Desde hace al menos un decenio se vienen produciendo conflictos entre partidos políticos, y también en la sociedad civil, a causa de distintos problemas relacionados con la gestión de los recursos hídricos. Con frecuencia la temática de esos debates se ha centrado en los problemas ecológicos relacionados con el futuro del delta del Ebro. Sin embargo, muy pocas veces han señalado que la causa radical y quizá más importante de esta conflictividad está en el caos jurídico e institucional que existe en la gestión de las aguas subterráneas en casi toda España y de modo singular en la cuenca del Segura. En este breve artículo se pone de relieve la importancia de esta causa, generalmente ignorada tanto por los políticos como por la mayor parte de los grupos ecologistas.