OPINION Mediterraneo	MEDITERRÁNEO	Pág. 6  Jueves, 03/07/2003 Autor: FRANCISCO PONS Presidente de la Asociación Valenciana de Empresiarios
	el incierto futuro del trasvase
	A FONDO
	[6327 Caracteres] Si el agua del Ebro puede cubrir el déficit hídrico del Levante sin afectar a la dinámica ecológica del Delta, que no se alargue la agonía de los sedientos Analizando el proceso seguido por algunas de las grandes infraestructuras que son capitales para la competitividad y el futuro económico de la Comunidad Valenciana, uno no puede más que concluir que nos encontramos atrapados por la lógica electoral, que en poco considera las necesidades reales de los pueblos, especialmente cuando esas necesidades requieren de políticas de largo plazo, cuyos resultados se proyectan mucho más allá del corto plazo en el que se gestionan los intereses de los políticos. Los valencianos ya tenemos una dilatada experiencia de esos procesos en los que la lógica política choca con la satisfacción de las necesidades socioeconómicas. Lo sufrimos con la autovía de Madrid-Valencia, alargándose años la ejecución de una infraestructura vital para nuestro pueblo, con las consiguientes pérdidas de tiempo, dinero y, posiblemente, vidas. El proceso de aprobación del trazado del tren de alta velocidad Madrid-Comunidad Valenciana constituye otro ejemplo de cómo la lógica electoral nos tuvo paralizados por largo tiempo, mientras que otras áreas, que habían reclamado más tardíamente el AVE pero que estaban menos condicionadas por la confrontación de intereses políticos, avanzaban sin parar (caso del AVE Córdoba-Málaga y Madrid-Valladolid). Ahora volvemos a sufrir el mismo problema con el trasvase del Ebro, un proyecto vital para algunas comarcas de Castellón y de Alicante pero que está sufriendo la arremetida del mismo virus agresor que atacó a los anteriores proyectos. Pero el problema no está sólo en que la necesidad de agua es apremiante, sino en que se está jugando con las expectativas y sentimientos de la gente y, mientras se mantenga la opción del trasvase, se dejan de lado otras alternativas. Como todos sabemos, el trasvase del Ebro ha sido objeto de un furioso debate, donde las emociones y el interés político por arreglarlas han prevalecido sobre la razón. A éste han seguido maniobras de dilación por parte del gobierno de Aragón, que no han tenido resultados. Pero, desde el punto de vista electoral la operación ha valido la pena para los contendientes políticos. En Aragón, Marcelino Iglesias ha visto compensados sus esfuerzos en contra del trasvase con una mejora en los resultados electorales; lo mismo podría decirse, aunque a la inversa, en las regiones beneficiarias de esa infraestructura con los partidos que han apoyado el trasvase. Por si no estaba suficientemente esquilmado el caladero, aparece otro pescador. Aprovechando la proximidad de las elecciones autonómicas en Cataluña y de las elecciones generales, y a la luz del desgaste electoral de CIU por su apoyo al PHN, el gobierno de Pujol ha puesto una nueva carga de profundidad en la línea de flotación del trasvase del Ebro, al acordar pedir formalmente al Gobierno central la paralización de todos los procesos administrativos iniciados hasta que se apruebe el Plan Integral del Delta y se hayan estudiado las alternativas al trasvase, especialmente el del Ródano. Esta petición se hace en el momento en que el Ministerio de Medio Ambiente somete a información pública el estudio de impacto medioambiental y el trazado del trasvase, acto previo al inicio de las obras. La situación que este acto genera es preocupante para la buena marcha de un proyecto que tanto necesitan los valencianos, murcianos y almerienses. Y lo es porque la demanda va acompañada de la amenaza de llevar el caso a los tribunales, para tratar de paralizar el proceso, alegando incumplimiento por el Gobierno central de la propia ley del PHN que, a instancias de CIU y como una concesión para su apoyo al Plan Hidrológico, incluye la aprobación en el plazo de un año del Plan Integral del Delta y el estudio de alternativas al mismo. Esto último no tendría que constituir un serio problema si la lógica política fuese coherente con la del desarrollo material de los proyectos. Pero no ocurre así, y el Plan Integral del Ebro, a realizar por el consorcio presidido por la Generalitat de Cataluña, y a aprobar por el Gobierno de la nación, y uno de los motivos de la discordia, ni se ha presentado ni se ha aprobado. La Generalitat de Cataluña acusa al Gobierno central del retraso, y éste puede acusar a aquélla de no haber cumplido con su cometido en la preparación del Plan del Delta, pero lo cierto y realmente importante es que este conflicto amenaza con paralizar la marcha del trasvase del Ebro. CiU puede sacar beneficio electoral de este conflicto en Cataluña, y el PP en las Comunidades del sur, pero lo cierto es que la solución a los problemas del agua puede verse pospuesta y las expectativas de muchos valencianos, murcianos y almerienses se vean frustradas, con serio riesgo de desencanto, frustración y pesimismo. El ciudadano no entiende que las leyes no sean rigurosamente cumplidas por quienes deben velar por su cumplimiento. El ciudadano sólo entiende de necesidades, soluciones y resultados, no de diálogos en clave electoral. Si el agua del Ebro puede cubrir el déficit hídrico del Levante sin afectar a la dinámica ecológica del Delta, como creían los partidos que apoyaron la ley del PHN, ejecútese la ley y no se alargue la agonía de los sedientos. Lo que no es aceptable es que por negligencia o razones electorales se alarguen tiempos de ejecución. Si hay agua para cubrir las necesidades ecológicas del Delta y garantizar el trasvase a otras zonas, como suponían el Gobierno central y la Generalitat cuando apoyaron el PHN, ¿cómo se explica que ahora ésta vete el trasvase hacia el sur? Parece evidente la razón electoral de un acto que, aunque aparentemente tenga fundamento, es poco consistente. Mientras los políticos saquen beneficio de agudizar los conflictos, es evidente que cosas así seguirán pasando. Pero los ciudadanos debemos ser también conscientes de que el rédito electoral pasa factura a nuestros intereses reales. Es por ello que las grandes cuestiones, como las pensiones, las infraestructuras, el agua, la gestión de los residuos o el medio ambiente, que tan susceptibles son de manejo electoral, deberían ser tratadas como cuestión de Estado y decidirse consensuadamente y con una sólida participación social.