El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha incoado diligencias previas de investigación penal para aclarar el uso de una subvención destinada a construir la red de saneamiento del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) en Armilla, que, según el Ayuntamiento de la localidad, no está aún terminada y ha provocado vertidos en una acequia árabe.

El juez entiende que los hechos, que fueron denunciados el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento armillero, podrían ser constitutivos de los posibles delitos de prevaricación administrativa, concesión ilegal de subvenciones, contra el medio ambiente, falsedad en documento oficial y malversación de fondos públicos, según consta en el auto de incoación.

Así, el magistrado Antonio Moreno Marín ha pedido al Seprona de la Guardia Civil que elabore un informe acerca de la solicitud realizada por el Consistorio a la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, para la ejecución de las obras del plan parcial Campus de la Salud de Armilla tercera fase, y que indague sobre si la ayuda ha sido recibida y las obras ejecutadas.

Además, pide que se constate si se han efectuado las conexiones de saneamiento y evacuación de aguas fluviales y, en su caso, en qué medida y qué faltaría por realizar, y también si las aguas residuales del Campus de la Salud se están vertiendo a la acequia Arabuleila, por si esto pudiera constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El magistrado insta igualmente al Seprona a que solicite de la Delegación de Innovación copia del expediente completo de la subvención en cuestión y a la de Medio Ambiente los expedientes administrativos abiertos sobre las aguas residuales vertidas.

El alcalde de Armilla, el popular Antonio Ayllón, valoró la noticia confiando en que la Justicia aclare la «turbia gestión» de subvenciones para las conducciones del PTS y recordó que la investigación se ha abierto después de que el Ayuntamiento de Armilla presentara la denuncia, en concreto contra el anterior alcalde, el socialista Gerardo Sánchez.

«Ahora el juez ha declarado en un auto que estos hechos tienen la gravedad suficiente para poder constituir los presuntos delitos que incluía la denuncia, pero llama la atención que haya incluido además el de malversación de fondos públicos», señaló en un comunicado el regidor, para quien estas diligencias «son el síntoma de que hubo una trama oscura en la gestión de dinero público para realizar unas obras tan elementales como las de los saneamientos en una infraestructura de primer orden y que tras casi diez años siguen sin estar hechas».

Ayllón insistió en que el anterior alcalde, Gerardo Sánchez, «tuvo mucho que ver en este despropósito» y que no sólo no solucionó el problema sino que «pudo cometer un presunto delito de falsedad documental al asegurar en un documento público del Ayuntamiento que parte de las obras de los saneamientos estaban acabadas».

Para el actual regidor, «Sánchez mintió oficialmente firmando el documento en el que se pedía el 25 por ciento de la subvención que restaba para acometer toda la obra de las conducciones».

El Ayuntamiento de Armilla no concluyó unas obras de saneamiento del complejo que acabaron provocando vertidos.