La falta de humedad y, sobre todo, la ausencia de precipitaciones no sólo ponen en peligro el campo español, también su biodiversidad, y en especial, sus bosques. En los primeros dos meses de 2012 se ha quemado más del doble de superficie forestal que en el mismo periodo del año pasado: 3.993 hectáreas frente a 1.726. Una cifra que se agravará sin remedio si permanece la situación meteorológica actual. «Mucho antes del verano, en el mes de abril, podría producirse el primer gran incendio», adelanta a LA RAZÓN Raúl de la Calle, secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Ellos han sido los primeros en dar la voz de alarma acerca de la situación de zonas como el oeste de Castilla y León, Galicia y Extremadura. A estas comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha destinado varios equipos de prevención de incendios como «refuerzo extraordinario ante la situación de sequía que se está produciendo en la mayor parte del territorio español», explican desde la cartera de Medio Ambiente.

El número de fuegos que se han producido en los últimos diez años refleja una relación estrecha entre los años más secos -como 2005, cuando se produjeron 1.322 siniestros sólo en el mes de enero- y los más lluviosos, como 2010, en el que el primer mes del año se zanjó con 69. Este enero, sin embargo, la cifra asciende hasta los 449 y uno de ellos arrasó más de 500 hectáreas, lo que se considera como un gran incendio, un siniestro que no se daba desde hace tres años. A este respecto, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, indicó ayer en un receso del Consejo Asesor de Medio Ambiente que «se están produciendo incendios en zonas y fechas poco frecuentes». Asimismo, a pesar de la insistencia de varias asociaciones de agricultores de impulsar un decreto de sequía, el ministro prefiere ser cauto y pide prudencia: «Estamos evaluando la situación comarca por comarca y cultivo por cultivo». Aunque en su discurso insistió en que «todas las medidas están previstas para ponerlas en marcha si en marzo se desencadenan situaciones más graves y se valorarían los diferentes niveles de intensidad». Pero quiso dejar claro que «es prematuro hablar de escenario catastrófico porque los acuíferos no están en muy malas condiciones».

Los deseos del ministro se podrían cumplir si las lluvias que, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan para hoy en la cordillera norte llegan y se extienden al resto de la Península. No obstante, su portavoz, Ángel Rivera, explica que se producirá «un alivio parcial que supondrá una cierta humidificación, una renovación de la masa de aire, mayor humedad y romperá la cota de sol con el agua». Pero el campo sigue seco y las brigadas antiincendios se han desplegado en varias provincias. En especial en Galicia, donde más de 4.000 efectivos de la Guardia Civil se han incorporado para cubrir los fuegos que ya se están desatando en la región.

Huesca, en peligro

«La situación es peligrosa, estamos en prealerta porque la sequía es muy pronunciada», insiste De la Calle, ya que «la condición hídrica es la peor que atravesamos desde hace 70 años», añade. En un año normal en el que se respetan los ciclos de calor y frío, el dispositivo de prote-cción de fuegos no se pondría en marcha hasta junio, cuando las altas temperaturas se asientan en toda España y las precipitaciones sólo aparecen en forma de tormenta de verano. Pero en provincias como Huesca, una de las más castigadas por la falta de agua, los refuerzos de las brigadas contra fuegos llevan varias semanas en marcha. «Los dispositivos se han adelantado más de un mes porque en nuestra provincia hace más de tres meses que no vemos caer una gota», se lamenta Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca y uno de los impulsores de la mesa de la sequía que se ha reunido para valorar la situación de la zona. «Queremos que la región se declare como zona catastrófica porque a día de hoy sólo contamos con un 20 por ciento de dotación de agua y, si no remontamos, calculamos que las pérdidas serán muy importantes: más de 900 millones de euros sólo en volumen agrario, sin tener en cuenta las pérdidas por su no comercialización», indica Luna. Además de la repercusión económica, el retraso en los cultivos o la falta de cosecha también incidirá en la contratación de jornaleros, que, sólo en Huesca, supone de 4.000 a 6.000 puestos de trabajo.

Éstas son sólo las consecuencias que produciría una sequía prolongada, pero desde el Colegio de Técnicos Forestales insisten en «la mezcla de ingredientes que se están cociendo» para que los incendios se propaguen sin ningún obstáculo. «No se está invirtiendo lo necesario en prevención, es decir, en mantenimiento y labores de concienciación. Los recortes nos han sacudido mucho. Castilla y León, por ejemplo, ha reducido en más del 70 por ciento la limpieza y la gestión integral de los montes», añade Raúl de la Calle.