El eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha denunciado hoy ante la Comisión Europea los procesos abiertos de privatización de las empresas públicas de gestión del agua en la Comunidad de Madrid ("Canal de Isabel II") y la Generalitat de Cataluña ("Aguas Tert-Llobregat"), ha informado en un comunicado.

En una pregunta parlamentaria remitida a la CE, Meyer pide que se congelen sendos procesos, pues el paso a manos privadas de ambas empresas de gestión "imposibilitarán la garantía y el cumplimiento del derecho humano a un abastecimiento y suministro suficiente de agua potable para todos los ciudadanos y ciudadanas".

Meyer ha solicitado a la Comisión Europea que investigue los dos procesos de privatización, pues en su opinión incumplen varias normativas comunitarias, entre ellas, el convenio de Aarhus, que obliga a que estos procedimientos se realicen con total transparencia y participación ciudadana.

IU también alerta en su escrito a Bruselas de que existen "serios indicios" de un posible incumplimiento por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la normativa europea relativa al procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministro y de servicios.

Meyer dice haber tomado como referencia las experiencias privatizadoras de las empresas públicas encargas de la planificación y gestión del agua en Berlín, Roma y París, donde, a su juicio, "la privatización empeoró los servicios, encareció el agua y provocó que aumentará la desigualdad a su acceso".

Por lo que respecta al caso catalán, y a partir del a información que la ha remitido EUiA a Meyer, se pide se investigue la privatización de la empresa ya que ese cambio a manos privados se ha hecho, denuncia IU, "poco después de que se haya realizado un enorme esfuerzo financiero para mejorar y construir nuevas infraestructuras que ahora pasarán a ser propiedad de unas pocas personas y a darles beneficios".

En este punto, el eurodiputado ha apelado al Ejecutivo comunitario a que investigue el uso de fondos de cohesión de la UE para la mejora y construcción de estas infraestructuras que ahora quieren ser privatizadas y, según su denuncia, "solo habrán servido para incrementar los activos de empresas privadas contradiciendo los principios que los rigen".