Europea también evaluará la mala aplicación de la normativa de evaluación de impacto ambiental.

Según una nota enviada a esta Redacción, WWF España fue informada ayer por la Comisión Europea de que ha sido admitida a trámite su queja contra el dragado de ensanche y profundización del estuario del río Guadalquivir, que la Autoridad Portuaria de Sevilla pretende llevar a cabo dentro del proyecto Actuaciones de mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla.

Cabe recordar que en octubre de 2011, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) envió una carta a la Autoridad Portuaria en la que desautorizaba el proyecto y exigía el cumplimiento del dictamen de la Comisión Científica del Guadalquivir, tras lo cual debería volver a pasar una declaración de impacto ambiental para determinar su viabilidad.

WWF considera que 'la obra no puede llevarse a cabo, ya que vulnera claramente varias directivas europeas'. La posible concesión de financiación europea no cambia esta situación, por lo que WWF España decidió presentar la queja ante la Comisión Europea y su Unidad de Infracciones.

Desde que se propuso inicialmente el proyecto, WWF España viene alertando de los graves riesgos que un dragado de profundización conllevaría para el Parque Nacional de Doñana, el Parque Natural de Doñana, el Brazo del Este o el propio estuario del Guadalquivir, todos protegidos por la normativa española y por la Directiva Hábitats e incluidos en la Red Natura 2000. Estos peligros han sido confirmados posteriormente por el Dictamen de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir, que declara la no viabilidad ambiental de la citada actuación. Además, el informe elaborado por la Misión Internacional conjunta del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Secretaría del Convenio Ramsar, que tuvo lugar en enero de 2011, también rechazan el dragado del Guadalquivir.

WWF ha denunciado en Bruselas la posible vulneración de la Directiva de evaluación de impacto ambiental, ya que el proyecto carece de resolución de autorización, donde consten contenido y condiciones del citado dragado para evitar el daño ambiental en Doñana, espacio protegido de valor internacional. 'Es un proyecto inaceptable hoy en día y Doñana, y todo el estuario de Guadalquivir, están amenazados por la obstinación de la Autoridad Portuaria de Sevilla', manifestó Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. En su nota subraya que 'los científicos, los organismos internacionales, la Junta de Andalucía y el propio Ministerio han dejado claro que el dragado no se puede hacer y ahora la Unión Europea investiga las irregularidades que rodean a este proyecto'.

Cabe recordar que la Comisión Europea, la administración comunitaria que ha aumentado al máximo (80%) su financiación a la obra del dragado de profundización del río y ha calificado ese tramo del Guadalquivir de Sevilla a Sanlúcar (90 kilómetros) como vía navegable estratégica y prioritaria para el transporte europeo, también tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la legislación que obliga a preservar el espacio protegido de Doñana.

Es por tanto el gobierno europeo el que debe garantizar que la obra del dragado se acometa sin causar afección al Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente conviene en que es la Comisión Europea la que ha de resolver cuál es su prioridad en este punto. Europa ha elevado de un 65% a un 80% la financiación a esta obra de 31 millones. El Puerto tiene prisa por hacerla porque el dinero europeo se perderá sino se inicia de aquí a 2013. Los científicos y la Unesco han dejado claro que el dragado de profundización que quiere el Puerto de Sevilla se puede hacer siempre que antes se cumplan importantes requisitos medioambientales.

Las organizaciones agrarias piden las competencias sobre el río

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) abogan por recuperar la gestión de las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, a su paso por el territorio andaluz, para la Junta de Andalucía, después de que el Gobierno central aprobara a inicios de este mes de mayo un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma 'directamente' las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, derogando de esta manera la norma que ofrecía a la Junta la gestión de la policía hidráulica de la cuenca del Guadalquivir. De esta manera, el coordinador general de la COAG en Andalucía, Miguel López, en declaraciones a los medios antes de participar en la Comisión de Desembalse del Guadalquivir, manifestó que en este asunto hay que 'alcanzar acuerdos y no verlo como un pulso entre Estado y Junta, y menos que se analice como un pulso político partidario entre ambas administraciones'. A su juicio, 'mientras más cerca del territorio esté la gestión del Guadalquivir ésta tenderá a ser más eficaz'. En este sentido, opina que 'la transferencia de competencias se tenía que haber consagrado en favor de la Junta', pues Andalucía cuenta con 'prácticamente el 100% de la cuenca'. El coordinador general de la COAG en Andalucía reconoció que otras regiones tienen derechos sobre las aguas del río, un hecho que 'no se pone en cuestión y que debería ser algo normal que se pacte en el ámbito de las instituciones estatales'. De otro lado, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, comentó que el debate de la gestión del Guadalquivir tienen que ser 'global y no parcial' sobre las competencias de la policía hidráulica.