MISCELANEA 9 (Extra) Comunidad Valenciana ,	EL PAÍS	Pág. V017  Jueves, 09/10/2003 Autor: LUISA MARÍA FRUTOS
	El debate aragonés sobre el agua
	Bajo banderas contradictorias los aragoneses están contra el trasvase
	[10,774 Caracteres] El pasado domingo, cinco de octubre, coincidiendo con el inicio de las fiestas del Pilar, los aragoneses se concentraron de nuevo en Zaragoza para rechazar el trasvase del Ebro que incluye el Plan Hidrológico Nacional vigente. Desde otras regiones, especialmente desde las comunidades valenciana y murciana, no se entiende bien este empecinamiento, tan visceral, ya que el Plan Hidrológico en cuestión incluye también el llamado Pacto del Agua que todos los partidos aragoneses consensuaron en su momento y plasmaron en una resolución de las Cortes Aragonesas de 30 de junio de 1992. Para arrojar un poco de luz sobre la postura multitudinaria de los aragoneses y la desconfianza que suscitan las políticas hidráulicas dictadas desde Madrid hay que tener en cuenta que la mitad de la cuenca del Ebro está en tierras aragonesas y recordar que las sedientas tierras de la depresión central del Ebro, en que se inscribe una buena parte de Aragón, recibe apenas 350 mm de precipitaciones como media, con gran irregularidad interanual. Estas tierras solicitaron su redención en la voz de Joaquín Costa y otros prohombres de finales del siglo XIX y principios del XX, dando lugar, primero, a la puesta en marcha del proyecto de riegos del Alto Aragón, que habría de llevar agua a los esteparios Monegro, y en 1926, a la creación de la Confederación Sindical del Ebro. Este organismo de cuenca, bajo la dirección de Lorenzo Pardo, asumió los proyectos existentes, ampliándose el de los llanos monegrinos con el de Bardenas, enlazando los ríos Aragón, Gállego y Cinca mediante una serie de obras hidráulicas. Este viejo proyecto, que permitiría regar más de 400.000 has, quedó interrumpido por la Guerra Civil y fue retomado después, pero en el siglo XXI todavía no se ha concluido, recortándose considerablemente la extensión regable. Un siglo de espera permite comprender que resulte especialmente doloroso para los habitantes de esta región hablar del uso del agua del Ebro y más todavía de su trasvase a otras tierras que se estiman más ricas, pese a ser integradas por la Unión Europea entre las zonas Objetivo 1, mientras Aragón quedaba relegada a Objetivo 5, no obstante que sus gentes y capitales, vía inversiones bancarias, hubieran tenido que emigrar desde las tierras aragonesas a esas regiones. Por ello, no es la primera vez que se rechaza un proyecto de transferencia de agua a otras cuencas. Ni bajo el régimen franquista, ni bajo el gobierno socialista, ya en plena democracia, fue asumido por los aragoneses tal proyecto. ¿Porqué iba ahora a ser distinto, gobierne quien gobierne? Porque además tampoco el Pacto del Agua, al que he hecho referencia, se ha llevado a cabo, pese a que hace ya una década de su aprobación. Y esa década es particularmente importante en cuanto a los conceptos sobre el uso del agua, el medioambiente y la sostenibilidad. Los años transcurridos han alumbrado nuevos puntos de vista en relación con la construcción de embalses, la ampliación de las tierras regadas, el consumo urbano y turístico y el control de los vertidos. El ahorro de este recurso vital, el mantenimiento de la calidad del agua, la minimización de los impactos ambientales en la construcción de cualquier obra hidráulica y la conservación de los ríos, tanto en su dinámica natural como en su caudal ecológico se han concretado no sólo en ideologías como la Nueva Cultura del Agua, algunos de cuyos pioneros son aragoneses, sino en la elaboración en la Unión Europea de la Directiva Marco del Agua. Todo ello ha abierto un debate a escala general y en Aragón en particular entre aquellos que defienden estos nuevos conceptos y se oponen no solo al trasvase sino a cualquier gran embalse que anegue los valles de montaña, y aquellos que se oponen a la transferencia de agua a otras cuencas mientras no estén cubiertas las necesidades de la región, no solo actuales sino en los posibles proyectos futuros, no demasiado explícitos ni por los empresarios ni por el Gobierno autonómico. El debate está servido. Los intentos de mediación llevados a cabo para acercar tan encontradas posturas no han dado resultado hasta esta fecha, aunque han permitido, al menos, entablar un diálogo entre las partes y llevar a revisión el Pacto del Agua. Pero el frente común sigue en pie y por eso, bajo pancartas contradictorias, los aragoneses siguen manifestándose en contra del trasvase del Ebro, considerando unos que existe una deuda histórica no pagada y otros que deben cambiar ya unos criterios sobre política hidráulica que responden a una época pretérita Y realmente el concepto de política hidráulica que se plasma en el Plan Hidrológico Nacional responde a esquemas anacrónicos, con algunas pinceladas de modernidad, y es mucho más un Plan de Obras Hidráulicas que un plan de armonización de nuestros usos del agua con las propuestas europeas, como ya he escrito en otro lugar. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente, a través de su Secretaría de Aguas y Costas, me solicitó un informe sobre el anteproyecto, lo leí con detenimiento, procurando ser objetiva y olvidar que vivo en Aragón. Dada la complejidad del estudio colaboraron conmigo en su análisis otros colegas, expertos en hidrología, medioambiente y análisis regional y a nuestro juicio el documento adolecía de varios defectos y sesgaba algunas conclusiones, además de aceptar, sin ningún sentido crítico, propuestas de algunas de las comunidades autonómicas, como el propio Pacto del Agua, que incluye un elevado número de embalses, cuyo impacto social y ambiental no está en absoluto considerado e incluso no lo está el análisis de las necesidades en relación con tal número de obras. Respecto del trasvase del Ebro, las opiniones que vierto aquí son el resultado del análisis colectivo y el debate interno que sostuvimos el grupo de geógrafos que elaboramos el informe antes aludido. Como geógrafos, nos centramos, especialmente, en varias cuestiones: la correcta interpretación del caudal del Ebro; la justificación que se hacía de transferencia desde el Ebro hacia Cataluña, Valencia, Murcia y Almería, descartando no sólo los otros grandes ríos peninsulares sino la desalación; el impacto medioambiental que suscitaría la faraónica obra; la reiterada afirmación del carácter articulador del territorio que dicho trasvase tendría. La primera pregunta que viene a la mente es sobre el excedente de caudales del río. El estudio, que descarta con razonamientos suficientes las transferencias desde el Duero, el Tajo o el Guadiana, y con menos fuerza la desalación, refuerza su propuesta de que el Ebro es el único que puede ofertar agua, tanto por ese excedente que aparentemente se documenta sobradamente, como por el costo financiero y la dificultad técnica. La inversión es considerable y uno se pregunta si realmente compensa, sin haber analizado a fondo cuántos años podrán transferirse los 1000 hm³ que se proyectan dada la irregularidad interanual y estacional que tiene el Ebro. Los datos de la Confederación Hidrográfica permiten comprobar que en el aforo de Tortosa en los últimos cincuenta años, 22 quedan sensiblemente por debajo de la media del periodo, y de ellos, diez corresponden al último quinquenio. Creemos que falta una profundización para llegar a acertadas conclusiones. La segunda pregunta se refiere a la necesidad del trasvase y a si realmente eso eliminará definitivamente el déficit estructural de las zonas receptoras y regulará oferta y demanda. Un somero análisis histórico, que el mismo documento incluye, aunque no saca conclusiones sobre él, pone de relieve que cualquier proyecto de trasvase, desde hace siglos, provoca automáticamente un rechazo social. Igualmente permite poner en duda que la llevada de agua nueva equilibre oferta y demanda, pues otras transferencias locales o entre cuencas vertientes, como la del Tajo, no han frenado el aumento de tierras regadas, la demanda doméstica o industrial y, sobre todo, turística, sino, por el contrario, han incrementado el déficit. Acudiendo a las noticias diarias en los medios de comunicación se ha puesto inmediatamente de relieve que la mera perspectiva de la llegada de más agua ha disparado roturaciones y especulación sobre el suelo. Por otra parte el objetivo medioambiental que pretende cubrir el PHN es el de recargar acuíferos agotados por sobreexplotación, a la vez que considera que aunque puede haber una cierta salinización del Delta del Ebro, el caudal restante será suficiente para mantenerlo. De hecho, el caudal ecológico no está bien definido ni se tiene en cuenta lo que los mismos datos que incluye el documento ponen de relieve: unos caudales mínimos que quedan algunos meses por debajo del supuesto caudal ecológico, especialmente el periodo estival, que es cuando será más acusada la demanda de agua. Otros impactos ambientales, ligados a la construcción del canal de mil kilómetros, no están suficientemente considerados y mucho menos lo que ocurra en el propio río, y eso sin contar con que en el momento en que se redactó en Anteproyecto del PHN no existía el problema de la plaga del mejillón cebra, que ahora sí es una realidad. Falta un estudio profundo sobre las condiciones de supervivencia del Delta del Ebro y del modo de vida de sus habitantes, que se verán afectados no sólo por detraer agua del río sino por la retención de sedimentos si todos los embalses previstos aguas arriba se construyen. En suma, creemos que no se ajusta a la Directiva Marco en muchos puntos. Finalmente el argumento que avala los efectos beneficiosos del PHN para la articulación del territorio no quedan nada claros. Sin duda el agua es un recurso útil para el desarrollo si su uso se planifica adecuadamente. Pero esa adecuada planificación, aun sin entrar en detalles sobre el análisis de costos, no parece desprenderse de este proyecto, que parte de una idea sesgada del interés general, entendiendo que la corrección de los desequilibrios naturales en el reparto del agua será la panacea para conseguir una correcta articulación del territorio, sin incluir tal proyecto en un Plan mucho más amplio de ordenación del territorio, donde otras obras públicas pudieran compensar otros desequilibrios territoriales, estructurando regiones de la España interior hoy claramente desarticuladas. En suma, no dudamos de que las regiones mediterráneas demandan más agua porque se ha concentrado en ellas población y actividad; pero las regiones interiores demandan inversiones, infraestructuras y una necesaria atención a su desarrollo y medioambiente. Esta quizá es la clave para empezar a dialogar. Luisa María Frutos es catedrática de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza