El Gobierno no impulsará ningún trasvase en el Ebro si los informes científicos no garantizan el caudal ecológico mínimo del río. Es el compromiso que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, transmitió ayer al consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder. "Se antepondrá el criterio científico a los intereses políticos", señaló Cañete al consejero durante la reunión, según fuentes del Gobierno catalán. El encuentro estuvo marcado por el posible trasvase del Ebro hacia Murcia y la Comunidad Valenciana que el ministro contempla recuperar mientras el Gobierno catalán trata de enterrar a cualquier precio.

Cañete señaló que estudiará la situación cuenca por cuenca para determinar si alguna dispone de excedentes que permitan transferir caudal a otras zonas. Recoder quiso interpretarlo como un portazo al trasvase del Ebro al entender que sus informes señalan que este río no dispone de caudal suficiente para ceder agua a otras zonas. Queda por ver, sin embargo, si el Gobierno emplea el mismo criterio científico. Aun basándose en el análisis técnico, las Administraciones han mantenido hasta ahora discrepancias sobre el caudal ecológico mínimo que requiere la desembocadura del Ebro.

El Gobierno catalán reclama un mínimo de 7.000 hectómetros cúbicos anuales para el tramo bajo del río. La Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende del Ejecutivo central, propuso reservar solo unos 4.300 hectómetros. El desacuerdo, que se arrastra desde la anterior legislatura, ha paralizado la redacción del plan de cuenca del Ebro y forzado la apertura de un expediente de la UE ya que Bruselas exigía conocer este plan ya en 2010. Ese plan, confía la Generalitat, demostrará que el Ebro no admite trasvases.