Salud Nacional	La Razón	Pág. 18  Jueves, 18/03/2004 Autor:
	Los acuíferos españoles miden 177.000 kilómetros cuadrados
	[7431 Caracteres] (viene de la página 15)1Para empezar, el 30,1 por ciento del agua dulce que hay en el planeta se halla bajo nuestros pies (léase, pues, aguas subterráneas). Sólo el 0,006 fluye por los ríos. (casi el 70 por ciento restante se halla en glaciares y casquetes polares). Eso, para empezar. Desde la noche de los tiempos, civilizaciones del más variado cuño se han aprovechado de acuíferos y manantiales para saciar su sed y regar sus cultivos. Sistemas de galerías para captar y conducir el agua abastecieron Madrid desde la época musulmana hasta la mitad del siglo XIX; en Barcelona una extensa y muy antigua red de galerías hizo lo propio durante siglos. Situaciones similares se han dado en muchos lugares del Levante y Baleares. En España, las aguas subterráneas no son, pues, un recurso desconocido. Antes al contrario, siempre fueron objeto de aprovechamiento. Y hoy son mejor conocidas que nunca, pues ya son muchas las décadas dedicadas al estudio de la extensión, ubicación, funcionamiento y capacidad de nuestros acuíferos. embalses subterráneos Pero empecemos por el principio: un acuífero es una formación geológica capaz de almacenar agua, una formación en la que, además, el líquido elemento se desplaza muy lentamente. Su velocidad media puede variar entre decímetros y algunos centenares de metros... al año. O sea, que la residencia de esas aguas, su disponibilidad, en fin, es realmente extraordinaria. Y es precisamente esa capacidad de los acuíferos de almacenamiento la que otorga a las aguas subterráneas su carácter regulador. Así, en los acuíferos de cierta entidad prácticamente no se notan las sequías. Y lo cierto es que hay acuíferos de «cierta entidad». En total, y según datos del Instituto Geológico y Minero (IGME), estaríamos hablando de 177.000 kilómetros cuadrados, o sea, de una superficie equivalente a la de Andalucía toda y Castilla y León, que es la región más extensa de toda Europa. Es más, la cantidad de agua subterránea dulce y extraíble que hay en España, si tenemos en cuenta «solo el agua almacenada a profundidades de entre cien y doscientos metros en los principales acuíferos» sería de entre 180.000 y 300.000 hectómetros cúbicos, es decir, un volumen entre 3,5 y 6 veces mayor que el que pueden embalsar las 1.200 presas que existen hoy en nuestro país (la capacidad de nuestros embalses ronda los 55.000 hectómetros cúbicos). Las aguas subterráneas abastecen a un tercio de la población, unos trece millones de habitantes (y valga aquí un inciso, por su trascendencia, dado el país en el que vivimos, el de la pertinaz sequía: según el IGME, las pérdidas de agua que se producen a lo largo de las infraestructuras de distribución se sitúan entre el 34 por ciento en el caso de las grandes áreas metropolitanas y el 24 por ciento en las poblaciones inferiores a los 20.000 habitantes). Pero volvamos a esos trece millones de habitantes que se abastecen gracias a pozos, sondeos y manantiales. Resulta que ese colectivo es muy menor si lo comparamos con el porcentaje de habitantes que beben aguas subterráneas en otros países europeos. Según Ramón Llamas, Catedrático Emérito de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid, «todos los países de nuestro entorno, Portugal, Francia, Italia, Grecia, andan entre el 50 y el 80 por ciento (nosotros menos del 30). Es más, la Agencia Europea de Medio Ambiente considera normal un porcentaje de utilización de aguas subterráneas para abastecimientos públicos que ronde el 75 por ciento». En resumen, infrautilización de aguas subterráneas para abastecimiento urbano, que contrasta, apunta Llamas, «con las cifras de construcción de grandes presas, ítem en el que España ocupa el primer lugar de la UE en relación con su número de habitantes». ¿Conclusión? Nos encontramos frente a un recurso disponible que los expertos estiman puede alcanzar los 300.000 hectómetros cúbicos (el equivalente a 300 trasvases del Ebro), y un aprovechamiento para abastecimiento urbano que apenas ronda los 1.500. Dado lo dado, son muy muchos los técnicos que opinan que en numerosos puntos de la geografía española se están infrautilizando las aguas subterráneas, un recurso que además, y según Llamas, exige menos inversiones para hacerlo disponible que las que son precisas para llevar el agua de una cuenca a otra. El caso es que a estas alturas de la historia, el volumen de agua anual que se extrae de los acuíferos «para todos los usos» en España oscila entre los 4.500 y los 6.500 hectómetros cúbicos al año (los expertos consideran que podrían utilizarse hasta 30.000 ­ésa es la tasa renovable­ sin sobreexplotar el recurso y 30.000 por cierto son los hectómetros que emplean los españoles en total). Del volumen extraído, en todo caso, la parte mayor se va a los regadíos (4.800 en el mejor de los casos). Y es aquí donde se produce otro curioso fenómeno: según el IGME, el valor de la producción de las 942.000 hectáreas regadas con aguas subterráneas es superior a lo que producen las 2.263.000 hectáreas que la agricultura riega con aguas superficiales. ¿La causa? Según algunos expertos, el despilfarro que caracteriza a muchos regadíos que emplean las aguas superficiales, un derroche que contrasta con el cuidado con que se usa el agua subterránea. Tras todo ello subyace un hecho incontestable: mientras las obras que ponen a disposición del agricultor el recurso superficial las paga ese ente abstracto llamado Estado, las captaciones subterráneas suelen ser costeadas por el propio agricultor, de modo que en el ahorro del recurso (tanta más agua aflorada, tanta más energía necesaria) va la propia supervivencia de la explotación. ¿El problema? El descontrol administrativo. La situación se resume como sigue: según Juan Antonio López-Geta, director de Hidrogeología y Aguas Subterráneas del IGME, «disponer de un inventario completo de las captaciones de aguas subterráneas es un mandato legal de utilidad fundamental para la gestión de los recursos hídricos». El problema, desgraciadamente, es que en ese registro, a día de hoy, hay inscritas poco más de 100.000 captaciones, cuando la propia Administración estima que en España hay 500.000 y el IGME eleva ese número hasta los dos millones. O sea, que mucho más del 90 por ciento de las captaciones realmente existentes se encuentra en una situación jurídica irregular, lo cual dificulta seriamente la gestión de los acuíferos. Todo lo cual se ha traducido en sobreexplotación y problemas anejos: intrusión marina y agravamiento de la contaminación. A saber: en los acuíferos costeros, que desembocan subterráneamente en el mar, como cualquier río, ha empezado a entrar el agua marina salada, porque si antes la presión del agua dulce neutralizaba la fuerza del mar, ahora esa presión es menor y consecuentemente el agua de mar gana el interior. ¿Resultado? Hoy hay menos agua y la que hay es más salada. Según datos de la propia Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del ministerio, «de las 82 unidades hidrogeológicas costeras de la península e islas Baleares, el 58% presenta algún grado de intrusión marina como consecuencia de una explotación excesiva de sus recursos. En algunos casos (7%) ésta es de carácter local y se limita a áreas muy concretas del entorno de los bombeos, en otros (33%) afecta a zonas de mayor extensión y en el resto (18%) es generalizada en todo el acuífero o en su mayor parte». Salinos y contaminados/b>