REGIONAL REGION MULTIPLE	LA VERDAD	Pág.   Sabado, 15/11/2003 Autor: M. BUITRAGO/MURCIA
	Una carta aparentemente falsificada dio origen al mayor proceso judicial contra la gestión del agua en Murcia
	REGIÓN MURCIA
	[6857 Caracteres] La Confederación Hidrográfica cree que se ha suplantado a una funcionaria fallecida, ya que no coinciden ni la firma, ni el apellido ni las fechas. El escrito de supuestas irregularidades atribuido a María Vicenta Oliveros se registró en la Fiscalía del TSJ de Madrid 67 días después de haber muerto M. BUITRAGO/MURCIA UN PROCESO TURBIO UN PROCESO TURBIO El caso. La Fiscalía del TSJ de Madrid abrió diligencias informativas 136/02 contra altos cargos de la Confederación Hidrográfica tras una supuesta denuncia de la jefa del Área Jurídica de la Confederación, por dejación de sus obligaciones y tolerar extracciones ilegales de agua en beneficio de varios grupos empresariales de la Región (cita a Mariano Roca Meroño, Hernández Zamora, Heredamientos de Aguas de Mula, SAT La Forja, Corche Raspay y SAT Abemar). Incluye además al magistrado del TSJ murciano Espinosa de Rueda (a quien se investiga también por supuestas irregularidades en la percepción de fondos de la UE para reforestar en la finca El Chopillo de Moratalla.) ¿Qué se investiga? 600 expedientes tramitados por la Confederación Hidrográfica en los últimos 20 años por presuntas extracciones ilegales de agua, supuestamente entregados por la funcionaria fallecida. Se comprobó que sólo un tercio de los expedientes correspondían a denuncia, y no todas por extracciones ilegales. El resto son trámites y oficios. Curiosamente, en la lista aportada al fiscal Valerio, 57 expedientes iban a nombre de Ecologistas en Acción, que no eran los denunciados, sino los denunciantes, sin que aparecieran irregularidades. ¿Quién denuncia? Las diligencias parten de una denuncia atribuida a María Vicenta Oliveros Lapuerta, jefa jurídica de la Confederación que murió en accidente de tráfico el 21 de julio de 2002 en Toledo, junto a su compañero Antonio Bernabé, jefe de prensa de la Confederación, y un hijo de 7 años de este último. Luego se sumaron Pro Río de Orihuela y otras organizaciones. ¿Una denuncia falsa? La jefa de servicio del Área Jurídico Administrativa de la Confederación se llamaba María Vicenta Oliveros Lapuerta. Según Pro Río, ecologistas, Esquerra Unida y otros grupos anti trasvase, fue la que denunció las supuestas irregularidades en la cuenca del Segura que ha dado origen a todo el proceso. En el escrito remitido al fiscal Valerio, sin embargo, no coincide el apellido (¿no sabía escribir su propio apellido?), y menos la firma. Asimismo, tiene entrada en el registro el 27 de septiembre, 67 días después de muerta. La investigación emprendida por la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura -a los que acusa de incumplir sus obligaciones y tolerar extracciones ilegales de agua en beneficio determinados grupos económicos murcianos, y de un magistrado con propiedades en la finca El Chopillo de Moratalla- parece haber dado un giro inesperado al conocerse ayer que la denuncia que dio origen a las diligencias pudo haber sido burdamente manipulada. Según ha podido saber este periódico, confirmado después por la Confederación Hidrográfica, el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, recibió un escrito con fecha del 8 de junio de 2002 firmado por María Vicenta Olivera, la cual se identificaba como jefa del Área Jurídico Administrativa de la Confederación. En la misiva, redactada con erratas y con un lenguaje poco acorde a la condición de un funcionario de nivel, le pide a Valerio que le dé cita para acudir a Madrid a prestar declaración sobre «la gravísima situación que existe en esta Confederación Hidrográfica y en los organismos centrales del Ministerio de Medio Ambiente, con relación al favorecimiento de determinadas personas y grupos económico -a los que están vinculados las autoridades decisorias, tanto de la Confederación como en el Ministerio, en el negocio ilegal de las reservas y apertura de pozos ilegales-.» En el mismo escrito le aportaba «relación detallada de todos los expedientes relativos a extracciones ilegales». Terminada apuntando que «con las debidas condiciones de privacidad de esta denuncia, se proceda a la investigación de esta ilegal favorecimiento». Este denuncia no sólo ha servido de base al TSJ de Madrid para iniciar una amplia investigación contra la gestión del agua en la Región de Murcia a cargo de la Confederación Hidrográfica, sino que el hecho aparente de que fuera formulada desde el seno de la propia Confederación por la jefa del Área Jurídico Administrativa ha sido utilizado por grupos ecologistas, la Plataforma Pro Río de Orihuela, Esquerra Unida de la Comunidad Valenciana y otros grupos anti trasvase para destacar la gravedad de las presuntas irregularidades con el robo de agua en el Segura. Datos que no cuadran Los elementos que hacen sospechar de una manipulación y de un supuesto delito de suplantación de identidad parecen evidentes para el secretario general de la Confederación, Gerardo Cruz, quien cree que «han utilizado de forma macabra la muerte de esta funcionaria». En la Confederación creen que alguien aprovechó el fallecimiento en accidente de tráfico de María Vicenta Oliveros -el 21 de junio de 2002- para hacerla pasar como la denunciante. Para sostener esta versión argumentan que la carta enviada al fiscal Emilio Valerio lleva fecha del 8 de julio, y sin embargo el registro de entrada en la Fiscalía del TSJ de Madrid se produce el 27 de septiembre, 67 días después del trágico accidente. Otro elemento destacado, asimismo, es que no coincide el apellido, y menos la firma de la jefa del Área Jurídico Administrativa. Según ha podido comprobar La Verdad, en los numerosos expedientes oficiales tramitados por María Vicenta Oliveros aparecen dos firmas: una con su nombre y apellido, y otra con un trazo simple en forma de uve acostada. Ninguna de estas dos firmas coincide con la que aparece en la denuncia al fiscal. También llama la atención que ni ella misma supiera escribir su apellido (Olivera en lugar de Oliveros). «Todo parece indicar que han suplantado su identidad una vez fallecida», señala Gerardo Cruz. «Lo primero que llama la atención es la fecha de registro, dos meses y seis días después de su muerte. Tampoco se corresponde el contenido de la supuesta denuncia con la formación administrativa que tenía Vicenta, y lo más llamativo es que una persona cometa errores al escribir su propio apellido, amén de la firma, hecho que habla por sí solo». La Confederación Hidrográfica no ha decidido aún qué actitud piensa adoptar ante lo que considera una operación dirigida a desprestigiar al organismo de cuenca y su gestión sobre los recursos de agua en el Segura. Creen que esta supuesta manipulación, descubierta en Madrid a raíz de la personación del abogado del Estado, «despeja muchas incógnitas».