OPINION MULTIPLE	Provincias	Pág.   Martes, 23/03/2004 Autor:
	El futuro del Plan Hidrológico
	editorial
	[3670 Caracteres] Veinticuatro horas después de conocerse los resultados electorales del 14-M algunas voces iniciaron la reclamación de la paralización del trasvase del Ebro. La celeridad en la exigencia, fundamentalmente desde la Generalitat de Cataluña y el PSC, parece obedecer al deseo de resaltar lo que ha sido un conflicto entre la oposición y el Gobierno del PP más que a la confianza en que éste decida contra su proyecto de infraestructuras más emblemático. Los embates políticos contra el trasvase del Ebro, la más importante obra del Plan Hidrológico Nacional, se han mantenido hasta las vísperas del 14-M, pero el PSOE debe ser consciente de que su papel ya no es hacer oposición sino ofrecer alternativas. El polémico trasvase ha estado rodeado de más interés dialéctico que argumentaciones técnicas, medioambientales y económicas contrarias al mismo, quizás porque se trata de un asunto íntimamente relacionado con los intereses territoriales, no con los puramente políticos. Lo sabe el futuro presidente del Gobierno, quien durante los últimos años ha comprobado la dificultad de articular una respuesta homogénea del PSOE al proyecto. Para ese partido no ha sido fácil conciliar los intereses de sus votantes andaluces, murcianos, valencianos, incluso castellano-manchegos, con los de los aragoneses y catalanes, estos últimos testigos de una radicalidad anti-trasvase de PSC y CiU coincidente con las campañas electorales de las autonómicas y las generales. El desequilibrio hidrográfico entre las cuencas atlántica y mediterránea es una realidad y un lastre histórico para el desarrollo y la cohesión territorial. Eso tiene relación con el hecho de que el agua es un bien estratégico no sólo para los Estados sino para las pueblos que los conforman, de ahí la responsabilidad con la que hay que afrontar la gestión de los recursos hídricos. Parecía que con el Libro del Agua elaborado en la primera legislatura del PP, antecedente del Plan Hidrológico, se podía alcanzar el hasta entonces imposible consenso sobre la distribución del caudal del Ebro. No fue así y dicho plan –que contempla muchas otras infraestructuras necesarias para toda España– fue aprobado con un trasvase que requiere una gigantesca obra pública que, así hay que subrayarlo, respeta las necesidades de agua en los diferentes territorios y la normativa medioambiental. Las alternativas ofrecidas desde la oposición, prácticamente limitadas a la de-salinización, no resultaron más seguras en cuanto a los resultados, ni más asequibles en cuanto a los costes ni más limpias en cuanto a su impacto ambiental. La instalación de plantas desalinizadoras no es un proyecto industrial menor comparado con la canalización de los excedentes del Ebro desde la desembocadura en Tarragona hasta Almería. Al próximo Gobierno hay que pedirle que actúe como administrador del bien común. Si dispone de una alternativa solvente al trasvase, cuanto antes debe ponerla encima de la mesa, sin precipitarse a desbaratar el trámite realizado en Bruselas para una importante financiación comunitaria sobre la que ha de pronunciarse la Comisión Europea en un periodo de tres meses. Precisamente ayer, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reunireron en Valencia para coordinar la acción de ambas instituciones respecto al PHN y la nueva situación política surgida del 14-M. Los mandatarios coincidieron en que defenderán con firmeza los intereses de ambas Comunidades si bien podrá encontrar el nuevo Gobierno “lealtad constitucional” en ellos. Sin duda, tal actitud es la acertada siempre que el Ejecutivo socialista actúe con responsabilidad.