El nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) apuesta por una política «solidaria» y condena al olvido a las desalinizadoras, impulsadas por el anterior Ejecutivo como la alternativa al travase del Ebro para traer agua a la Comunitat y que sólo han aportado el 6% del caudal prometido. El consejero de Agricultura en Murcia, Antonio Cerdá, ha propuesto que estas infraestructuras «se desmonten y se vendan los equipos a los países árabes» tras el «fracaso» del Plan Agua. Los regantes de la Comunitat aprueban esta iniciativa y, sobre todo, coinciden en la necesidad de buscar una salida.

«La venta de las desalinizadoras es una buena opción ya sea a los árabes o a otros países. El Gobierno se ha gastado una millonada en estas plantas, que no se van a utilizar. Sólo son adecuadas para sitios puntuales a los que no puede llegar un trasvase», afirma el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), Benjamín Aparicio. Argumenta que ningún agricultor «puede asumir el elevado precio del metro cúbico del agua desalada, que roza el euro». Además, destaca que las desalinizadora son «poco ecológicas y consumen demasiada energía eléctrica».

Andrés Martínez, presidente de los regantes del Vinalopó, coincide en que los «precios del agua desalada son prohibitivos» por lo que si estas plantas no se pueden utilizar, «hay que estudiar detenidamente la situación y darles una salida digna o reutilizar los materiales».

Desde la Conselleria de Agricultura abogan por «analizar si es posible integrarlas en algún sistema de suministro capaz de asumir su coste y ver qué alternativas existen para tratar de obtener alguna rentabilidad de unas instalaciones que, por sí solas, son ineficaces para resolver el problema del déficit hídrico que sufre la Comunitat».

Para el presidente del sindicato de Usuarios del Tajo-Segura, José Manuel Claver, las desaladoras para el regadío «son inasumibles» por lo que hay que buscarles una salida. «La solución puede ser la venta u otra opción. Lo que no puede ser es esa sangría económica constante en su construcción y mantenimiento». Eso sí, considera que deben permanecer algunas plantas para abastecimiento, como vía alternativa en casos extremos.

El portavoz del Consell, José Císcar, aludió al «fracaso» del programa Agua, «que no fue más que una marca acompañada de un listado de obras de las que no se analizó su viabilidad técnico-económica, y que supuso la imposición de una serie de desaladoras que se proyectaron sin ninguna planificación y sin ninguna garantía de sostenibilidad».

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, celebró ayer la intención del ministro Arias Cañete de recuperar el PHN y señaló que todas las autonomías «deben demostrar su solidaridad».

El presidente de Fecoreva considera «fundamental» este nuevo Plan Hidrológico. «Se llame como se llame, la idea es llevar agua de donde sobra a donde falta», resume. Defiende que la que procede de los trasvases resulta mucho más «asequible» y que estas infraestructuras son «para toda la vida», a diferencia del límite de la vida útil de 12 o 15 años de las desaladoras.

El responsable del sindicato de Usuarios del Tajo-Segura respalda que la política hidrológica «debe contemplar una nueva aportación de una cuenca exdentaria, con un coste de agua asumible para uso agrícola», advierte.

El ministro de Agricultura insistió ayer en la importancia de alcanzar un pacto en materia hidrológica «con un acuerdo solidario con todas las comunidades». Subrayó que el Gobierno «no va a imponer nada» pero tiene la obligación «moral de revisar la política hidrológica más fracasada de la democracia».

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró que el Gobierno «se plantea terminar de una vez por todas con la falta de política hidráulica». Eso sí, afirmó que no contempla realizar un trasvase del Tajo medio al Segura, una alternativa complementaria al del Tajo-Segura para los regadíos alicantinos y murcianos.