Sentido común y solidaridad entre territorios. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado recientemente su disposición a poner en marcha políticas de aprovechamiento de aguas en las cuencas excedentarias, una situación que daría pie a la puesta en marcha de un trasvase del Ebro a la región mediterránea para solucionar los problemas de sequía que arrastramos, y que la nefasta política hídrica del PSOE no ha erradicado.

"Hagamos las obras que haya que hacer, porque hay mucho sentido común que aplicar a la planificación hidrológica de España. Hablamos de un gran pacto nacional del agua, no de una gran imposición nacional". Con estas reveladoras palabras, comparecía hace unos días el ministro, que se estrena en el cargo dispuesto a poner orden al problema hídrico de España, y que el PSOE multiplicó con su llegada al Gobierno hace 8 años, derogando el trasvase del Ebro a Castellón.

En la provincia de Castellón siempre hemos defendido una postura unánime y clara: los expertos han ratificado que nuestras comarcas padecen un déficit estructural de agua, una situación que quedaría resuelta con un trasvase del Ebro, cuenca a la que tenemos derecho a recurrir, teniendo en cuenta que nuestro río Bergantes también vierte sus aguas en ellas. Una vez más, solidaridad y diálogo.

De todos es conocido que el plan de desaladoras diseñado por el PSOE solo facilita 111 hectómetros cúbicos de agua de los 778 que estaban previstos, y lo hacen a un precio inasequible para los agricultores.

Además, de las 51 desaladoras previstas por los socialistas, sólo hay 17 en funcionamiento, 15 en construcción y el resto en trámites. A esto hay que sumar el hecho de que la inversión necesaria para que todas estén operativas asciende a 2.416 millones de euros, cifra a la que se debe sumar los 1.664 millones de euros ya gastados.

Aquí en la provincia de Castellón existen dos plantas, la de Orpesa y la de Moncofa, que acumulan años de obras y que todavía no están operativas, de las que reniegan los agricultores y los ayuntamientos de los municipios a los que, teóricamente, debían abastecer.

Esta postura no es nueva de ahora, sino que siempre ha sido la misma, solo que antes, el gobierno socialista obligaba a los consistorios a recurrir a este sistema. La Diputación de Castellón, con la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy a la Moncloa, vamos a mantener la misma postura que siempre hemos defendido. Castellón necesita un trasvase de agua del Ebro, por ser la solución más rápida, económica y sostenible. Así lo hemos expuesto en un recurso ante el Tribunal Supremo para dejar patente nuestra oposición a la política hídrica que se ha llevado desde el Ministerio. Asimismo, también reclamamos la autorización del Ministerio para que se nos reconozca el derecho a constituir el Consorcio de Aguas de Castellón, del mismo modo que existe en Tarragona. Y por último, reclamamos la conexión de los pozos que están localizados, pero no operativos, así como las prospecciones comprometidas para poner en marcha otros que soluciones el problema hídrico que se vive en el interior en momentos muy puntuales de demanda y en épocas muy concretas.

Desde la Diputación Provincial de Castellón que preside Javier Moliner, estamos del lado del ministro Miguel Arias Cañete, quien ha avanzado que su plan prevé "una nueva programación nacional de inversiones y actuaciones en infraestructuras que garanticen un abastecimiento en cantidad y calidad siguiendo el principio de solidaridad territorial".

Pensamos que ese es el camino que se ha de seguir, y a él vamos a entregar todo nuestro apoyo, como aliados colaboradores en una causa que creemos justa, aunque siempre manteniendo nuestro espíritu reivindicativo para defender aquello que creemos que también nos pertenece. En beneficio de todos.