REGIONAL MURCIA AGT Recepción: 19:34	Europa Press	Pág.   Sabado, 28/06/2003 Autor:
	MURCIA .- Pro-Río exige a la Administración que suspenda las ayudas a empresas sancionadas por el uso ilegal de recursos hídricos
	[4473 Caracteres] p> La Comisión Pro-Río Segura de Orihuela (Alicante) y Ecologistas en Acción de Murcia exigieron hoy a las autoridades comunitarias, estatales y autonómicas que "suspendan el pago de cualquier ayuda o financiación pública" a las empresas que hayan sido "reiteradamente sancionadas" por haber hecho uso ilegal de recursos hídricos. Así, a través de un comunicado, estas organizaciones solicitaron que la Administración suspenda las ayudas públicas a las empresas sancionadas, "o a las que se les ha iniciado expediente sancionador, esté caducado o no", y que les "impida seguir concursando en la obtención de fondos públicos con los que cometer actos ilícitos en relación con el dominio público hidráulico, por haber hecho uso ilegal de recursos hídricos a través de pozos u otros sistemas de extracción". Estas organizaciones ecologistas consideran que "durante años, las distintas Administraciones con responsabilidad en la cuenca del río Segura han ocultado la verdad y han negado el expolio de las aguas, pese a las pruebas". Incluso, afirman, "el Gobierno ha mentido en el Congreso de los Diputados al negar (año 2002) que en la finca del Chopillo, en Moratalla (Murcia), se estuvieran cometiendo irregularidades, pese a que muchas de las pruebas le pertenecen". Ahora, "cuando, tras datos aportados por el Fiscal del TSJ de Madrid y la UCOMA de la Guardia civil, comienzan a reconocer parte de lo que han venido negando sistemáticamente", la Comisión Pro-Río de Orihuela y Ecologistas en Acción Región Murciana, exigen, "ante las sospechas de una trama interautonómica de expolio y venta en el mercado negro de los recursos hídricos de la cuenca", que se tomen medidas para "controlar el desbarajuste hídrico" y que se "depuren responsabilidades". Así, piden a los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia "que depure responsabilidades en torno a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la que es titular un magistrado-empresario agrícola imputado por fraude de subvenciones, propietario de fincas de bosque quemado que, tras haber roturado, contienen una plantación de nogales con instalación de riego por goteo, en un desafío a la sequía y al ordenamiento jurídico de las aguas". Las organizaciones exigen el "abandono de este puesto por parte de una persona que no puede ser objetiva al enjuiciar, desde su responsabilidad, temas relacionados con el agua". Además, exigen la dimisión "de todas las autoridades autonómicas que públicamente han estado mintiendo y apoyando las actuaciones denunciadas de estas empresas, como es el caso de las fincas del Chopillo y el Molino, y que en los interiores de la Administración las han estado favoreciendo fraudulentamente". Piden también que cesen las ayudas a las empresas sancionadas y exigen a la Confederación Hidrográfica del Segura que "tome medidas inmediatas y ejemplares para controlar el desbarajuste hídrico en torno a la finca del Chopillo, en Moratalla". RESTAURACION DEL DAÑO. En este sentido, solicitan "que restablezca la legalidad y promueva la restauración del daño realizado por unos propietarios que están imputados en procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, por haber roturado y reforestado tierras de bosque con subvenciones europeas para tierras agrarias, ayudándose además de extracciones privadas presuntamente sobredimensionadas en torno a la Sierra del Búho, que hacen peligrar acuíferos importantes, como el del pantano del Cenajo". Las organizaciones ecologistas exigen también a las autoridades estatales y autonómicas que "respalden todas las iniciativas tendentes al esclarecimiento de estos hechos denunciados, sanción de los mismos, y restablecimiento, a cargo de los culpables, del equilibrio ecológico perturbado y la degradación del recurso". Piden también que "tomen medidas contundentes para paralizar cualquier otro uso abusivo e ilegal del agua de la Cuenca". Por último, informan de que tanto Pro-Río como Ecologistas en Acción de Murcia, personadas como acusación popular en la causa penal en Madrid por el 'Caso Chopillo', están dispuestas "a llegar hasta el final para depurar responsabilidades y restablecer el daño en toda la Cuenca, en beneficio de todos los usuarios, conforme exige la Ley de Aguas, y a eliminar los obstáculos para el cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas en los plazos establecidos".