El TSJ anula la adjudicación de la contrata de agua en Altea
Jue, 26/01/2012
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló ayer la adjudicación de la contrata del agua del Ayuntamiento de Altea, aprobada en agosto de 2008 por los entonces grupos de la oposición (PP y Bloc). El fallo da así la razón a la empresa Aqualia, que recurrió la decisión del pleno de adjudicar el contrato de abastecimiento de agua a TyosaAguas de Valencia, desoyendo la propuesta realizada por la Mesa de Contratación.
Esta sentencia llega después de que Aqualia presentara un recurso de apelación ante el TSJ contra el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que en mayo de 2010 refrendaba la decisión del populares y nacionalistas de adjudicar el contrato a Tyosa-Aguas de Valencia al entender que ésta estaba «motivada».
En esta línea se expresó ayer el edil de Hacienda alteano, el Pedro Barber, quien inpopular sistió en que la decisión adoptada por el PP y el Bloc estaba «amparada en informes técnicos y jurídicos». Barber apuntó que esta sentencia pone en un brete al ex alcalde y al ex edil de Hacienda socialistas, Andrés Ripoll y Eloy Hidalgo, que «ahora deberán explicar» a qué destinó el Ayuntamiento los cuatro millones de euros aportados por las empresas adjudicatarias en concepto de canon y que, en teoría, debían invertirse en obras de mejora.
Barber indicó ayer que el gobierno local «respeta» la decisión del TSJ, si bien «se está estudiando un posible recurso» ya que el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana «no es firme».
Esta sentencia llega después de que Aqualia presentara un recurso de apelación ante el TSJ contra el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que en mayo de 2010 refrendaba la decisión del populares y nacionalistas de adjudicar el contrato a Tyosa-Aguas de Valencia al entender que ésta estaba «motivada».
En esta línea se expresó ayer el edil de Hacienda alteano, el Pedro Barber, quien inpopular sistió en que la decisión adoptada por el PP y el Bloc estaba «amparada en informes técnicos y jurídicos». Barber apuntó que esta sentencia pone en un brete al ex alcalde y al ex edil de Hacienda socialistas, Andrés Ripoll y Eloy Hidalgo, que «ahora deberán explicar» a qué destinó el Ayuntamiento los cuatro millones de euros aportados por las empresas adjudicatarias en concepto de canon y que, en teoría, debían invertirse en obras de mejora.
Barber indicó ayer que el gobierno local «respeta» la decisión del TSJ, si bien «se está estudiando un posible recurso» ya que el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana «no es firme».