Desalinizadora: aguas turbias
Mié, 04/04/2012
El intento de cambiar la compañía que efectúa las operaciones en la desalinizadora de El Prat (hasta ahora en manos de Agbar) ha provocado una espiral de problemas al Govern. La decisión de adjudicar esos trabajos a Cadagua (Ferrovial) ha sido como abrir la caja de Pandora entre el Govern y Agbar. A la vista del conflicto desatado, el Govern ha decidido dar marcha atrás, y dejar sin efecto el concurso que ganó Cadagua. De la desalinizadora se hará cargo la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que gestiona los grandes grifos en la región de Barcelona.
Lo que se presumía un plácido intento de excluir a Agbar para que dejara de operar en la desalinizadora se ha convertido en un conflicto entre el Govern y la compañía de aguas. En apariencia es un conflicto menor, el derivado de un contrato de menos de 300.000 euros. Pero en el fondo hay una pugna simbólica por el control del agua en Barcelona, en un momento clave, puesto que pronto se dilucidará el gran contrato para privatizar la red regional de abastecimiento en manos de ATLL (potabilizadoras, conducciones...).
Pero la factura la pagará la empresa Cadagua, a la que ATLL adjudicó el contrato, pues lo ganó al ser la mejor oferta (300.840 euros) frente a las propuestas de Acciona (312.642 euros), Acsa (302.697) y Agbar (233.433).
La exclusión irritó a Agbar, que juzgó injustificada su derrota y anunció una impugnación del concurso. Lleonard Carcolé, presidente de ATLL, replicó que la oferta de Agbar era "desproporcionadamente baja", y que no ofrecía todas las garantías.
Carcolé declaró que, ante el cúmulo de problemas ocasionados, la empresa ATLL asumirá estas funciones (los 19 operarios), puesto que ATLL está capacitada para ello tras el periodo de rodaje que ha tenido la planta en manos privadas. "No vamos a firmar el contrato con Cadagua", sentenció Carcolé, quien insistió en que la empresa no tiene derecho a indemnización, pues el pliego de condiciones del concurso ya advertía que ATLL se reservaba el derecho a cambiar de planes.
El problema se envenenó en el tránsito a la nueva contrata de Cadagua. Los trabajadores afectados rechazaron las condiciones laborales de la nueva compañía, pues no les garantizaba sus derechos de antigüedad. Incluso amagaron con hacer un plante y parar la desalinizadora.
Carcolé sostenía el viernes que estos trabajadores no podían ser subrogados por ATLL, puesto que el vínculo entre Agbar y la Administración era uns contrata de obras y servicios para cubrir temporalmente el periodo de garantía de la desalinizadora. En cambio, ayer cambió de opinión, y juzgó que ATLL subrogaba estos empleos para no ocasionarles males mayores. En la operación por un periodo de dos años de garantía también estaban, junto con Agbar, ACS y Degrémont, que fueron también las que construyeron la desalinizadora.
Lo que se presumía un plácido intento de excluir a Agbar para que dejara de operar en la desalinizadora se ha convertido en un conflicto entre el Govern y la compañía de aguas. En apariencia es un conflicto menor, el derivado de un contrato de menos de 300.000 euros. Pero en el fondo hay una pugna simbólica por el control del agua en Barcelona, en un momento clave, puesto que pronto se dilucidará el gran contrato para privatizar la red regional de abastecimiento en manos de ATLL (potabilizadoras, conducciones...).
Pero la factura la pagará la empresa Cadagua, a la que ATLL adjudicó el contrato, pues lo ganó al ser la mejor oferta (300.840 euros) frente a las propuestas de Acciona (312.642 euros), Acsa (302.697) y Agbar (233.433).
La exclusión irritó a Agbar, que juzgó injustificada su derrota y anunció una impugnación del concurso. Lleonard Carcolé, presidente de ATLL, replicó que la oferta de Agbar era "desproporcionadamente baja", y que no ofrecía todas las garantías.
Carcolé declaró que, ante el cúmulo de problemas ocasionados, la empresa ATLL asumirá estas funciones (los 19 operarios), puesto que ATLL está capacitada para ello tras el periodo de rodaje que ha tenido la planta en manos privadas. "No vamos a firmar el contrato con Cadagua", sentenció Carcolé, quien insistió en que la empresa no tiene derecho a indemnización, pues el pliego de condiciones del concurso ya advertía que ATLL se reservaba el derecho a cambiar de planes.
El problema se envenenó en el tránsito a la nueva contrata de Cadagua. Los trabajadores afectados rechazaron las condiciones laborales de la nueva compañía, pues no les garantizaba sus derechos de antigüedad. Incluso amagaron con hacer un plante y parar la desalinizadora.
Carcolé sostenía el viernes que estos trabajadores no podían ser subrogados por ATLL, puesto que el vínculo entre Agbar y la Administración era uns contrata de obras y servicios para cubrir temporalmente el periodo de garantía de la desalinizadora. En cambio, ayer cambió de opinión, y juzgó que ATLL subrogaba estos empleos para no ocasionarles males mayores. En la operación por un periodo de dos años de garantía también estaban, junto con Agbar, ACS y Degrémont, que fueron también las que construyeron la desalinizadora.