El PP de Vigo desmontaba ayer el principal argumento esgrimido por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para dar por buena la ampliación de la concesión del servicio de aguas hasta 2020. El concejal popular Antonio Bernárdez se apoyaba así en un informe elaborado por los técnicos del propio Consistorio, con fecha de 5 de mayo de 2010, en el que se cifran en 35 millones de euros las obras urgentes que deberían acometerse en el plazo de un año en la estación potabilizadora de O Casal -21,5 millones de euros- y los aliviaderos para atenuar los efectos de las inundaciones. Una cifra que se eleva hasta los 290 millones de euros a 8 años vista, fecha de finalización de la prórroga que pretende aprobar el primer edil.

Insuficientes quedan por tanto los 30 millones de euros que Aqualia aportaría a la ciudad durante este último periodo y que cuentan con la conformidad del alcalde vigués. Así las cosas, una vez constado que la inversión hasta el 2020 no llegaría a cubrir ni tan siquiera las necesidades marcadas por el jefe del área de servicios generales, Bernárdez se preguntó dónde está la «operación ventajosa de la que habló Caballero cuando salió a la luz la ampliación de la concesión».

En esta misma dirección, tras insistir en que la actuación priva a Vigo de alcanzar dentro de 3 años -fecha en la que expiraba la actual concesión- el mejor contrato posible para los intereses de la ciudad, pidió al regidor olívico que «recapacite y rectifique» porque la operación «hipoteca el futuro de la ciudad y grava el recibo del agua».

«De este informe se deduce que el único interés del alcalde en este turbio asunto era aprobar a toda costa un nuevo contrato que le aportará liquidez para construir más aceras», concluyó.