Desde la aprobación de la Directiva Marco Europea (DMA) sobre política del agua (2000), España –igual que el resto de los países miembros de la UE- está obligada a incorporar un nuevo enfoque en esta materia, acorde con la prioridad otorgada en la DMA a la gestión de los recursos hídricos y a la consecución de objetivos ambientales. Asimismo, el informe de la OCDE (2003) señalaba numerosas carencias en la política del agua en España, en particular en cuanto a su escasa utilización de instrumentos económicos incentivadotes de un uso más eficiente de los recursos hídricos.
El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la gestión y la utilización del agua) responde a los compromisos del Presidente del Gobierno en cuanto a la reorientación de la política del agua en España.