Los ríos españoles bajan desde las montañas con la interminable duda de si su salud depende de los municipios, de las autonomías o de las Confederaciones Hidrográficas. Su incertidumbre es lógica. Ésa puede ser la razón por la cual nos sorprenden imágenes imperdonables en unos cuantos cauces patrios. Los vertidos industriales, los trasvases incontrolados para uso privado, los residuos tóxicos urbanos, agrícolas y ganaderos, y la mala depuración son los principales factores que convierten un río en un ecosistema moribundo. En algunos casos el nivel de toxicidad y peligrosidad alcanza niveles inaceptables e inasumibles.

Uno de los que peor lo está pasando desde hace más de una década es el río Agrio (Aznalcóllar), y es que una década no es nada cuando se habla de millones de toneladas de metales pesados. Nacido en Sierra Morena y afluente del Guadiamar, su sevillana cuenca, abandonada a su suerte junto a gigantescas explotaciones mineras a cielo abierto, sufrió el dramático baño químico que alcanzó Doñana en 1998 y del que aún está muy lejos de recuperarse. A día de hoy, en el Agrio continúan las filtraciones y la mortandad de peces. El camaleónico color de sus aguas no deja lugar a la duda: el daño es irreversible.

En 2005, siete años después del vertido de Aznalcóllar, el informe «La calidad de las aguas en España, un estudio por cuencas», de Greenpeace, incluía el caso entre los principales puntos negros de las masas de agua nacionales. El proceso de contaminación iniciado en 1998 seguía vigente al no haberse sellado ni inertizado los residuos de las enormes escombreras. Las concentraciones de zinc (20mg/l) y manganeso (10mg/l) detectadas tras el desastre resumían la enorme lista de tétricos datos y subrayaban el estado de inutilidad del agua del Agrio.

En 2011, Ecologistas en Acción sigue denunciando los hechos. Juan Cuesta, desde su sede central en Andalucía, repite una y otra vez que «el mecanismo empleado para controlar las escombreras que dejó la empresa Boliden Apirsa cuando abandonó el lugar de los hechos no es suficiente». El sistema de franjas perimetales (simples zanjas) suele desbordarse con las lluvias fuertes y el río vuelve a recibir grandes cantidades de pirita. La idea original es que los residuos de los vertidos, acumulados en las escombreras, viajen a través de las zanjas hasta unas balsas desde donde se bombean hacia la depuradora. Todo esto con dinero público, ya que Boliden Apirsa, cuya culpabilidad confirmó la Audiencia de Madrid en 2009, rechazó desde el primer instante la imputación y se negó a pagar la multa. Parte de la herencia de su irresponsable actitud, según los análisis realizados por Ecologistas en Acción, se resume en un ph inferior a 3 (perfecto para desatascar tuberías, nocivo para todo lo demás) y una conductividad de 7.78 dS/m (un valor mayor de 3 dS/m ya es considerado excesivo). África Méndez, concejala delegada de Festejos, Turismo y Medio Ambiente del ayuntamiento de Aznalcóllar, municipio de 6.000 habitantes, comparte este problema ecológico con otros muchos que tiene el pueblo. En sus oficinas, sin competencia administrativa directa sobre el cauce del Agrio, son plenamente conscientes de las innumerables filtraciones contaminantes incontroladas, conocen de sobra la mortandad periódica de peces y la poca capacidad de las zanjas para controlar la tóxica escorrentía que ataca el cauce. Méndez aclara que «allí ya no queda nada de actividad minera», mientras reconoce que «de vez en cuando llueve y las zanjas no son suficientes para bloquear el paso de los residuos». Menciona varias veces el contraembalse construido y nos remite a los técnicos del ayuntamiento. Efectivamente, ya no existen explotaciones mineras activas, lo que hay es un problema medioambiental de dimensiones monstruosas. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía absorbe la competencia absoluta de las acciones en el cauce del río Agrio y en el Corredor verde del Guadiamar, creado en 2003 para aumentar la protección en la zona, pero se lo piensa demasiado tiempo antes de ofrecer una versión oficial del actual estado de las cosas. Es sintomático: las cosas no van nada bien. Y en época de crisis, peor. La infraestructura necesaria para poner a salvo al Agrio de toda esa colección de elementos químicos es demasiado cara y el presupuesto es el que es.

Situación hidrográfica española

Del mismo modo que en el Agrio es necesario implementar y mantener un sistema permanente de prevención de vertidos que recoja todo el lixiviado de las escombreras y lo acumule en balsas para su posterior depuración, a lo largo y ancho de las cuencas hidrográficas españolas también se están realizando grandes esfuerzos. Es preciso desplegar toda una completa serie de tratamientos de choque.

La Agencia Vasca del Agua es un buen ejemplo: persiste en sus trabajos de control de vertidos en los cauces de los ríos Oka, Deba, Urumea e Ibaizabal, donde los sistemas de saneamiento y depuración están ejecutados o parcialmente ejecutados. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico es otro perfecto ejemplo: está resolviendo los problemas que afectaban al río Nalón a su paso por las zonas industriales. La otra cara de la moneda, desgraciadamente, está repleta de instituciones que no asumen sus competencias y dejan la pelota en el tejado de al lado, no informan a los ciudadanos y no aportan los datos mínimos imprescindibles para demostrar que tienen todo bajo control. Distintas actuaciones en el Lengüelle y algún otro río gallego siguen generando demasiadas dudas.

Los expedientes sancionadores son estrictos en todas las cuencas; sin embargo, quizá nos estemos enfrentando a un serio problema de educación.