En los últimos 20 años, un amplio marco jurídico internacional para la gestión de las aguas transfronterizas se ha desarrollado en la región paneuropea e incluye legislación de la UE (en particular, de la DMA) y los Convenios y Protocolos de la CEPE (en particular la Convención y su Protocolo de Agua sobre Agua y Salud). Este es, sin duda, uno de los marcos regionales más avanzados en la materia de la cooperación transfronteriza. Sin embargo, todavía hay margen de mejora: muchas cuencas transfronterizas aún carecen de una base jurídica para la cooperación, existen acuerdos que no siempre se aplican y los organismos mixtos no suelen ser aptos para su propósito. Por lo tanto, el fortalecimiento de las estructuras jurídicas e institucionales de la gestión transfronteriza del agua tiene que ser una prioridad absoluta. Esto implica prestar especial atención a una amplia adopción y aplicación del marco internacional existente, el apoyo a estas normas a través de acuerdo de nivel de cuenca y buscando la manera de asegurar su aplicación efectiva.