Las críticas del ministro Arias Cañete a las desalinizadoras no acabaron con su comparecencia en el Congreso: fue más explícito en la reunión que mantuvo por la tarde con los representantes de los regantes, a los que dijo que estas instalaciones son una sangría económica para el Ministerio por su coste desmesurado e insistió en que el agua producida no sirve para la agricultura. No ahorró calificativos, según explica José Manuel Claver, presidente de los regantes del Trasvase Tajo-Segura que estuvo presente en el encuentro con miembro de la directiva de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore).

«La música está muy bien; ahora vamos a ver la letra», comentó Claver, para quien Arias Cañete se mostró «muy receptivo» a todas las propuestas de los regantes. El ministro les informó que ejecutará la propuesta del PP de derivar agua, sin especificar qué canales piensa construir. Señaló que la urgencia son los planes de cuenca, como paso previo para definir el nuevo Plan Hidrológico Nacional, que en teoría incluirá un nuevo acueducto. Según Claver, el ministro quiere tener este plan aprobado a finales del año que viene, previo consenso con todas las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros de mañana aprobará la nueva estructura orgánica del Ministerio y de las confederaciones hidrográficas, cuyos titulares serán nombrados la próxima semana. Arias Cañete comentó que los cargos internos (comisarios, secretarios y jefes de planificación) dependerán directamente del Ministerio, que piensa ejercer un estrecho control.

El presidente Ramón Luis Valcárcel ha expresado su satisfacción por el nuevo Plan Hidrológico anunciado por el ministro, después del «discurso de la negativa» que ha recibido en los últimos ocho años. Para el presidente murciano, el anterior Ejecutivo no aportó ninguna solución que fuera «factible» y «completa», y no dijo nada «excepto no, no y no» a todos los planteamientos con respecto al agua. Valcárcel ha destacado que el plan es «lo que queríamos oír», y que no tiene por qué «enfrentar a nadie», ni ir «de una región contra otra», ya que se trata de una política «válida para los intereses generales» de todos los ciudadanos.

El ministro, por otra parte, ha insistido en la reforma de la Ley de Costas, tal y como anunció en uno de sus primeros discursos. Ha subrayado que se está estudiando la reforma de la normativa sobre la protección del dominio público marítimo terrestre para la protección del litoral y el desarrollo de las actividades económicas, dando seguridad jurídica. En esta línea, ha dicho que se promoverá la protección del litoral, se potenciará la protección de los ecosistemas y la recuperación de las zonas degradadas por factores naturales y artificiales. También se prestará «especial atención» a los humedales costeros, informa Efe.

Se elaborará una «estrategia marina» en cada una de las cinco demarcaciones y un Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas y un Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental. Del mismo modo, se promoverá la revalorización de las playas con campañas de información y sensibilización a los ciudadanos y usuarios del litoral para que contribuyan a la recuperación y protección de estos «valiosos» espacios. Ha insistido en que piensa poner en valor espacios degradados e incentivar actividades económicas. Se ha comprometido a «agilizar» los trámites administrativos de los procedimientos ambientales cuya duración está entre 24 y 36 meses.