REGIONAL VALENCIA AGT Recepción: 19:21	Europa Press	Pág.   Martes, 11/03/2003 Autor:
	COMUNIDAD VALENCIANA .- Fiscal pide apertura de juicio oral como acusados a directivos de CHS, Emuasa y un alcalde por contaminación del Segura
	[6841 Caracteres] El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que se encarga del caso abierto sobre contaminación del río Segura a instancias de IU, ha interesado la apertura de juicio oral como acusados a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de la empresa municipal Aguas de Murcia (Emuasa) y de un alcalde, por entender que hay indicios de un delito contra el medio ambiente y de un delito continuado de prevaricación medioambiental. En el escrito de calificaciones, el fiscal solicita la apertura de juicio oral como acusados al presidente y comisario de aguas de la CHS, Juan Cánovas y Antonio Alemán; a sus antecesores, Antonio Nieto y Luis Pérez Séiquer; al ex director gerente de Emuasa, José Luis Hervás; al alcalde de Alcantarilla, Lazaro Mellado; así como al responsable de la empresa constructora de la macrodepuradora de Murcia, Román Garrido, y el responsable a pie de obra por la CHS como director de obra Julio Muñoz. En concreto, el fiscal considera responsable de los delitos contra el medio ambiente como autores al ex gerente de Emuasa y al alcalde de Alcantarilla; como cómplices por omisión al presidente y comisario de aguas de la CHS y sus antecesores en ambos cargos; y como cómplices a Román Garrido y Julio Muñoz. En cuanto al delito de prevaricación, estima como autores a Antonio Nieto y Luis Pérez Séiquer. Respecto a las penas, en lo referente a los delitos contra el medio ambiente el fiscal pide la mayor para el alcalde de Alcantarilla, con un año de prisión, accesorias, multa de doce meses con cuota diaria de 12 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio por 18 meses, y costas. Las menores penas son para Román Garrido y Julio Muñoz, con la misma propuesta, pero tres meses de prisión sustituibles por seis meses de multa diaria de 12 euros e inhabilitación para profesión u oficio por seis meses. Para Antonio Nieto, Luis Pérez Séiquer, Juan Cánovas y José Alemán el fiscal pide cinco meses de prisión, sustituibles por 10 meses de multa, con cuota diaria de 12 euros, multa de seis meses con cuota diaria de 12 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio por diez meses, y costas. Además, para Nieto y Pérez Seiquer el fiscal solicita, por el delito de prevaricación, 20 meses de multa, con cuota diaria de 12 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años, y costas. Asimismo, el fiscal propone la comparecencia en el juicio oral, en declaración testifical, de la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Murcia, Concha Hernández; el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; el actual gerente de Emuasa, Enrique Nicolás; así como de tres guardias civiles y de José García-Balibrea Martínez. VERTIDOS SIN AUTORIZACIÓN. En su escrito de acusación, el fiscal considera que está constatado que desde 1986 y hasta marzo de 2000 "Emuasa ha venido realizando vertidos de las aguas residuales urbanas de Murcia sin ningún tipo de depuración por el colector de Beniaján, con una simple autorización administrativa provisional de la CHS que se mantuvo pese a estar catalogado por la propia confederación como vertido urbano muy industrial, y pese a que la CHS comprobó, mediante 12 análisis de las aguas, elevados parámetros" de diversos componentes, entre ellos amoniaco, estaño, niquel, mercurio, titanio y vanadio, ante lo que "no aperturó ningún expediente sancionador". Igualmente, cita un informe de enero de 2000 de un laboratorio de Elche (Alicante) del mismo vertido de Beniaján, en el que se pone de manifiesto que las aguas del río "no eran aptas para ningún uso, incluido el agrícola, con la posibilidad de generar, en su caso, peligro para la salud por el riesgo de transmisión de enfermedades que supone su uso para el riego de la huerta murciana y de toda la Vega Baja alicantina". En cuanto a la EDAR de Alcantarilla, el escrito del fiscal dice que las aguas de este municipio, junto a las del polígono industrial Oeste, "se han vertido sin ningún tipo de depuración al Guadalentín (Reguerón) y al río Segura, existiendo una depuradora que no ha funcionado, careciendo de la preceptiva autorización administrativa, ni provisional ni definitiva". Emuasa aceptó estos vertidos "sin comprobar sus características y si estan autorizados a ello, virtiéndolos directamente al Segura por el colector de la citada depuradora de Beniaján, para lo que seguía careciendo de autorización provisional". En marzo de 2000, "se canalizaron estos vertidos de Alcantarilla hacia la macrodepuradora de Murcia, careciendo de nuevo de la citada autorización". Además, la EDAR de Zarandona "sólamente depura al 50 por ciento, yendo el caudal tratado junto al no depurado al Azarbe Mayor, destinándose el agua al riego de productos hortofrutícolas de la huerta de Murcia y la vega Baja alicantina (...) transmitiéndose contaminación microbiológica a productos como acelgas y escarolas". PELIGRO PARA LA SALUD A TRAVÉS DE LAS HORTALIZAS. A su vez, el escrito de acusación se refiere a un análisis de un laboratorio de Madrid, según el cual "ninguno de los tramos del río muestreado es apto para usos tales como agrícolas, ganaderos o baño, pesca, suponiendo un peligro para la vida animal o vegetal, no siendo apto ni para el regadío de plantaciones, suponiendo el riego de esas aguas en productos hortofrutícolas un posible peligro para la salud de las personas, pudiéndose dar una contaminación microbiológica fecal generadora de brotes gastroenteríticos en la población". Seguidamente, recoge los efectos sobre la salud que pueden causar los metales hallados en las aguas analizadas, como el cromo, "que puede causar daños a la salud de las personas, con mayor índice entre los agricultores o trabajadores (...) con posibilidad de aparición de procesos infecciosos de índole cutánea, así como enfermedades respiratorias y gastrointestinales". Otros trastornos asociados a los parámetros detectados en el análisis son la posibilidad de que se produzcan dolores de cabeza, mareos, vómitos, irritaciones en nariz, ojos y garganta, diarreas infantiles, cáncer de piel, trastornos renales, alteraciones óseas, hipertensión arterial e incluso fiebre tifoidea y paratifoidea. El fiscal entiende que todo lo expuesto en su escrito de acusaciones "fue conocido y aceptado por el anterior presidente de la CHS y por el anterior comisario de aguas, por haber ostentado los citados cargos durante 4 años, conociendo los análisis que la propia CHS había realizado a los vertidos de Murcia y Alcantarilla, siendo informados también por los responsables de las obras de la macrodepuradora de los vertidos contaminantes, y no ejercieron el control de los mismos a los que están obligados (...) contribuyendo con tal conducta a favorecer y a facilitar el citado peligro".