La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, María Isabel Marqués, aseguró ayer en la Junta General que «el canon de saneamiento tendrá que multiplicarse por dos, en el caso de que los costes de saneamiento alcancen el volumen que estiman nuestros técnicos». De convertirse en realidad la advertencia, supondría un incremento en el precio que pagan los ciudadanos por el agua, medida que también va a aplicar el Gobierno catalán dentro de su duro programa de ajustes para contener el déficit.

En una comparecencia solicitada por el PP, y que acabó protagonizando el director general de Obras Hidráulicas, José Javier González Martínez, la Consejera también anunció su intención de redactar una ley autonómica de aguas, un plan de defensa contra las inundaciones en zonas urbanas y un programa de abastecimiento para los concejos del medio rural que no estén integrados en Cadasa. Marqués se limitó a leer la intervención inicial y, a continuación, anunció que iba a ser González el encargado de detallar los planes de la Consejería en materia de aguas y saneamiento. «Me temía la palabra concretar», indicó justo antes de ceder la palabra a su director general.

Pese a que, según consta en las respuestas del Gobierno a preguntas de la oposición, hay al menos 38 obras afectadas por la tijera, González aseguró que el Ejecutivo «no ha paralizado ni reprogramado» actuaciones de saneamiento, excepción hecha de la depuradora de Navia-Coaña, sino que aplica «reajustes ordinarios». Por lo demás, el director general exigió al Gobierno central la ejecución de la veintena de proyectos del plan de calidad de las aguas que, según indicó, tiene pendientes en la región y que suman 290 millones de euros. El Principado, por su lado, todavía no ha ejecutado veinte actuaciones de ese mismo programa, por 70 millones. González anunció que se comenzarán a licitar el año que viene, «siempre que podamos endeudarnos lo suficiente», precisó.